El uso de la fuerza y Las fuerzas armadas
Interesante, CAJAMARCA: ESTADO EN EMERGENCIA – 05/12/2011 12:42:32
“Anoche el Presidente de la República declaró el estado de emergencia en 4 provincias de Cajamarca. Veamos el video del mensaje:
Para entender los alcances de esta declaratoria, es necesario ver el tema en dos ámbitos. El primero es el jurídico. Los amigos de La República resumen bien el alcance legal de la medida:
?Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio?, sostiene nuestra carta magna.
Además, se explica que el plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días, y su prórroga requiere nuevo decreto.
?En Estado de Emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República?, detalla la Constitución.
El Decreto Supremo que instaura el estado de emergencia dispone que el mismo se ejercerá por 60 días y que implicará la acción conjunta de Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, aunque estas últimas solo apoyarán la actividad policial.
Esta ha sido la arista jurídica. Pero creo que el tema va más allá de lo jurídico, sino que tiene implicancias políticas, así como miedos y especulaciones de un lado y de otro.
La declaratoria del estado de emergencia no implica (o no debiera implicar) que sea una carta abierta para meter bala. De hecho, el derecho a la vida nunca puede restringirse en este tipo de circunstancias. Sin embargo, dada la experiencia de los estados de emergencia durante el conflicto armado interno – necesarios, pero sin regulación y controles para evitar la vulneración de derechos fundamentales – o de algunos fallidos en democracia como el declarado durante el Arequipazo, es necesario que el ejercicio del uso de la fuerza sea bastante prudente (léase, sólo se haga cuando sea estrictamente necesario) y tenga controles. Esto incluso ha sido señalado por funcionarios del gobierno. Sobre todo, cuando también hay gente esperando que el gobierno meta bala, porque cree que es la única manera de apagar conflictos sociales.
De otro lado, surge el debate sobre la necesidad de la medida. Quienes la defienden señalan que es necesario poner el principio de autoridad, considerando que el bloqueo de carreteras y la restricción de servicios afectan a los ciudadanos que no participan en la protesta, por los motivos que fuere. Quienes la critican, indican que el gobierno pudo esperar a que se hicieran las consultas necesarias por parte de los dirigentes para poder firmar el acta en el que se acordaría formar dos mesas de diálogo sobre los grandes temas de fondo del conflicto: el EIA del Proyecto Conga y un plan de desarrollo regional para Cajamarca. Fuerte dilema para el gobierno, que sabemos como ha resuelto.
Tampoco la declaratoria de estado de emergencia implica que ?el gobierno vaya a imponer por la fuerza el proyecto Conga?. El proyecto está suspendido y eso en ningún momento ha sido variado. Pero sí es cierto que, por el momento, la declaratoria de estado de emergencia supone para muchos una pérdida de confianza en el gobierno, dado que, en su concepción, ha preferido usar la fuerza a continuar, por lo menos unos días más, con el diálogo, a pesar que el premier Lerner indica que el mismo sigue abierto y que el estado de emergencia se levantaría si se firma el acta de entendimiento.
Y para explicarnos aún más sobre porqué este tema es producto de una crisis de confianza, hoy Jacqueline Fowks ha presentado en su blog Notas desde Lenovo que:
Acerca del lente con el cual estos asuntos se ven y cómo se convierten en noticia, es interesante saber que el encargado de comunicaciones de Yanacocha, Roberto del Águila, pidió a Víctor Urquiaga, integrante de una empresa de monitoreo y asesoría de prensa, que le ayude a redactar los titulares de los diarios Expreso y Correo la noche del martes, poco antes de que el presidente Humala y el gerente de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, anunciaran la suspensión del proyecto Conga.
Y los titulares de ambos diarios no fueron precisamente amables con el gobierno, como indica Fowks:
Al día siguiente, la volada y titular de primera plana de Expreso fueron:
Ante actos de violencia de ?frentes de defensa? regionales, ultras e izquierda caviar
Conga en suspenso
Por su lado, el diario Correo tituló así:
Otra vez triunfa la irracionalidad
Se ?chupan? con Conga
Yanacocha tira la esponja a pedido de timorato gobierno
Los titulares de hoy de Expreso y Correo, sobre el estado de emergencia, como imaginarán, aplauden la medida como un ?triunfo del orden?. Claro está, olvidan que el proyecto Conga sigue suspendido y que, para sorpresa de varios, hasta el momento, el gobierno viene manejando con relativa prudencia el uso de las fuerzas de seguridad, lo que también ha sido facilitado por los llamados de los dirigentes del paro en Cajamarca, quienes han pedido no caer en provocaciones. Y por supuesto, este tema de los titulares debe investigarse, considerando la comentada cercanía de uno de los diarios aludidos con una empresa de manejo de imagen de empresas.
(ACTUALIZACION: Roberto del Aguila envía una carta a J. Fowks explicando su correo electrónico e indica que no coordinó titulares)
(ACTUALIZACION 2: Correo indica que no coordinaron titulares y que el correo de Del Aguila es desafortunado)
El estado de emergencia no debe hacernos olvidar los problemas de fondo. El primero tiene que ver con el manejo del proyecto Conga. En una entrevista concedida a Punto Edu, el director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, César Guzmán Barrón, indica un dato a tomar en consideración acerca de Conga:
En el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CARC) tenemos 12 años trabajando estos temas y en el año 2006 trabajamos haciendo un análisis de conflicto en Conga, lo hicimos con 45 entrevistados y recorrimos 28 caseríos de los distritos deSorochuco, Huasmín y La Encañada. En esa ocasión, la mayoría de las autoridades comunales entrevistadas manifestaba una aceptación condicional al proyecto, siempre y cuando se asegure que el ambiente ?y en particular, el agua- no se afecte. Y lo segundo que manifestaban era la esperanza de generar beneficios y cupos de trabajo para las comunidades. La totalidad de los alcaldes entrevistados manifestaron su preocupación por el agua y percibían que la población también sentía el mismo temor. El informe lo pusimos en conocimiento de las autoridades locales y de la empresa. Por lo tanto, la empresa inicia sus operaciones sabiendo esta realidad.
De hecho, Guzmán Barrón también señala la importancia de un estudio para la viabilidad del proyecto:
La empresa también tiene la obligación moral de explicar y dar los alcances de tal manera que todos entendamos. No basta colocar el resumen ejecutivo en la página web, sino que también hay que estar dispuestos a poner las cosas de forma transparente y clara, hay que dar ese paso más para que la comunidad entienda el cambio que se va a producir y lo que va a significar. Por ejemplo, vamos a mirar qué sucede con el Estudio Hidrológico que se va a realizar entre febrero y marzo del 2012, que está consignado en el EIA, y que no se ha hecho antes porque hay que esperar cuál es el comportamiento de las lluvias en más de un año para conocer qué va a suceder con la cantidad de agua que se va a obtener. Sería interesantísimo mostrarle al comunero de a pie una simulación que diga: ?Este es tu lago, estos son los riachuelos o los proveedores principales, hasta aquí llega el agua en las partes altas y en las partes bajas, y esto es lo que va a pasar de mañana a partir de la construcción del reservorio?. Probablemente la tengan, pero no se ha visto. Así se podría notar que no se afecta a los proveedores de agua y que el agua va a regresar a atender sus necesidades. Entonces tendríamos una mejor percepción del tema.
Claro está, aquí no queda todo. Martín Tanaka propone que:
La salida para el gobierno es partir de un estudio serio y creíble que evalúe de manera más amplia y exigente el impacto ambiental del proyecto; que plantee una propuesta de desarrollo atractiva para los distritos y provincias afectados por el mismo, y para la región en general, en donde las autoridades políticas tengan un papel importante que desempeñar. Y que haga del caso Conga un ejemplo emblemático del nuevo tipo de relación que plantea entre minería, Estado y comunidades, incluyendo modificaciones legales y normativas. De lo que se trata es de poner una propuesta concreta sobre la mesa, no de ?facilitar el diálogo?.
Para ello, el Estado deberá volver a ganar cierta confianza de quienes se han movilizado, sobre todo, luego de una declaratoria de estado de emergencia que a muchos les ha sabido mal. Y a otros como la única salida que quedaba luego de 10 días de paro. Quizás el gobierno deberá aprender rápidamente que no se puede contentar a todo el mundo al mismo tiempo.
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Es Noticia, Diálogo para la solución de los conflictos sociales – 06/04/2011 11:01:58
“Por Miguel Jugo Viera
Publicado en el diario La Primera 6/4/2011
Existen varios lugares en el país, donde la población no desea la presencia de la minería, y se expresan de diferente manera contra ella en el marco del ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión. El último caso es el de los pobladores del Valle del Tambo, en particular de los distritos de Cocachara y Dean Valdivia, quienes han dicho No a la minería en sus territorios. Sin embargo, el gobierno ha respondido haciendo uso de la fuerza y no dialogando. En este sentido ¿qué ofrecen los candidatos presidenciales?
El conflicto del Valle del Tambo, no es nuevo, viene desde el año 2009. En esa oportunidad se realizaron consultas vecinales, donde más del 90% de la población se opuso a la presencia de la minería. A pesar de ello, el proyecto de la Southern continuó con sus operaciones.
El Ministerio de energía y Minas encargó un estudio de Impacto Ambiental (EIA), sobre el impacto que generaría el proyecto minero de Tía María en la zona, a la UNOPS, organismo de las Naciones Unidas. Dicho informe ha presentado 138 observaciones, entre componentes omitidos, datos insuficientes, errores conceptuales, gráficos y cartografías erróneas; además de otros cuestionamientos. Sin embargo, el Ministerio de energía y Minas ha anulado el contrato con este organismo de las Naciones Unidas y ahora el ejecutivo ha propuesto suspender el proyecto por 3 meses.
Las actuales movilizaciones en contra del proyecto minero, vienen enfrentando nuevas y peligrosas situaciones. Una de ellas, es la reciente RS 113-2011-, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para abordar la protesta social en el Valle del Tambo. La situación es preocupante, pues en este caso esta resolución está amparada por el peligroso Decreto Legislativo 1095.
El decreto 1095, señala en su art. 27 que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de su función, son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Es decir, en caso de producirse violaciones a los derechos humanos, éstos quedarían impunes.
El gobierno lejos de respetar los compromisos y dialogar con la población recurre otra vez al uso de la fuerza, que nuevamente ha causado la muerte de una persona, la del joven agricultor Andrés Taipe Cuquipuma. Andrés se agrega a la triste lista de los 77 peruanos muertos ya en conflictos.
Esta respuesta estatal frente a la conflictividad social ha sido una constante por parte de este gobierno. ¿Será igual en el próximo gobierno? Debemos pues exigir a los candidatos a la presidencia un zanjamiento claro contra el uso de la violencia hacia la población; su promesa de derogar el DL -1095 y las otras normas que han ocasionado más de 1,200 heridos en situaciones de protesta social. Los candidatos presidenciales tienen la palabra.
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Que opina? Comisedh critica actuación tardía del Gobierno frente a conflictos sociales – 04/03/2011 16:48:34
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Ideeleradio.- El director de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Miguel Huerta, cuestionó la actuación del gobierno de Alan García frente a los conflictos sociales, al considerar que su reacción es tardía y que se opta en muchos casos por el uso de la fuerza para encontrar una solución.
?La situación de conflictividad social ha ido incrementándose y en el actual gobierno no se han adoptado las medidas para evitarlo y lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en este Gobierno es que se ha reaccionado cuando estos conflictos explotan y lo que ha acontecido es que muchas veces se recurre e la Policía o a las Fuerzas Armadas, cuando ya la situación de conflictividad se ha dado, cuando la negociación no está en manos de ellos?, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
?Ellos [los Policías y las Fuerzas Armadas] no son los actores políticos para negociar este tipo de situaciones y resolver los conflictos, son los funcionarios de los sectores correspondientes los que deberían establecer esta negociación para evitar que este tipo de situaciones se presente?, agregó.
Lamentó que las mismas autoridades policiales no brinden la información adecuada, al momento de una intervención policial. Consideró que esto vulnera los derechos humanos de los mismos efectivos policiales.
Recordó, por ejemplo, el caso del Baguazo en Amazonas y del desalojo de Pómac en Lambayeque, donde murieron miembros de la Policía Nacional, debido a una mala información de los servicios de Inteligencia.
?Ha habido otros operativos en donde ha fallado la información de Inteligencia para que [los policías] puedan actuar, no olvidemos el desalojo en Pómac donde por una falta de información, los efectivos policiales intervinieron y no previeron que había algunos invasores que tenían armas de fuego y terminaron matando a un policía?, argumentó.
?Eso nos muestra las deficiencias que se están presentando y que originan que el personal policial intervenga sin tener las herramientas suficientes para actuar adecuadamente y ahí se vulnera los derechos humanos del propio personal policial?, refirió.
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Interesante, Policías se capacitan para mejorar intervención en conflictos sociales y disturbios respetando los derechos humanos – 02/03/2011 10:39:19
“Más de 20 oficiales y suboficiales de la PNP de diversas unidades especializadas y cuatro regiones del país se capacitan para realizar intervenciones policiales con pleno respeto a los derechos humanos como parte de convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).
El ?IV Curso de Formación de Instructores en procedimiento y técnicas básicas de intervenciones policiales en el marco de los derechos humanos? se inició el 7 de febrero y concluirá el 11 de marzo con el propósito de instruir al personal policial en su función de servir y proteger a la población respetando su derecho a la vida e integridad durante manifestaciones sociales, actos delincuenciales, detenciones, entre otros.
En esta edición participan los efectivos más destacados de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la División de Operaciones Especiales (Dinoes), la Unidad de Orden Público, la Policía Anticorrupción y la División de la Policía de Tránsito, entre otras unidades. En total, son 6 mujeres y 15 varones los que participan para fortalecer las conductas de protección y promoción de los derechos fundamentales y protección de las personas.
?Lo importante es que la doctrina de los derechos humanos esté integrada a las técnicas y procedimientos policiales para servir mejor a la comunidad?, manifestó el jefe de Derechos Humanos de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP, Isaac Coriat.
Los oficiales y suboficiales PNP provienen de Lima, Junín, Arequipa y Tacna. Bajo la coordinación de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP y COMISEDH, los participantes se instruyen en aspectos teóricos y prácticos sobre las normas internacionales del uso de la fuerza, las implicancias del nuevo Código Procesal Penal que ahora permite intervenir a las personas sospechosas por cuatro horas para efectos de identificación, los conceptos del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, el trabajo con grupos vulnerables, la equidad de género, la resolución de conflictos y el manejo de crisis, entre otros temas.
?Las organizaciones de derechos humanos como parte de la sociedad civil también podemos contribuir en la formación de la Policía que realiza una labor fundamental para el país ?, señaló Miguel Huerta, director de COMISEDH, que forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Estos cursos se iniciaron en 2007 y hasta el momento ya se han capacitado 200 efectivos. Este año se espera realizar dos jornadas más de capacitación para más de 80 policías que puedan replicar la experiencia entre los demás miembros de sus unidades especializadas.
Este curso de instrucción ha sido posible gracias al Proyecto ?Cumplimiento de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en materia de reformas institucionales: Normas internas de prevención y capacitación especializada en derechos humanos para agentes de seguridad estatal del Perú -Policía Nacional y Fuerzas Armadas?, que cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania.
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Interesante, La protesta social no es una guerra – 24/01/2011 14:20:11
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Exigimos la derogatoria del DL 1095
La de CNDDHH, conjuntamente con la CGTP, CONACAMI, AIDESEP, CCP, CNA y organizaciones de la sociedad civil, estamos organizando diversos eventos públicos a nivel nacional, con la finalidad de difundir los alcances del la norma y recolectar firmas para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra los D.L. 1094 y 1095 que criminalizan la protesta social. Clic en imagen para ampliar
Luego de una intensa campaña mediática iniciada por el Ejecutivo, el 1? de Septiembre de 2010 se publicaron cuatro decretos legislativos: 1094, 1095, 1096 y 1097, expedidos por el Ejecutivo, en uso de las facultades delegadas por el Congreso. Felizmente, y luego de una intensa campaña, el gobierno dio marcha atrás y el 14 de setiembre, el Congreso decidió derogar el D.L. 1097, que amenazaba con consolidar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Su publicación se realizó al día siguiente, en que también la Sala Penal , que veía el caso Barrios Altos, acordó declarar la inaplicabilidad de esta norma.
Este, que fue un triunfo rotundo contra la impunidad, nos dejó una tarea importante: buscar la derogatoria de los otros DL, entre ellos el 1095, que posibilitan el uso excesivo de la fuerza en casos de conflictividad y protesta social.
Sobre el uso excesivo de la fuerza
En la estrategia de control del orden interno durante el gobierno de Alan García, se han desarrollado una serie de dispositivos legales de dudosa constitucionalidad a través de los cuales se incrementan las facultades y se flexibilizan los procedimientos para la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, incluso en zonas que no se encuentran declaradas en Estado de Emergencia.
Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno está estrictamente limitada a situaciones en las que se ha declarado Estado de Emergencia o de Sitio. Sin embargo, en clara contradicción con la norma constitucional, en el año 2004 se promulgó la ley 28222, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno fuera de los supuestos mencionados .
La situación ha empeorado durante el gobierno del Dr. García mediante la promulgación del D.S. N? 007-2008-DE que modifica la reglamentación de la ley 28222, de forma que ahora es suficiente con la autorización del Presidente de la República, refrendada por los ministros de Interior y de Defensa, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el control del orden interno. Inclusive esta norma autoriza que cuando las características geográficas de la zona impidan cumplir con este procedimiento, sea directamente la autoridad policial de la zona afectada la que solicite la intervención de las Fuerzas Armadas, con cargo a la posterior convalidación de esta medida mediante una resolución suprema.
Otro aspecto que genera preocupación es la regulación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. De por si resulta alarmante que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno, ya que su armamento y entrenamiento son mas apropiados para combatir en situaciones de guerra y/o contra amenaza exterior.
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Documento: presentación de la campaña
Volante: la protesta social no es una guerra
Afiche
Para coordinaciciones:
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Es Noticia, HRW presenta informe mundial de derechos humanos 2011 – 24/01/2011 10:56:09
“HRW: Los gobiernos tratan con guantes de seda a los abusadores
(Bruselas)?Demasiados gobiernos aceptan las racionalizaciones y excusas de gobiernos represivos, sustituyendo la presión para promover el respeto a los derechos humanos con métodos más suaves como el ?diálogo? privado y la ?cooperación?, señaló Human Rights Watch hoy durante la publicación de su Informe Mundial 2011. En lugar de manifestarse con firmeza contra los líderes abusivos, muchos gobiernos, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea, adoptan políticas que no generan presión para el cambio.
El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.
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Capítulo del Informe Mundial: PER?
Perú
Eventos de 2010
En 2010, las iniciativas del poder judicial para procesar a policías y militares por abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú tuvieron resultados poco alentadores. En lugar de recibir el apoyo de funcionarios del gobierno, el proceso ha sido objeto de críticas frecuentes por parte de estos, y en 2010 el Presidente Alan García firmó un decreto que equivalía a una amnistía indiscriminada, ya que habría permitido la impunidad de la mayoría de los crímenes. Luego de protestas nacionales e internacionales, la medida fue finalmente suspendida. Sin embargo, la negativa del Ejército a brindar información continúa obstruyendo las investigaciones judiciales, y la mayoría de los responsables han logrado evadir la justicia.
En varias ocasiones los oficiales de policía transgredieron las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal para controlar protestas y manifestaciones. La tortura, si bien no es una práctica sistematizada, sigue siendo un problema.
Juicios por los abusos del pasado
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, cerca de 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno que sufrió el país. Se trató de víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del estado.
En agosto de 2010, el Presidente García dictó un decreto que otorgaba una amnistía encubierta a personas que cometieron violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. El Decreto 1097 resultaba violatorio de las obligaciones jurídicas internacionales de Perú, en tanto permitía la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2003, el año en que Perú ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Entre estos delitos se incluyen atrocidades cometidas durante el primer gobierno de Alan García, como la masacre de 122 presos en la cárcel de El Frontón en 1986. El Decreto 1097 también obligaba a los jueces a concluir los juicios de militares y policías que no hubieran sido acusados formalmente dentro del plazo máximo de 36 meses previsto por la ley. Pocos días después, un general y varios miembros del escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina, responsable de numerosas muertes y desapariciones ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, pidieron a la justicia que se cerraran las investigaciones en su contra. En un primer momento, el Presidente García defendió el decreto, pero posteriormente cambió de opinión, ante las duras críticas en el ámbito interno e internacional. En septiembre, el Congreso aprobó por una mayoría abrumadora un proyecto presentado por el gobierno para derogar el decreto.
En diciembre de 2009, un tribunal integrado por jueces de la Corte Suprema de Perú confirmó en forma unánime la pena de 25 años de prisión impuesta al ex Presidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, en noviembre de 1991, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, y dos secuestros. Fujimori es el primer líder latinoamericano elegido en forma democrática que fue condenado por violaciones graves de derechos humanos en su propio país.
Frente a la relevancia trascendental de la condena impuesta a Fujimori, los juicios sobre otros casos de derechos humanos relacionados con el período del conflicto armado han tenido resultados poco alentadores, y la proporción de condenas es mucho menor a la de absoluciones. En junio de 2010, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG que monitorea la justicia por los hechos del pasado, informó que la Sala Nacional Penal, creada en 2004 para tratar violaciones de derechos humanos y casos de terrorismo, había absuelto a 65 militares y policías, condenado solamente a 12, y había desestimado 23 casos.
El Ejército peruano se ha rehusado sistemáticamente a brindar información que ayude a los fiscales a identificar a militares que participaron en atrocidades. A causa de esta falta de cooperación, tanto fiscales como abogados de familiares de las víctimas han tenido dificultades para recabar pruebas que cumplan con los estándares rigurosos exigidos por la justicia. Por ejemplo, funcionarios del Ejército y el Ministerio de Defensa negaron la detención de los estudiantes Alcides Ccopa Taype y Francisco Juan Fernández Gálvez, quienes desaparecieron en Huancayo en octubre de 1990. En junio de 2010, la Sala Penal Nacional absolvió a dos generales del Ejército responsables de los operativos militares en la zona. El tribunal desestimó el testimonio de un ex detenido que declaró haber visto a los estudiantes en la base del Ejército, así como la prueba aportada por otros testigos, quienes afirmaron haberlos visto mientras estaban bajo custodia.
Varios ex militares de alto rango procesados han empleado tácticas dilatorias y han presentado recursos de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional debido a que, según argumentan, se habría violado su derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
Uso injustificado de la fuerza letal
En los últimos años, hubo varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía, con un saldo de varios muertos en ambos bandos. Existen indicios de que, en algunos de estos incidentes, la policía habría recurrido a un uso injustificado de fuerza letal.
En abril de 2010, 5 civiles fueron asesinados y 16 resultaron heridos por armas de fuego cuando la policía disparó para dispersar una manifestación en la cual participaban 6.000 mineros en huelga que habían cortado una de las principales carreteras de Chala, en la provincia de Caravelí. Una mujer que no participó en los eventos habría muerto a causa de un infarto. En septiembre, 61 policías habían sido acusados.
Continúa la controversia en torno a las circunstancias de la muerte de 33 personas (23 policías y 10 civiles) en junio de 2009 como resultado de enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes indígenas en las provincias de Utcubamba y Bagua, en el Amazonas peruano. Una comisión de investigación designada en julio de 2009 señaló como principales responsables a los manifestantes indígenas y a la intervención de ?actores externos?. No obstante, dos de los comisionados, entre ellos un representante indígena, se negaron a firmar el informe de la comisión. Publicaron un informe minoritario, donde se citan pruebas de que los manifestantes no estaban armados cuando la policía comenzó a dispararles. En mayo de 2010, el líder indígena Alberto Pizango, acusado de instigar la protesta, fue arrestado por el delito de sedición e incitación al regresar de su exilio en Nicaragua. Ningún ministro o jefe de policía ha sido procesado por el modo en que se respondió ante la protesta.
En agosto de 2010, el presidente emitió un decreto que permitiría a las fuerzas armadas enfrentarse a un ?grupo hostil? en el marco de operativos de seguridad. La definición de ?grupo hostil? emplea términos vagos e incluye a personas con armas punzo-cortantes o contundentes, como piedras, y esto despierta el temor de que se utilice el decreto para justificar el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes indígenas.
Tortura y maltrato
La tortura continua siendo un problema. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos continúan denunciando casos de golpizas por parte de policías y patrullas municipales. También han informado sobre la victimización de conscriptos militares por parte de sus superiores, como el caso de un soldado que cumplía el servicio militar en Iquitos y que, en agosto de 2010, habría sido obligado a tragar llaves por un mayor del Ejército luego de una discusión. Es común que la justicia clasifique los casos de tortura según la gravedad del daño infligido. Así, cuando las heridas son de menor gravedad, se las considera ?lesiones?, un delito que contempla una pena menor y que suele ser excarcelable.
Derechos reproductivos
En Perú, las leyes y políticas restrictivas sobre aborto, que en general penalizan esta práctica y sólo brindan pautas imprecisas sobre cómo obtener un aborto lícito, inciden en las cifras de muerte y discapacidad materna. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el estado peruano, al no haber practicado un aborto a una adolescente para interrumpir su embarazo anencefálico, había violado diversos derechos humanos, incluido el derecho a no ser objeto de torturas, y que el gobierno tenía la obligación de asegurar que no se repitiera una situación similar en el futuro. Pese a esto, y a las fuertes presiones de organizaciones de la sociedad civil peruana, el gobierno aún no ha adoptado pautas claras para la práctica de abortos legales.
Libertad de los medios de comunicación
Los periodistas de las provincias de Perú están expuestos a intimidación y amenazas. Algunos periodistas que informan sobre abusos cometidos por funcionarios de gobierno locales han sido agredidos e incluso asesinados por personas que apoyan a las autoridades municipales o trabajan para ellas.
En octubre de 2010, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones restableció en forma provisoria la licencia de transmisión de Radio La Voz de Bagua, una estación de radio local del Amazonas peruano, cuya licencia había sido revocada en junio de 2009 luego de que el Ministro del Interior y varios miembros del partido del presidente, la Alianza Popular Revolucionaria, acusaran a dicho medio de incitar a la violencia durante su cobertura de los disturbios en Bagua.
Defensores de derechos humanos
Los partidarios del ex Presidente Fujimori en el Congreso, así como algunos altos funcionarios del gobierno, han intentado activamente desacreditar a las ONG que promueven la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Estas ONG han sido acusadas sin fundamentos de tener afinidad con grupos terroristas o de desprestigiar a las fuerzas armadas.
En los últimos años, diversas ONG que defienden derechos indígenas y ambientales en zonas afectadas por actividades de minería han sido objeto de amenazas y persecución judicial, y acusadas de organizar o participar en protestas. El gobierno revocó intempestivamente el permiso de residencia del ciudadano británico Paul McAuley, miembro laico de una congregación católica y presidente de la asociación ambientalista Iquitos en el Amazonas peruano, quien ha vivido en Perú durante 20 años.
Actores internacionales clave
Luego de su visita al Perú en septiembre de 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo señaló respecto del Decreto 1097, sobre el uso de la fuerza por el Ejército, que ?probablemente dará pie a violaciones del derecho?. También expresó su preocupación ante la posibilidad de que el decreto permitiera el uso injustificado de la fuerza contra manifestantes que no estén armados.
En septiembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación de que el Decreto 1097 permitiera que ?queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos?.
Fuente: Informe mundial de derechos humanos 2011 ? HRW
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Es Noticia, Audiencia CIDH: Justicia militar e Impunidad en el Perú – 26/10/2010 18:35:33
“La Comisión manifestó su preocupación e indicó que hará seguimiento al problema de la Justicia Militar en el Perú
El Estado Peruano no pudo responder satisfactoriamente las interrogantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ? CIDH, respecto de los quince delitos penales que fueron reintroducidos en el Código Penal Militar, y que permitiría que los militares; que cometan delitos comunes o de violación a los derechos humanos, sean de competencia del fuero militar.
Esto se dio en la audiencia sobre ?Justicia militar e Impunidad en el Perú?, en el marco del 140 periodo de sesiones de la CIDH.
La audiencia, solicitada por el Instituto de Defensa Legal ? IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ? CNDDHH, contó con la participación por parte del IDL de David Lovatón Palacios y Carlos Rivera Paz y, en representación de estado peruano, con el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, Carlos Mesa Angosto, la Procuradora Supranacional de Derechos Humanos, Delia Muñoz; el Fiscal, Víctor Cubas Villanueva, y la abogada del Ministerio de Defensa, Paola Fune.
Cabe señalar que esta sesión, tenía como objetivo mostrar la situación de la justicia militar y la actuación de las Fuerzas Armadas en el país, y la necesidad de reformar los decretos legislativos 1094 (nuevo Código Penal Militar Policial), 1095 (Ley de uso de la fuerza), 1096 (fuero militar y policial), así como la ley N? 29182 (Ley de organización y funciones del fuero militar policial); para que se ajusten a los estándares internacionales.
El representante del IDL, David Lovatón, señaló que los decretos legislativos aprobados, implican la creación de un círculo de impunidad a favor del personal militar y eso se refleja en la introducción de los 15 delitos penales (que anteriormente el Tribunal Constitucional ? TC había retirado de la competencia del Fuero Militar por no encajar dentro del concepto de delito de función). Además, indicó que con esta normatividad, específicamente el Decreto 1095, las fuerzas armadas intervienen ilícitamente en el orden interno para reducir las protestas sociales, configurándose esto como un claro caso de criminalización de la protestas.
Por su parte, el Presidente del Fuero Militar Policial, Mesa Angosto, indicó que lo dicho por los peticionarios es ?incorrecto? y que, con su exposición, iba destruir el ?mito? creado por el IDL y la CNDDHH en relación a que el fuero militar propicia la impunidad.
En este sentido, señaló que el TC había definido que el concepto de delito de función puede variar según las circunstancias, y que, la competencia de la Justicia Militar, se adecuaba a este.
A su turno, los Comisionados mostraron su preocupación respecto a la participación de militares para el control de manifestaciones públicas y preguntaron, a los representantes del Estado, si las Fuerzas Armadas estaban capacitadas para cumplir funciones de orden interno. El Estado nunca llegó a responder esa pregunta.
Otra de las interrogantes fue la expuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González, quien pidió al Estado ?mayor información?, dado que el Presidente del Fuero Castrense, Carlos Mesa, no terminó de contestar su consulta sobre los 15 delitos reintroducidos al Código Penal Militar. El Estado peruano tampoco absolvió adecuadamente las interrogantes de los Comisionados.
Finalmente, el Presidente de la CIDH, señaló la importancia histórica que el organismo da a este tema, y manifestó que los Comisionados harán seguimiento al mismo. (Nota de IDL)
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