La minería informal y El gravamen minero
Noticia, DE CONGA A ANDAHUAYLAS – 11/11/2011 9:12:47
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CAJAMARCA
Lo ocurrido esta semana con las protestas sociales en Cajamarca motivadas por el proyecto Minas Conga tiene varias aristas que no se quedan en el campo estrictamente económico o en el rubro de una actividad que genera importantes ingresos al país y a la que se le exige, con razón, el cumplimiento de las normas ambientales que todas las empresas deben cumplir.
No me encuentro cercano a ninguno de los dos extremos que suelen salir en disputa cada vez que se tratan estos temas. Entre el “minería si o sí” y el “no a la minería” existen posiciones matizadas que intentan dar salida a la viabilidad de estos proyectos sin que con ello se afecte el medio ambiente. De allí que la posición de Álvaro Vargas Llosa de persistir en el diálogo sea la más sensata.
En el caso específico de Minas Conga, se han hablado de tres problemas concretos alrededor del proyecto: las medidas para garantizar el agua en la zona, las controversias alrededor del estudio de impacto ambiental desarrollado para este proyecto y la presencia de otros proyectos mineros en la zona. Estos son aspectos que, como bien señala Jacqueline Fowks, llevan a posibilidades como éstas:
(…) el periodista Juan Carlos Tafur sostuvo que si fuera él el inversionista de Conga, preferiría dilatar el inicio de operaciones con tal de haber respondido todas las dudas y alcanzar todos los acuerdos necesarios.
Esa sería la solución al conflicto puntual. Sin embargo, como también señala Fowks, hay un problema de fondo: la falta de confianza frente a Yanacocha de un sector de cajamarquinos:
la historia reciente de Yanacocha-Newmont acerca de su relación con las comunidades, en cuando a seguridad y medio ambiente los coloca en la situación que enfrentan hoy: es decir, sus opositores tienen argumentos. Vale recordar que la empresa no reconoce totalmente su responsabilidad por las secuelas del derrame de mercurio en Choropampa o logró arreglos extrajudiciales no proporcionales a la dimensión de la afectación. En cuando a seguridad, un informe del año 2009 evidenció las prácticas ilegales e irregulares de personal de Forza y también de policías remunerados por la empresa, especialmente por lo ocurrido en Combayo. Cuando en 2010 solicité una entrevista para indagar qué prácticas de seguridad habían cambiado a raíz de esa evaluación y las recomendaciones, la empresa se negó a responder sobre el tema.
Y ese problema de confianza – que tiene su correlato en el discurso de Yanacocha sobre “pobladores manipulados – es lo que está en el fondo del asunto. Más allá de canon, regalías y el nuevo gravamen minero, lo que tiene que hacer la empresa es comunicarse en serio con la población. Y ello no implica contratar un par de agencias de imagen para que le arreglen la cara. Si quieren aminorar el rechazo, van a tener que hacer trabajo de campo, ofrecer garantías reales y, sobre todo, ser conscientes que los errores del pasado cuestan caro y que no pueden volverlos a cometer.
Este conflicto también tiene una importante arista política. Y es que, al tomar Humala la Hoja de Ruta como guía, los actores regionales se reposicionan, como es el caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Manuel Ayulo incidió en esta reconfiguración del mapa político regional para Noticias SER:
Goyo y la alianza de organizaciones regionales que lo respaldan está apostando por convertirse en el rostro de la nueva izquierda peruana. En política no existen vacíos y Ollanta Humala dejó un gran vacío luego de la elección presidencial. Para ganar la presidencia, Humala tuvo que moderar sus propuestas electorales y dejó descuidado el flanco izquierdo del espectro. Luego de 100 días iniciales de gobierno moderado ,de acuerdo a lo que prometió durante la última etapa de la campaña presidencial- nuevas figuras políticas están ansiosas por retomar la agenda de cambio constitucional y de modelo económico. Es decir, están ansiosas por ocupar el vacío.
De hecho, parte de la agenda de la protesta ya no sólo incluyó el tema ambiental o el conflicto en Minas Conga, sino también por liderar este tipo de demandas, más nacionales y buscando contentar a los sectores más radicales. En realidad, luego de cumplidos los 100 días y percibiendo que Humala ha jugado más a tranquiizar a los sectores medios y altos limeños, consideran que es el momento de exigirle “el cumplimiento de sus promesas electorales”. El problema es que, entre primera y segunda vuelta, el giro fue tal que las promesas electorales también variaron y otras, según reconoció el propio Humala, se han vuelto imposibles de cumplir.
ANDAHUAYLAS
Lo ocurrido en Andahuaylas tiene como telón de fondo el tema del agua, igual que en Cajamarca. Pero allí se acaban las similtudes. La Mula informó lo que ocurrió ayer:
El viaje de la Comisión de Alto Nivel a Andahuaylas para llegar a un acuerdo con los pobladores, que realizan un paro hace más de siete días, terminó en violentos disturbios que han dejado hasta el momento 18 heridos y, según versiones confirmadas, al menos 20 funcionarios de distintas entidades del Estado (incluyendo al viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave) resguardados en la comisaría local, ante el temor de ser agredidos por la turba que, en las calles de esta ciudad, se enfrenta a la policía.
En conversación con LaMula.pe, Edgar Pebe, funcionario del área de conflictos de la PCM, comentó que se encuentra resguardado en la comisaría del lugar junto al viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave. Esta versión fue confirmada por Artemio Solano, representante de la Defensoría del Pueblo, quién explicó que la violencia se desató luego de que la Mesa de Diálogo no llegara a ningún acuerdo con los pobladores.
¿Y cuál era el pliego de demandas? Señala Enlace Nacional:
Los manifestantes exigen la paralización y retiro definitivo de todas las actividades mineras de cateo, prospección y exploración, de la mediana y gran minería, así como también de los artesanos e informales en al ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros en defensa del recurso hídrico en las cabeceras de cuenca, subcuenca y micro cuencas, a fin de preservar la pureza y calidad del agua y garantizar que no sean afectadas por actividades contaminantes que dañen la salud, el medio ambiente y toda actividad agropecuaria.
Y ese era el tema que querían que se incorpore en el Acta que los ministros no suscribieron. Situación complicada porque los dos ministros tienen poca experiencia en el tratamiento de conflictos sociales y porque las consideraciones de seguridad hicieron que ellos tuvieran que abandonar la Mesa. Además, si bien la moratoria sonaba lógica para el tema de la minería informal, en el caso de la formal resultaba ser algo extremo.
LOS OTROS TEMAS DE FONDO
Hay varios temas que atraviesan estos dos conflictos. La relación entre la minería y las comunidades, la forma como este gobierno manejará los conflictos sociales, las expectativas de quienes votaron en primera vuelta por Humala y quienes lo hicieron en segunda, un espacio político que puede quedar vacío. Pero hay dos tópicos con los que me gustaría cerrar este post.
El primero, que ha sido poco abordado en estos primeros 100 días de gobierno, es la descentralización. Comenta Carlos Meléndez:
Efectivamente, los programas que impulsa el nuevo Gobierno son “renovados”: con Pensión 65, y los que se vienen, nos consolidamos en la ola de programas de transferencia condicionada -tan populares- y con tan buenos réditos políticos reeleccionistas que ha dado en el continente. Pero para que sea política estatal requiere entramarse dentro de los distintos niveles. El presidente Humala debe recordar que la legitimidad (cuya debilidad finalmente es lo que causa la crisis de representación) no solo se juega a nivel central. Si los gobiernos regionales y municipales fracasan, suman al descontento y avivan la insatisfacción. El Estado centralista arde ,para parafrasear la reciente compilación de columnas de María Luisa del Rio- y Humala podría quemarse las manos si se queda con esas viejas estructuras centralistas tan seductoras para acumular poder, pero tan nocivas para transformar seriamente el país.
Y parte de los reclamos están justamente en cómo los gobiernos regionales no han sido suficientemente fortalecidos, el ordenamiento territorial es una demanda postergada – o que quiere ser abordada en un mega referéndum – y la descentralización debe ser reevaluada luego de 10 años de aplicación en la forma actual. Parte de los descontentos provienen porque, al ser la estructura regional débil (o al plegarse ésta a las protestas), se sigue esperando que el gobierno central sea quien resuelva los conflictos.
De hecho hoy Santiago Pedraglio en su columna comenta cómo los gobiernos regionales quieren tener mayor participación en la definición de políticas públicas vinculadas a la minería y el medio ambiente. La negociación por recursos y competencias entre gobierno nacional y gobiernos nacionales vuelve a ponerse entre las prioridades del Estado peruano.
A ello sumemos las expectativas que genera la Ley de Consulta Previa y su reglamento que, como señala Javier Torres, deben ser moderadas, dado que los conflictos sociales no se podrán solucionar únicamente con este instrumento.
Un segundo problema, que este gobierno, por su propia agenda, deberá enfrentar tarde o temprano, es el de los trade offs, es decir, aquellas situaciones en las que, para conseguir una cosa, se debe perder otra, lo que implica negociación. Tanaka ejemplifica esto en el tema minero y los equilibrios que deben alcanzarse:
¿Cómo llegar a ese equilibrio? Se puede buscar respuestas desde posturas ideológicas (del tipo “minería es progreso” o “minería es contaminación”), pero encerrarse en esos principios precisamente dificulta la negociación que se requiere. Las respuestas deberían surgir del análisis empírico, es decir, del análisis concreto de situaciones concretas. En cada proyecto en particular hay decisiones que tomar, cuya lógica no se puede generalizar, para lo cual se debe privilegiar lo que los estudios de impacto ambiental y social establezcan, siempre y cuando se hayan realizado por entidades confiables y de prestigio mediante procedimientos participativos.
Por tanto, el gobierno deberá ser consciente que no podrá satisfacer a todos los actores al mismo tiempo. Y los actores sociales (incluyendo el empresariado) deberán percatarse que no siempre se podrá ganar todo. Negociación es la clave para que el gobierno pueda llegar a sus objetivos y para que los extremistas de uno y otro lado queden fuera de juego.
MAS SOBRE EL TEMA:
En La Mula, Carlos Monge, Rolando Toledo y Javier Torres discuten los conflictos sociales vinculados a la minería.
La columna de Mirko Lauer
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Información: Arana: Nueva postura de Sociedad de Minería sobre gravamen es un chantaje inaceptable – 28/10/2011 13:06:47
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Ya no están con Fujimori ni García
Ideeleradio.- La posición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el sentido de que la escalada antiminera pondría en peligro el cumplimiento del monto del nuevo gravamen minero es un chantaje inadmisible, sostuvo Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad.
Fue al ser consultado por las declaraciones del presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, quien aseguró que las protestas ponen en peligro el monto que buscaba la administración de Ollanta Humala.
“Es un chantaje inadmisible en un Estado de Derecho, los que hemos elegido con diferencias al presidente Ollanta Humala, hemos sido la mayoría de peruanos, no ha sido la SNMPE. La SNMPE estaba pagando a Jaime Bayly y otra prensa sucia contra Humala. Aquí el que ha elegido y que, en cierto modo, podría colocar condiciones, son la mayoría de electores que han elegido a Ollanta Humala, no la SNMPE”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Arana Zegarra consideró que este gremio debe tomar en cuenta que estamos en un Estado de Derecho que tiene como jefe de Estado a Ollanta Humala y no Alberto Fujimori ni Alan García.
“Hay que decirles más respeto, estamos en Estado de Derecho, no están en su hacienda, no están en su chacra, están en un país donde hay reglas democráticas, ya no están en el gobierno de Fujimori, donde estas cosas se arreglaban con [Vladimiro] Montesinos en la salita, ya no están en el gobierno de Alan García, donde podían ir y venir a Palacio para dar su cuota y cuando no lo conseguían por lo bajo, lo hacían con bravuconadas; yo creo que este un chantaje inaceptable”, subrayó.
Humala tiene que tomar el toro por las astas
Estimó que el jefe de Estado, Ollanta Humala, debe tomar el toro por las astas para revisar la actual Ley General de Minería que data de 1992, a fin de compatibilizarla con las leyes del medio ambiente, del agua, la consulta previa y el ordenamiento territorial.
“Es el momento de tomar el toro por las astas, el gobierno de Ollanta Humala debería revisar la Ley de Minería, compatibilizarla con la Ley del Agua, compatibilizarla con la Ley de Medio Ambiente, compatibilizarla con la Ley de Consulta Previa, compatibilizarla con la Ley de Ordenamiento Territorial, darle mayor potestad a los gobiernos regionales”, aseveró.
Añadió que así como se perciben señales de voluntad política para solucionar estos problemas, hay indicios que señalan todo lo contrario. Afirmó que la instauración de la Ley de Ordenamiento Territorial sería un gran paso en la intención de resolver el problema de la minería.
“Hay señales de que no hay suficiente voluntad política en este momento, tal vez por la debilidad con la que se ha llegado, recordemos que en campaña se dijeron varias cosas diferentes. Se ha anunciado que va a haber la Ley de Ordenamiento Territorial, hay señales de que si se podría hacer en esa dirección”, acotó.
Minería informal concibe graves problemas
El sacerdote refirió que la práctica de la minera informal genera problemas sociales, así como contaminación del medio ambiente y el fomento de actividades ilícitas que van de la mano del proceso de la minería informal. Explicó que su solución se debe dar de manera integral, ya sea prohibiéndola o legalizándola según sean sus condiciones.
“La minería informal constituye un triple problema, es un problema social, da más trabajo que la minería formal; hay más o menos 300 a 500 mil trabajadores, es un grave problema ambiental, están contaminando seriamente; hay muchas actividades ilícitas alrededor de la minería informal”, argumentó.
“El problema de la minería tiene que ser abordado de manera integral para la gran y pequeña minería, aquella minería informal que se puede formalizar que se formalice, aquellas que se tiene que prohibir que se ilegalicen”, concluyó.
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