Los Planes de Gobierno y Los conflictos sociales
Noticia, Entrevista: El problema de la inseguridad ciudadana en el Perú – 05/08/2011 7:30:59
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El aparente intento de asalto sufrido la noche de ayer por el congresista Renzo Reggiardo es solo una muestra de que Ollanta Humala asumió la presidencia de un país en donde la inseguridad ciudadana es tema de todos los días. ¿Qué realidad recibe y qué acciones deberá tomar? Aquí una entrevista que ayuda a confirmar qué tan mal vamos en este aspecto.
José Miguel Silva @jomisilvamerino
LaRepublica.pe conversó con Lucía Dammert, Directora Ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad, quien graficó de manera precisa el panorama que recibe Ollanta Humala en relación a la seguridad ciudadana.
Será el ministro Oscar Valdés Dancuart quien maneje las riendas de un Ministerio en crisis. ¿Podrá cumplir su tarea? Será cuestión de tiempo el saber la respuesta.
¿Tienes idea de cuantos ministros del Interior hubo en los últimos años?
18 en diez 10 años
¿Crees que se han ejecutado reformas sustanciales en el sector en el pasado gobierno?
No, ninguna. El área de seguridad ciudadana es una de las más abandonadas en términos de reformas de verdad. Lo que hubo son algunos intentos modernización de la gestión policial, la vinculación con algunos alcaldes, pero en realidad el Ministerio del Interior como tal, merece de un proceso de modernización más relevante de acuerdo a los problemas que enfrenta el país en relación a la seguridad ciudadana.
Alan García hizo anuncios importantes en cuanto al aumento de policías… ¿por qué esto no ha ayudado a disminuir la inseguridad ciudadana?
Creer que la solución al problema de la delincuencia es el aumento de policías, es entender solo parte del problema. Existe un problema de distribución y de calidad de la dotación policial en el país. Eso tiene que ver con bajos niveles de salarios y de formación y entrenamientos de los oficiales, que muchas veces genera que su presencia finalmente no logre disuadir. Resolver el déficit de policías ayuda, pero no limita los problemas graves de inseguridad porque eso está vinculado con problemas sociales graves y con una definición de una estrategia efectiva de patrullaje policial.
Hubo una serie de planes implementados por los sucesivos ministros del Interior, como el Plan Telaraña, ¿hubo una característica común en todos estos?
Hay una necesidad de cada uno de los ministros y del gobierno en general, de establecer una respuesta a una presión ciudadana evidente que es aumentar los niveles de seguridad. Muchas veces se trató de responder con iniciativas que quizás fueron exitosas en otros países pero lamentablemente estos programas fueron, en primer lugar, esporádicos; además no cuentan con el financiamiento necesario para mantenerse en el tiempo. Por otro lado, no son arraigados en la institución policial y finalmente, se enmarcan en una discusión que está más que todo en el ámbito de la política electoral que en el de la política pública.
¿De qué manera se puede medir el éxito del Ministerio del interior?
Hay múltiples tareas que este ente desarrolla, desde el área de conflictividad social, participar en problemas sin que estos sean llevados a la violencia, pasando al tema de la investigación criminal, en donde los resultados son de otro tipo, hasta finalmente los temas de prevención del delito, uno de los indicadores más eficientes sería la disminución de los casos que aumentan la percepción de inseguridad de la población. Un espacio mal vigilado abre la posibilidad de que ocurran más delitos.
¿Es recomendable que las Fuerzas Armadas tomen parte en un conflicto social cuando supuestamente la policía no puede solucionar las cosas?
Los conflictos sociales son políticos que deben ser resueltos por el debate político. Tratar de resolver conflictos sociales con la policía es ya incluso peligroso porque genera espirales de violencia y no resuelve problemas de fondo. Peor es aún tratar de resolver conflictos sociales usando las fuerzas armadas. Debe establecerse una clara diferencia entre cuando se trata de un conflicto más político que de aquellos de corte delictual (delictivo) o criminal.
Se dieron casos de nombramientos como los de Mercedes Cabanillas o Luis Alva Castro que son civiles sin experiencia en temas de seguridad ciudadana, ¿por qué hubo esta necesidad de nombrar gente como ellos en el Ministerio del Interior?
La arquitectura institucional del Ministerio del Interior limita mucho las capacidades de desarrollo profesional porque es un ministerio eminentemente político, al estar muy centrado en temas de conflictividad social de mantenimiento de ciertos niveles de relaciones entre la política y las comunidades, y es por eso que en algunos países se ha creado ministerios especializados de seguridad pública o seguridad ciudadana, que son ministerios en donde el tema de la seguridad pasa a ser un tema de política pública. Mientras la seguridad esté en un ministerio en donde esencialmente se discuten temas políticos, la discusión no será entre técnicos sino que se basará en la coyuntura política y en la búsqueda de cada uno de los personajes a cargo.
¿Por eso nombran políticos no?
Quizás por eso se explica que el presidente elija a estas personas en el cargo. A nadie se le ocurriría utilizar el Ministerio de educación como una tribuna política, en cambio en el del Interior lo que ocurre es que se criminaliza el conflicto social y se quita profesionalismo a la actividad contra la inseguridad.
¿Rescatas algo bueno en el plan de seguridad ciudadana del presidente Humala?
La pregunta es cómo se pasa de la retórica a la práctica, hay muchas expectativas, no puedo decir que los dos planes de gobierno que pasaron a la segunda vuelta eran deficitarios, al contrario eran acordes a lo que esperaba, pero sí faltó una estrategia nacional de mediano plazo en donde el tema de seguridad sea tocado integralmente. Se encontraba un muy buen diagnóstico y respuestas específicas, pero carecen de soluciones más estructurales.
Primeras medidas urgentes
¿Qué medidas deben tomarse de inmediato?
En primer lugar con relación al tema de la seguridad ciudadana hay que redefinir la presencia y dotación policial en lugres en donde la violencia es mayor. En segundo lugar debe haber un sistema mejor de protección social de la policía para que los agentes tengan no solo salarios dignos sino acceso a salud y vivienda, además de mejorar los niveles de responsabilidad civil de la población frente a temas de corrupción y uso excesivo de la fuerza. A partir de allí se puede iniciar un cambio.
Pero también hay varias otras cosas pendientes…
Claro. Debe cambiarse los sistemas de entrenamiento, de educación, incrementar los niveles de requerimiento para el ingreso de la fuerza, creo que hay miles de cosas que decir aquí. Debe haber un equipo permanente especializado en las políticas públicas de seguridad.
¿Cómo se puede determinar que la bomba de tiempo de la seguridad ciudadana explotó?
Lo más grave sería dejar que las cosas se queden tal como están y que lleguemos a un momento en donde la penetración de crimen organizado sea mucho más fuerte y las instituciones de control dejen de perseguir su misión y empiecen a funcionar de una forma no vinculada con el Estado de derecho. El incremento de los ajustes de cuentas, de homicidios, el sicariato, las actividades de impunidad al interior de las cárceles, todas esas serían las señales de esta bomba explotando. La principal bomba de tiempo es el abandono permanente de la institución en términos de su control y mejoramiento que podría abrir las puertas a un fenómeno de corrupci Fuente Artículo
Noticia, Coordinadora Político Social: Discurso de Humala es prudente y concertador – 28/07/2011 17:36:31
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El secretario general de la Coordinadora Político Social, Manuel Castillo, calificó de concertador y prudente el mensaje a la Nación, del presidente Ollanda Humala, y destacó su propuesta de llevar a cabo el tema de la inclusión social en sus planes de gobierno.
“Me parece un mensaje conciliador y prudente en el que se hacen propuestas realistas, porque tampoco se pueden pedir cambios de golpe sobre diversos temas”, subrayó Castillo en declaraciones a la agencia Andina.
Dijo que en el tema de la inclusión social el diálogo fue impulsado desde la campaña presidencial del entonces candidato Ollanta Humala a través del acercamiento con las diferentes sectores de la población.
“A fin de abordar previamente los temas que muchas veces terminan convirtiéndose en conflictos sociales y atender eso (el diálogo) requiere de una dedicación especial”, insistió el dirigente social.
Saludo en tal sentido la propuesta de la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ya que permitirá tender los puentes con la población que antes no era escuchada.
Resaltó el anuncio sobre un incremento paulatino del salario mínimo vital porque “resuelve la expectativa de la población”.
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Que opina? Pronunciamiento del Sur: Fujimori Nunca Más – 20/05/2011 12:48:14
“PRONUNCIAMIENTO
Las organizaciones del sur del Perú, frente al actual contexto electoral expresamos:
1. Los resultados electorales son el reflejo del reclamo y la exigencia de cambios profundos a favor de la población que aún vive en condiciones de exclusión y pobreza. Muchos de estos reclamos se han venido expresando en los diferentes conflictos sociales que lamentablemente no han sido abordados como posibilidades de diálogo para el cambio, sino más bien han sido contrarrestados con violencia sin atender a las demandas centrales.
2. Los actuales candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral, si bien han expresado su compromiso con la democracia y el respeto por los derechos humanos, aún nos generan incertidumbre. No olvidamos, por ejemplo, que el fujimorismo representado en su momento por Alberto Fujimori fue uno de los principales perpetradores de violaciones a los derechos humanos; vulneró el derecho de muchas mujeres esterilizándolas forzosamente, como sucedió en diferentes zonas del Sur del Perú, promovió la privatización de la educación descuidando la calidad de la educación pública, implementó una legislación laboral que significó la pérdida de derechos laborales y cometió graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias entre otras. Tampoco olvidamos que el fujimorismo, con la intención de quedarse en el poder, debilitó y manipuló las instituciones democráticas y creó una gran red de corrupción utilizando fondos públicos, lo que llevó al ex presidente a ser considerado uno de los líderes más corruptos del mundo.
3. Vemos con mucha preocupación la candidatura de Keiko Fujimori, quien lidera ahora el partido fujimorista, que si bien después de la primera vuelta electoral ha pedido disculpas al país por las violaciones a los derechos humanos cometidos por su padre, durante todo el proceso de su campaña electoral afirmó enérgicamente que “el mejor gobierno del Perú fue el de su padre”, justificando de esta manera las atrocidades cometidas durante su mandato. Así mismo vemos con profunda preocupación que en el entorno de la candidata se encuentren, además de familiares, muchos de los políticos que justificaron las graves violaciones de derechos humanos y tuvieron participación en los actos de corrupción del gobierno de su padre, donde ella además actuó como primera dama.
4. De otro lado sobre el candidato Ollanta Humala han existido denuncias por violaciones a derechos humanos, por ello le EXIGIMOS que dé muestras claras de su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la democracia.
5. Exhortamos a la población a no dejarse llevar por las encuestas ni las campañas evidentemente tendenciosas de algunos medios de comunicación nacional, pues es evidente la parcialización que han asumido a favor de un candidato. Los animamos, a que en este tiempo revisen, se informen sobre los planes de gobierno, evaluando también a los equipos que acompañan o acompañaran al futuro presidente del país, así como haciendo memoria de su pasado.
CENTRO DE PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS-CEPRODEH AREQUIPA
CENTRO DE DESARROLLO HUMANOS-CEDEH PUNO
CENTRO PARA EL DESARROLLO HUMANO- CDH APURIMAC
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE PUNO
FE Y DERECHOS HUMANOS , FEDERH PUNO
VICARIA DE SOLIDARIDAD SICUANI
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Que opina usted? “Una presunta ineficacia no es razón para destruir la justicia” – 16/05/2011 5:00:00
“Entrevista/César San Martín. Presidente del Poder Judicial. El magistrado afirma que defenderá autonomía del Poder Judicial ante algún intento de vulnerarlo. Se reúne con los candidatos para que lo ayuden en su plan de reformas.
Juan Carlos Soto.
¿Qué impresión tiene de los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales?
Son propuestas bastante generales. Por eso iniciamos una segunda ronda de conversaciones, primero con el señor Humala y pronto con la señora Fujimori, ambos nuestros candidatos elegidos.
¿Qué compromisos espera el PJ del próximo gobierno?
Tenemos planes ambiciosos en modernización y descentralización, descarga procesal y lucha contra la corrupción. Propuse cinco grandes normas y 10 acciones de gobierno que necesitan presupuesto y normativa de los poderes públicos.
¿Cuánto dinero necesitan?
Cada rubro tiene su requerimiento. Solo en la gran Lima, queremos implementar el nuevo código laboral, eso demandaría 37 millones de soles. También las unidades ejecutoras que descentralizarán la justicia. Y aproximadamente, 60 millones de soles en la reducción a cero de la carga judicial si somos ambiciosos podríamos hacerlo en 3 o 4 años. De igual forma, un modelo nuevo de órgano de control de la magistratura, jueces inspectores a dedicación exclusiva a nivel nacional.
¿Sería un organismo paralelo a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)?
No. La OCMA se reformaría bajo ese sistema. Jueces nombrados por el Consejo de la Magistratura con estatuto definido, tenemos planes de capacitación en control. Así se identificarían las redes de corrupción en el Poder Judicial, se trabajaría un modelo de inspección a tribunales, visitas inopinadas, etc. Tareas que hoy no se pueden cumplir por falta de presupuesto y organización.
¿Qué le respondieron?
Cuando le planteé a ella (Keiko) se mostró de acuerdo. En la próxima reunión, le diré cosas más concretas porque tengo otra información. En el caso del señor Humala, habló de un control externo. Le dije que estábamos en aras de mejorar el órgano de control en los términos que le señalé (líneas arriba). Estuvo sumamente receptivo. Entendí que el planteamiento (control externo) se desprendía del Ceriajus que proponía al Consejo de Magistratura como órgano para fiscalizar a jueces. Nunca estuvimos de acuerdo con ello. Lo único que hice fui repetir el pensamiento del Poder Judicial. Se habló de la justicia militar. Le pregunté qué significa eso de incorporar al Poder Judicial, hizo precisiones.
¿ Ud. está de acuerdo con que el fuero civil juzgue delitos en las Fuerzas Armadas?
Ese tema requiere reforma constitucional. Le dije (a Humala) que tenía posibilidad de generar consensos constitucionales y ahí me quedé.
El proceso electoral confirma la desinstitucionalización, poderes desprestigiados ante la ciudadanía. Al Poder Judicial le toca su parte.
Vamos por partes y cucharadas. La percepción negativa ha sido una línea constante. No ocurre solo en el Perú, aunque ese sea consuelo de muchos, consuelo de tontos. Pero por el cambio, no puede eliminarse la fuente, base del futuro de toda institución. En el caso del Poder Judicial, se debe respetar la autonomía e independencia. Una presunta ineficacia no es justificación para que se destruya la justicia. Eso es puro autoritarismo y ya lo hemos vivido. Se trata de avanzar desde la propia Constitución, con respeto a quienes integran la jurisdicción, mecanismos transparentes, eliminar la cultura de la sospecha. Eso es institucionalizar.
El país está signado por los conflictos sociales. La protesta se impone a la ley.
Hay una base para un descontento en la medida que desde la democracia y las condiciones económicas no hubo avances de lo que la gente quiere. Pero no podemos llegar al caos o anarquía. Eso conduce al autoritarismo y la negación de la democracia.
¿No le preocupa Keiko Fujimori? Su padre intervino el Poder Judicial… ¿No es ese un mal antecedente?
Cada situación presenta sus propios problemas, si bien es cierto uno nunca puede olvidar el pasado ,quien lo hace olvida la historia y fracasa, no me puedo quedar en él y tenemos que mirar siempre hacia adelante, pero seremos firmes en nuestras convicciones. Tenemos que mantener la autoestima y dignidad. Cualquier intento de vulnerar la base de la institución judicial encontrará mi más férrea oposición, una actitud altiva, digna, de enfrentamiento y rechazo. Ya no se trata de ser un medroso y un sumiso. Y pese a lo que se dice, ahora hay más institucionalidad, más control y una prensa fuerte e independiente.
Entonces, ¿por qué persiste el rechazo?
No es la ecuación apropiada decir que pierden popularidad los poderes, y por eso hay desinstitucionalización en el Estado. Lo que debe medirse es la democracia en el tiempo, cómo reacciona la gente y cómo los gobernantes son flexibles y se acomodan a los usos democráticos.
“Necesitamos jueces demócratas”
Que algunos sectores del fujimorismo lo amenazaron por condenar al ex presidente, ¿no es síntoma de intolerancia?
Esas declaraciones fueron desautorizadas por la candidata y el mismo día un vocero del fujimorismo me dio las satisfacciones. Di el tema por cerrado.
En esta campaña, ¿los Derechos Humanos están en debate?
Los DDHH son la piedra esencial de la democracia, no podemos hablar de ella si no les damos valor preferente a éstos.
¿Tenemos la legislación suficiente para garantizarlos?
Todo se puede mejorar. Lo que necesitamos son jueces demócratas, de alta calidad moral, profesionalismo. Con esos requisitos hacemos maravillas con cualquier legislación. Están de por medio los tratados internacionales, la Constitución, hay una jurisprudencia muy rica. El juez que dice que no puede hacer nada y la legislación es mala, miente.
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Que opina usted? Derechos humanos en el Perú: entre el recuerdo y la indiferencia en planes de gobierno – 27/04/2011 10:43:38
“Defensoría vio 530 casos de violaciones de DD.HH. entre el 2003 y 2008. Mientras plan de Fuerza 2011 minimiza tema, el de Gana Perú lo resalta
Foto: Miguel Bellido. Diario El Comercio
Tomado de El Comercio 27/04/2011 , Por Juan Aurelio Arévalo
La noche del 28 de agosto del 2003 cientos de mujeres llegaron a la Plaza de Armas de Huamanga, abrieron sus mantas y extendieron sobre la pista las ropas de sus deudos. Entre velas y lágrimas, la enviada especial de El Comercio encontró a la esposa de Felipe Huamaní Palomino que murió en 1984 cuando tenía 31 años. “¿Tienes valor para ver?”, preguntó y la periodista asintió dudosa. Le mostró una camisa rasgada y le contó que eso fue lo que quedó de su marido después de un mes de desaparecido. “Los perros se lo comieron, solo encontré sus ropas y un trozo de su cara”, dijo la señora y siguió llorando junto a sus cinco hijos.
Ese mismo día el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres, presentó el informe final de dicho grupo de trabajo. Nos enteramos que 69.280 peruanos murieron durante los años de barbarie y de cada cuatro muertos, tres fueron campesinos. Para ser más precisos, la violencia vivida entre los años 1980 y 2000, que fue iniciada y perpetrada en su mayor extensión por Sendero Luminoso, cobró más víctimas que todas las guerras externas y civiles que ha soportado el Perú durante su historia republicana.
Si bien las cifras presentadas pueden generar cuestionamientos, no se puede negar que una parte del país estuvo de espaldas ante lo ocurrido. Pero preocupa aun más que hoy, pese a vivir en un contexto distinto, las conductas de violación de los derechos humanos subsistan. Así lo demuestra el informe defensorial N°139 que señala que entre el 2003 y 2008 la Defensoría del Pueblo recibió 530 quejas por presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a las fuerzas del orden. Las agresiones físicas (puñetes, puntapiés en el abdomen, tórax, espalda, uso de la asfixia u aplicación de descargas eléctricas) fueron las prácticas más recurrentes, además de agresiones psicológicas y sexuales.
En el 77,2% de los casos se señala como responsables a agentes de la Policía Nacional, mientras que el 22,8% restante a miembros de las Fuerzas Armadas. “Respecto del total de las quejas recibidas contra las Fuerzas Armadas, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes que venían prestando el servicio militar, algunos de los cuales eran menores de edad”, indica este informe del 2008 dedicado a los cinco años de procesos de reparación y justicia en el país.
En el documento, la ex defensora del Pueblo Beatriz Merino destacó los avances en el fortalecimiento de la democracia, pero advirtió que pese a los esfuerzos del Estado “somos una sociedad vulnerable, con múltiples conflictos sociales, demandas desatendidas y desigualdades, no solo económicas y sociales sino raciales y culturales”. También expresó su preocupación por la falta de presencia del Estado en las zonas más pobres y por la constatación de que seguimos siendo testigos de episodios sangrientos como las emboscadas terroristas contra las fuerzas del orden.
EL PLAN FUJIMORISTA
En el contexto electoral actual, los planteamientos sobre derechos humanos de ambos candidatos no pueden pasar inadvertidos. Por ello, llama la atención que Keiko Fujimori, cuyo padre cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, no le ha dedicado un solo párrafo al tema en las 58 páginas que componen el plan de gobierno de Fuerza 2011.
Solo en el eje 9 (página 35), referido a la “reducción de toda expresión de violencia”, menciona: “Fomentaremos mecanismos para asegurar el respeto de los derechos humanos de todos, empezando por las víctimas de la violencia y la delincuencia”.
El domingo pasado, Fujimori reconoció que “hay ausencias” en su plan, pero aseguró que respetará los derechos humanos y no liberará a los militares condenados por atentar contra ellos. Sobre las reparaciones a las víctimas, dijo tener reservas sobre aquellas concernientes a sentenciados por terrorismo, aunque apoyó las otorgadas tanto a civiles como miembros de las fuerzas del orden.
Consultado sobre esta omisión, el vocero de Fuerza 2011, Rafael Rey, explicó que el respeto y la defensa de los derechos humanos es “algo innato al ser humano y no tiene por qué constituir necesariamente una parte explícita de un programa de gobierno”. Resaltó que el fujimorismo se ha comprometido a garantizar la defensa para “todas las personas [...]. Su ausencia se debe a que es una cosa evidente, lógica y tácita. En todo caso, cuando tenemos ocasión de hablar del tema, lo hacemos”, añadió Rey.
PROPUESTA HUMALISTA
En la otra orilla, Gana Perú le dedica 31 menciones dentro de sus 197 páginas de plan de gobierno. En la presentación del documento se comprometen a “profundizar la política de respeto de los derechos sociales, económicos, ambientales, y, en especial, los derechos humanos”. Asimismo, el capítulo 7.4 lo enfocan en la materia.
En dicho espacio desarrollan un diagnóstico en donde mencionan la necesidad de garantizar la paz social en el país sustentada en la profundización de la democracia y el desarrollo sostenible. Para los humalistas las secuelas del conflicto interno persisten y profundizan las brechas estructurales y la exclusión de la población principalmente rural.
Ante esto, anuncian su “pleno respaldo” al informe final de la CVR y se comprometen a poner en práctica las reformas institucionales recomendadas por el informe y cumplir con las reparaciones a las víctimas en un plazo máximo de seis años. Para ello crearán un fondo nacional para reparaciones con recursos del tesoro público. Destaca, además, la propuesta de consolidar una entidad del Estado que se encargue de las políticas de paz, reparación y reconciliación nacional. Del mismo modo, mencionan que garantizarán “los derechos humanos de las personas con diferente opción sexual respetando su identidad y opción”. El plan también manifiesta que cambiarán el nombre del Ministerio de Justicia por Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.
Consultado sobre los dos casos, el ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Ronald Gamarra señaló que el fujimorismo tiene un déficit histórico con el tema y que con este plan de gobierno solo refuerzan la percepción de que “siempre han obviado los derechos fundamentales”. Con respecto a Gana Perú, indicó que si bien había varias líneas de trabajo, la duda recaía en la credibilidad que pudieran tener.
Basta con recordar que Ollanta Humala enfrentó un juicio por presuntos crímenes en la base contrasubversiva de Madre Mía, del cual fue absuelto, y en el 2005 llamó a la insurgencia popular contra un gobierno legítimamente constituido tras la toma de la comisaría de Andahuaylas.
“El estado tiene un déficit en el tema”
Para Ronald Gamarra, ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no hay democracia ni tampoco desarrollo económico si no se tienen en cuenta los derechos fundamentales.
El letrado sostuvo que uno de los grandes temas por resolver en la actualidad es cumplir con las reformas institucionales propuestas por el informe final de la CVR.
“Se avanzó durante los primeros años de la democracia, pero ahora las reformas se han detenido. Estas se refieren a que no exista impunidad en los juicios ni para senderistas ni para militares, también están los temas del museo de la memoria y de las reparaciones individuales y colectivas que en general también se han detenido”, aseguró.
Gamarra mencionó que hay un déficit de parte del Estado, pues se requieren políticas públicas y hasta el momento solo existe el Plan Nacional de DD.HH. que no ha sido respaldado por este gobierno.
“Se debe fortalecer con mayores recursos y herramientas de gestión al Consejo Nacional de DD.HH. que es el ente rector del plan. También esto supone crear el viceministerio de DD.HH. en el Ministerio de Justicia”, detalló.
Asimismo señaló la pobreza como el principal obstáculo para que las personas gocen de los derechos fundamentales.
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Noticia, Ruth Buendía: Construcción de hidroeléctricas en la selva traería “terrorismo económico” – 15/03/2011 16:03:14
“Ideeleradio.- La construcción de una central hidroeléctrica en la selva traerá un “terrorismo económico” que afectará a los ashánincas porque serán desplazados de sus tierras, advirtió Ruth Buendía, presidenta de la central de dicha comunidad nativa del Río Ene.
Fue al comentar la autorización que otorgó el Ministerio de Energía y Minas a la empresa de capitales brasileños Odebrecht en el marco del inicio de los estudios de factibilidad para la construcción de la Central Hidroeléctrica Tambo 40 y a la empresa Paquitzapango Energía SAC para el inicio de la construcción de la Central Hidroeléctrica Paquitzapango.
“La preocupación es que con las centrales hidroeléctrica Tambo 40 y Paquitzapango habrá una inundación de nuestras tierras, un desplazamiento forzoso de nuestros hermanos a pesar de que las comunidades nativas son tituladas, destrucción de bosque y la afectación económica de nuestros hermanos. Cerca de 10 mil ashánincas más colonos, o sea, estamos hablando de 12 mil personas aproximadamente. Con Paquitzapango y Tambo 40 se viene un terrorismo, ya no con armas pero sí económico”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“No se han dado prórrogas de concesión porque no los hemos dejado entrar; en segundo lugar, no ha habido consulta. En estos momentos, no se ha ampliado la concesión para el estudio, pero sí se lo han dado a Tambo 40 que abarca el 40% también a Paquitzapango. El año pasado ha sido la empresa peruana Energía SAC, pero este año lo ha hecho directamente con Odebrecht que capitales brasileños. Entonces, es la misma chola con otro calzón”, anotó.
Precisó que han solicitado información a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas sobre los avances de los estudios realizados por ambas compañía; sin embargo, mencionó que no han recibido una respuesta. “Parece que el dinero de la empresa está reinando en los funcionarios de este ministerio”, afirmó.
Candidatos no ven nuestra realidad
En otro momento, pidió a los candidatos presidenciales que tomen en cuenta este problema en sus planes de gobierno y que el próximo régimen pueda paralizar los acuerdos energéticos con ambas empresas, hasta que lleve a cabo la consulta con los comuneros ashánincas que habitan en la zona.
“Si no lo han tocado en sus planes de gobierno, se nota que la gobernanza en el Perú es ajena a nuestra realidad. Como pueblos indígenas vemos que los candidatos no ven los casos de nuestros pobladores. Ellos no valoran eso y vemos que los candidatos están pagados por estas empresas. Ahorita, yo les pediría [al próximo gobernante] que tiene que suspenderse los acuerdos energéticos con Brasil porque el que gane va a generar conflictos sociales en el país y eso nadie lo va a calmar”, enfatizó.
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Noticia, DDHH Y PLANES DE GOBIERNO (3): LOS SEIS ENANOS – 25/02/2011 9:43:40
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Pocas veces le prestamos atención a los candidatos con menores opciones a la Presidencia. Y la verdad, pensé que la mayoría de ellos – con una excepción – ni siquiera se ocuparía en mencionar los temas vinculados a derechos humanos en sus planes de gobierno. Pero al menos algunos de ellos hicieron una mención. Veamos las propuestas de estos 6 candidatos:
Comencemos por Adelante, la agrupación de Rafael Belaúnde, hijo del ex presidente. A pesar que han sido explicitos en considerase un partido liberal, me sorprende que en su plan de gobierno no le den pelota a una materia que comenzó a ser importante, justamente, gracias a las corrientes liberales desde el siglo XVIII. La única alusión, loable por cierto, es la preocupación por brindar un tratamiento especial a veteranos de guerra y deudos de caídos en combate, cuestión que aquí compartimos. El problema: es que Adelante propone que esa tarea sea asumida por una entidad sin fines de lucro antes que por el propio Estado.
Pasemos a JUSTE, que presenta a Humberto Pinazo como candidato presidencial. En su plan de gobierno reconoce genéricamente que un gran número de peruanos fueron víctimas de la violencia y que se promoverá el respeto estricto de los derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales. No señala más como punto específico sobre la materia, siendo casi un saludo a la bandera. Y en cuestiones de conflictos sociales, proponen que el Presidente de la República sea quien tenga la solución definitiva. Digamos, si un defecto teníamos en la materia es que, precisamente, muchos de los conflictos se incentivaban porque los demandantes querían a autoridades de rango de ministro para arriba para solucionarlo. Menudo lío.
La Miss Simpatía de estas elecciones es Juliana Reymer, de Fuerza Nacional. Pero, para desilusión de sus fans, podríamos decir que casi se queda sin goles. Con una excepción. Su plan de gobierno señala políticas en favor de las personas con discapacidad. La que más me llamó la atención es el otorgamiento de un subsidio a los empleadores privados que contraten a personas con discapacidad. Quizas los amigos Ben Solis o Hans Rothgeisser puedan ver si es que esto resulta viable en términos económicos.
Hace unos días ví a José Ñique de la Puente quejarse de la falta de cobertura a él y a la gente de Fonavistas del Perú. Así que aquí lo revindicamos y presentamos sus propuestas sobre derechos humanos. Ñique pone como meta para su primer año de gobierno hacer efectivo al menos el 50% de las reparaciones pendientes “por acción del terrorismo”. ¿Cómo lo hará? Aun lo sigo buscando. Lo máximo que encontré es que esta tarea se encargará al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. ¿Conocen que hay entidades estatales ya creadas sobre la materia? Next.
Ricardo Noriega Salaverry ya se ha presentado en otros procesos electorales y esta vez lo hace en las filas de Despertar Nacional, una agrupación que ha merecido controversia porque Noriega ha sido abogado de Víctor Polay, líder del MRTA, a quien considera un “insurgente”. Y ponen en el diagnóstico histórico de su plan que en el primer gobierno aprista “se inicia la insurgencia armada del MRTA, cuyos orígenes se circunscriben a la gesta de Luis de la Puente Uceda, la épica homérica del comandante Ernesto “Che” Guevara en Bolivia y la propia guerra de guerrillas de la Sierra Maestra en Cuba”. Digamos, eso hace que toda cháchara sobre derechos humanos de esta gente me sepa hueca. Para ellos, les recomiendo leer el capítulo de la CVR sobre el MRTA, para que vean las reales responsabilidades de esta agrupación y sus líderes, quienes no fueron “insurgentes” ni “guerrilleros”. Gracias a Dios, esta gente no tiene ninguna opción de ganar.
Quien queda mejor de este grupo de candidatos en materia de derechos humanos es Manuel Rodriguez Cuadros de Fuerza Social. En su plan de gobierno dedican un acápite completo a este tópico y señalan que las políticas públicas que adopten en una posible gestión tendrán un enfoque de derechos humanos. Eso ya suena congruente. Y también proponen medidas puntuales:
a) Diversidad sexual: Reconocimiento de la identidad de personas transexuales e imposición de sanciones por discriminación sexual.
b) Reconocimiento de la pluralidad cultural, con particular interés en las normas de resolución de conflictos.
c) Implementar las recomendaciones de la CVR, sobre todo en los temas de judicialización, reformas institucionales y plan integral de reparaciones. No señalan como hacerlo.
d) Finalmente, FS es la única agrupación que hace alusión al Plan Nacional de Derechos Humanos, documento de politica pública sobre la materia, que fuera aprobado en el gobierno de Toledo, pero que nunca fue implementado en este gobierno. Se propone actualizarlo, sobre todo en la parte de derechos sexuales y reproductivos.
La próxima semana, el último post sobre este tema y comenzamos con las políticas en materia de administración de justicia.
(Imagen: Disney)
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