El proceso penal y La Corte Interamericana
Información: TC: Pronunciamiento sobre caso Conga sería emitido entre mayo y junio – 19/01/2012 15:18:08
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Ideeleradio.- El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el caso Conga podría darse entre mayo y junio, si es que se admite a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público contra la ordenanza regional de Cajamarca que declara inviable este proyecto minero, estimó Ernesto ?lvarez, presidente del máximo intérprete de la Carta Magna.
?El Tribunal ya está estudiando la admisibilidad o la próxima semana debe salir la resolución de admisión, salvo que haya un impedimento de índole estrictamente procedimental, pero de no ser así es seguro que salga la próxima semana?, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
?Posiblemente la vista de la causa se efectúe en marzo porque tenemos que notificar a la otra parte y esta tiene 30 días. Allí el Tribunal no va a poder apresurarse más allá de los plazos que el proceso le permite a ambas partes el Código Procesal Constitucional. De forma tal, que es prácticamente imposible un pronunciamiento del TC antes de fines de abril o con mayor sensatez estemos hablando entre mayo y junio?, refirió.
?lvarez Miranda consideró que tanto la demanda planteada y la emisión de una ordenanza regional de Cajamarca sobre el proyecto Conga representan un tema delicado y complejo, y estimó que por ello no cabe un desmesurado apresuramiento. Manifestó lo que está en discusión es la necesidad de desarrollo versus la defensa del medioambiente y de los derechos de las comunidades.
?Tampoco cabe un apresuramiento desmesurado [en el caso Conga], entendemos que la situación es delicada, pero no deja de ser complejo el tema por cuanto de por medio está la necesidad de desarrollo y crecimiento, y también de por medio está la necesidad de defender el medioambiente y de garantizar la no afectación a las comunidades que pueden ser implicadas en un proyecto de tan grande envergadura?, argumentó.
El TC, el PJ y los delitos de lesa humanidad
El magistrado dijo, por otra parte, que el Tribunal Constitucional ha establecido las características esenciales del delito de lesa humanidad, al recoger la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, anotó que es atribución de su organismo el hacer una revisión en torno a la correcta o incorrecta tipificación de los procesos penales que puedan estar violando o no derechos de los procesados.
?Allí cabe la atribución que el Tribunal siempre ha tenido que ver en última revisión, el control constitucional en torno a los procesos penales que puedan estar violando derechos fundamentales de algunos procesados, en tanto y en cuanto, no corresponde el tipo aplicado a los hechos producidos?, explicó.
?Hay que tener cuidado y solamente este control ?que no es usual en el TC pero que sí existe una atribución para hacerlo? no sirva para la impunidad ni para aquellos para los que han cometido delitos de barbarie, como en el caso Accomarca en el cual el Tribunal ha mencionado que de una forma o de otra existiendo delito de lesa humanidad, los plazos han sido interrumpidos por diversos instrumentos destinados a la impunidad y, por lo tanto, lo que están en curso deben someterse al proceso penal?, dijo.
En otro momento, estimó que se ha perdido la perspectiva respecto a que por regla general las personas deben someterse a un proceso penal en libertad y que la carcelería es la excepción a la regla. Sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene en este ámbito, una tarea pendiente.
?Hay que fortalecer la capacidad interpretativa de los jueces ordinarios para tratar de blindarlos del embate mediático que muchas veces está sometido a temas de coyuntura y es efectivamente la soledad del juez especialmente de primera instancia y de provincia la que hace de que no se encuentren en las condiciones adecuadas?, detalló
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Información: Organizaciones feministas desmienten a Rafael Rey – 02/06/2011 5:00:00
“Precisan. Sobre caso de esterilizaciones forzadas. Aclaran a vocero fujimorista que denuncias sobre política de Estado de gobierno de Fujimori fueron hechas en los 90.
Francesca García.
Las declaraciones de Rafael Rey encaminadas a desestimar las denuncias de las organizaciones pro derechos de las mujeres sobre el tema de las esterilizaciones forzadas fueron desmentidas por sus representantes, quienes, tras aclarar que los hechos fueron alertados por sus instituciones desde la década del 90, rechazaron que estuvieran de acuerdo con estas prácticas.
?Existieron las denuncias, pero para el Estado peruano, la Fiscalía ya hizo su trabajo y archivó el caso al no encontrar más que delitos comunes. Y el paso del tiempo hizo que prescriban?, sostuvo María Ysabel Cedano, representante de Demus, en conferencia de prensa.
Se alertó a Alberto Fujimori
Precisó que existe documentación que prueba que desde el año 1996 organizaciones como el movimiento Manuela Ramos, Flora Tristán y Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) remitieron oficios al entonces presidente Alberto Fujimori, alertando sobre estas prácticas.
Frente a la afirmación de Rey, quien sostuvo que si bien las esterilizaciones forzadas fueron una realidad y que en la práctica afectó solo a algunas mujeres, Cedano respondió que aquella no se limitó a una mala praxis, sino que había responsabilidad en gobernantes.
?Existió como una política de Estado, donde los médicos eran dirigidos a cumplir metas y se les brindaba incentivos por el número de esterilizaciones que realizaran?, agregó Cedano.
Detalló que, al momento, las asociaciones mencionadas han presentado dos nuevas denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentran en proceso de admisibilidad.
?Por ello, esto no puede ser solo un asunto de coyuntura, nos interesa que la prensa siga el proceso?, subrayó.
Niegan apoyo a Humala
Lis Meléndez, representante del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, mostró su preocupación porque la candidatura de Keiko Fujimori tiente la posibilidad de colocar una vez más en el gobierno a personajes que avalaron estas prácticas, como el ex ministro Alejandro Aguinaga.
?No estamos a favor de ninguna candidatura, nos pronunciamos frente a acciones pasadas que consideramos antidemocráticas. Que quede claro que este no es un asunto de coyuntura?, manifestó.
En tanto, Jennie Dador, representante de Manuela Ramos, informó sobre una supuesta censura de los canales de televisión de señal abierta, luego de que su organización presentara un spot informativo sobre las esterilizaciones forzadas, que además incluye testimonios.
?La respuesta que hemos recibido es que no tienen espacio para ello?, informó Dador.
Exigen aclaración a Omar Chehade
Luego de que el candidato a la primera vicepresidencia por Gana Perú, Omar Chehade, declarara en un programa de televisión que algunos malos elementos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos habrían comprado testigos en el caso de Madre Mía, en desmedro de la candidatura de Ollanta Humala, la institución liderada por Rocío Silva Santisteban solicitó una rectificación pública al ex procurador.
?Nunca ningún abogado de la CNDDHH en el desarrollo de procesos penales ha realizado acciones como la que usted señala, ni ?compras de testigos? y mucho menos para el referido proceso penal, en que nuestra labor fue de denuncia, acompañamiento y asesoramiento a los familiares de las víctimas?, señala el documento.
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Información: Mesía: Fallo del TC sobre Caso Fujimori debería ser resuelto después de la segunda vuelta – 26/01/2011 11:11:44
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Ideeleradio.- La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori contra la sala suprema que confirmó su sentencia de 25 años de prisión debería resolverse en mayo, después de la segunda vuelta, porque el TC no quiere ser utilizado o manoseado en el proceso electoral, opinó Carlos Mesía, titular del máximo intérprete de la Carta Magna.
Fue al comentar la audiencia pública que se desarrollará esta mañana en la sede del TC, donde los magistrados escucharán los alegatos a favor y en contra del abogado César Nakazaki, así como de la Procuraduría del Poder Judicial.
?En lo particular, yo pienso que este tema debería ser resuelto por el Tribunal Constitucional en mayo, incluso después de la segunda vuelta, sin embargo, tiene sus pros y sus contras, en fin es una decisión que hoy vamos a discutir, no es el único caso?, sostuvo en conversación con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
?Después de la audiencia los magistrados no vamos a reunir, le hemos pedido a los funcionarios que nos traigan los casos que podrían tener alguna implicancia con el proceso electoral porque el TC no quiere aparecer como utilizado o manoseado en el proceso electoral?, remarcó.
El magistrado indicó que su postura será discutida en el pleno del TC porque también debe tomarse en cuenta que se trata de una acción de hábeas corpus, que debe tramitarse rápida y preferentemente. ?Siete cabezas piensan mejor que uno, yo lanzo nomás lo que puede pasar?, declaró.
Mesía Ramírez opinó que el TC no quiere entrar a tallar en las suspicacias que se generan, por ejemplo, en las denuncias contra el candidato Ollanta Humala por el caso Madre Mía, el caso de la Fundación Pachas que compromete al postulante Alejandro Toledo y el referido a la ?niña sirenita? que involucra a Luis Castañeda Lossio.
Caso Kouri es un antecedente
Agregó que existe un antecedente en el TC sobre una medida similar, al recordar que el ex candidato a la Municipalidad de Lima, Alex Kouri, solicitó que el proceso que se le sigue por las presuntas irregularidades en la construcción de la Vía Expresa del Callao se resuelva luego de las elecciones municipales.
?No es el único caso, por ejemplo, en la campaña electoral municipal había un proceso planteado por el señor Kouri que pedía que no se le investigara por el tema del peaje, y nosotros decidimos no ver ese caso hasta después de las elecciones. Entonces hay un antecedente?, manifestó.
Procesos solo pueden traerse abajo por gruesos errores
El titular del TC aseguró que los magistrados de este organismo serán cuidadosos en evaluar el habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Fujimori a fin de no entorpecer el impecable trabajo realizado por el Poder Judicial durante el juicio al exmandatario.
?Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Europea y la doctrina procesal más respetada en materia de derecho constitucional, sostiene que el debido proceso para que pueda ser declarado fundado tiene que ser un grueso error, no puede ser una mala notificación. De manera que en ese sentido el Tribunal va a ser muy cuidadoso. Si no hay un grueso error no tendríamos por qué traernos abajo un proceso que está terminado?, afirmó.
Pastor podría ser investigado por indulto a Crousillat
En otro momento, el magistrado no descartó que la investigación que se sigue a un grupo de funcionarios por haber inducido al error al jefe de Estado en el trámite del indulto a favor de José Enrique Crousillat, alcance también al ex ministro de Justicia Aurelio Pastor.
No obstante, indicó que las autoridades deberán evaluar el nivel de participación de Pastor Valdivieso en este tema. El TC declaró nulo el indulto concedido a Crousillat López Torres, tras declarar infundada la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa.
?Parece ser que ha habido la comisión de delito [en el documento que se le entregó al presidente] porque el señor Crousillat está investigado por este tema. [?] Eso ya es materia de investigación del Poder Judicial que tengo entendido ha abierto proceso penal contra los funcionarios involucrados. [?] A mí me parece, que si tiene responsabilidad pues tendrá que llegar hasta el [ex] ministro de Justicia [Aurelio Pastor], pero habría que ver cuál es su grado de participación?, expresó.
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Es Noticia, IDL rechaza acusaciones que lo vinculan con SL – 15/12/2010 11:23:42
“Giampietri, los Wikileaks y el Frontón
Por Ernesto de la Jara
Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República y congresista, volvió a arremeter con todo contra el IDL. Esta vez se ha valido del registro de una información en los wikileaks.
La información a la que se refiere el almirante en retiro Giampietri, según los medios de comunicación que han dado cuenta de ella, es la siguiente: El 14 de febrero del 2006, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), contralmirante AP(r) Julio Raygada García, le entregó un reporte al entonces embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, quien lo remitió a Phyllis Powers, consejera norteamericana del Departamento de Estado. En ese reporte, se afirma que el IDL y su proyecto Justicia Viva desempeñan el papel de propagandistas y defensores de Sendero Luminoso.
A partir de este registro, Giampietri se ha atrevido a decir por todas partes que esta vez existen evidencias que permiten concluir que el Instituto de Defensa Legal (IDL) es una organización defensora de Sendero Luminoso.
Nos parece tan absurda la acusación, que la primera respuesta que nos nace es: ?nos descubrieron! Por fin el almirante Giampietri gana una batalla. Después de 27 años de existencia, logró desenmascararnos y demostrar que somos de SL.
Y lo somos nada menos en el ?2010!, cuando, felizmente, SL esta estratégicamente derrotado, y solo tiene una presencia focalizada -peligrosa, es cierto- en el VRAE, en el Huallaga y en algunos lugares más del país. No solo entonces, somos terroristas, sino tontos, ya que, corriendo todo tipo de riesgos, estamos vinculados a un grupo que no tiene ningún futuro.
La falsedad y arbitrariedad de las afirmaciones de Giampietri contra el IDL saltan a la vista una vez más.
Es obvio que estamos ante una afirmación unilateral de un funcionario de la DINI, sin haber estado acompañada de prueba alguna, que el embajador norteamericano se limitó a trasmitir, como lo suelen hacer todas las embajadas con ese tipo información.
Efectivamente, todo el mundo sabe que ese es el carácter de gran parte de la información que desde las embajadas se envía a Washington. Muchas veces, es, simplemente, el registro de lo que se dice, de una percepción, sin importar si es verdad o no, si hay pruebas o no.
En caso contrario, habría que asumir algo absolutamente absurdo: toda información transmitida por una embajada norteamericana, que aparezca en los wikileaks, debe ser asumidas como cierta.
Darle valor probatorio a esa declaración unilateral y sin pruebas tratando de sorprender a la opinión pública, como lo ha hecho Giampietri, vuelve a hablar muy mal de él, y no de nosotros.
La doble moral del Almirante Giampietri se manifiesta cuando en relación al posible vínculo de altos militares con el narcotráfico, denuncia que aparece en los wikileaks, niega toda posibilidad de que sea verdad. Y eso que en este caso no se trata de una información unilateral proveniente de un organismo como la DINI, sino de ?un informante? que trabajaba en ese entonces para la DEA, un órgano dedicado a la lucha contra el narcotráfico, vinculado directamente con la embajada de Estados Unidos.
?Por qué frente a posibles relaciones de altos mandos militares con el narcotráfico, Giampietri quiere cerrar cualquier tipo de investigación? ?l como vicepresidente, congresista y ex almirante debería ser uno de los más interesados en que se esclarezca esta gravísima denuncia.
De otra parte, si la DINI hubiera tenido la más mínima prueba de una relación de nuestra institución con SL, no se entiende por qué en ningún momento se nos investigó o acusó. Esto demuestra que lo que puede haber dicho Raygada es solo parte de las campañas de desprestigio que determinados sectores de militares, vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, desde hace mucho años vienen realizando contra la labor que, en sentido opuesto, cumple nuestra institución.
Recordemos todo lo que ha dicho y hecho Giampietri contra nuestra institución, lo cual lejos de habernos debilitado, nos ha servido como propaganda y para fortalecernos en nuestras convicciones:
- Innumerables ataques verbales contra nosotros.
- Ha tratado infructuosamente de que se nos cite a la comisiones de Defensa y de Inteligencia del Congreso.
- Sus declaraciones fueron determinantes para que APCI decidiera volvernos a investigar, cuando ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores, las que, supuestamente, habíamos salido sorteados dos veces consecutivas.
- Sus amigos de Expreso, La Razón y Correo nos acusaron de conflictos de intereses por haber participado en la Comisión de Indulto, lo que motivó un pronunciamiento de la fiscalía a favor nuestro, en el sentido de que no había ninguna razón para ni siquiera abrir una investigación.
- Hace poco, el también fujimorista Rolando Sousa, congresista de la República, trató de ?sin logarlo, también- se nos investigara, por enseñar en la Academia de la Magistratura.
?No es esto una persecución contra el IDL, de parte de Giampietri, abusando de sus cargos y de su inmunidad parlamentaria?
Una vez más, como le hemos hecho desde el comienzo de la década de los 80, y en todo momento, expresamos nuestra total condena frente a SL y el MRTA, y frente a todo grupo que recurra a métodos terroristas o violentos, o defienda proyectos políticos totalitarios. Allí están nuestros pronunciamientos, publicaciones y actividades que lo demuestran, además de las amenazas de las que fuimos objeto por parte de SL en diversos momentos.
Solo dos palabras explica por qué Giampietri nos tiene tanta animadversión: El Frontón.
El IDL ha patrocinado el caso de Durand-Ugarte personas que murieron en la matanza que se produjo en el penal de El Frontón (junio de 1986), luego del violento motín realizado por los senderistas. El caso se ganó a nivel de la Corte Interamericana, Tribunal Internacional que falló a favor de la responsabilidad del Estado peruano, ordenado cumpla con su obligación de investigar, procesar y sancionar los hechos ocurridos.
Inicialmente la fiscalía cerró el caso, pero la Corte consideró que de esa manera no se había cumplido con su mandato, volviendo a ordenar lo mismo.
Fue así que, el proceso penal por dicha matanza se inició en enero del 2005. En ese momento se abrió proceso contra 10 efectivos de la marina, por el delito de asesinato. Posteriormente en enero de 2009 se abrió un segundo proceso por los mismos hechos contra otros 23 efectivos de la marina. En mayo de 2010 se acumularon los dos procesos.
Es cierto que en este proceso, que Giampietri solo tiene la condición de testigo. Sin embargo hay que considerar tres hechos fundamentales: 1) La condición de testigo puede ser variada de testigo a procesado en cualquier momento. 2) En setiembre de 2009 la fiscal superior Luz Ibañez opinó que en el proceso solo estaban comprendidos los autores materiales del crimen y por ello solicitó que se identifique a los autores mediatos del crimen. 3) El Poder Judicial ha calificado a este delito como un crimen de lesa humanidad.
Si Giampietri procede de una manera tan prepotente y arbitraria contra una institución como el IDL, que desde hace 27 años viene actuando abiertamente en defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos, con el reconocimiento y respaldo de muchos sectores del país y de la comunidad internacional, y a la vista de todo el mundo nos preguntamos ?cómo podría ser su actuación frente a más de 100 personas, presas, derrotadas, echadas en el suelo, boca abajo, con las manos atadas hacia atrás y con pánico por lo que les pudiera pasar?
Pero nosotros, el IDL, no estamos presos, ni en el suelo, ni con las manos atadas, ni tenemos nada que temer.
Recurriremos a todos los medios legales nacionales e internacionales para defendernos de los ataques de Giampietri y de los fujimoristas en general que abusan de sus cargos para impedir que desde la sociedad civil se defienda la democracia y los derechos humanos y se impulse la lucha contra la corrupción y la impunidad en general.
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Es Noticia, Veintena de casos de violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado están paralizados en fiscalías y juzgados de 7 regiones del país – 13/12/2010 13:25:19
“El 97% de casos registrados por la CVR no se investigan y el otro 3% asumido por las autoridades sigue trunco
Sólo 3 investigaciones están a nivel judicial. Organizaciones piden intervención multidisciplinaria y creación de fiscalías especializadas
Si las investigaciones por violaciones de derechos humanos en general no avanzan, dentro de este grupo los casos por violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado interno son los más postergados. Desde 2004, una veintena de procesos se encuentran congelados al punto que en la mayoría de casos ni siquiera se han tomado las manifestaciones de las víctimas.
Hasta inicios de este año se registraron 16 casos, 13 en investigación preliminar en el Ministerio Público y tres con apertura de proceso penal en Lima, Cusco y Ayacucho, entre los cuales se encuentra la investigación por violacion sexual a mujeres en las bases militares de Manta y Vilca de Huancavelica. Este es el primer caso de este tipo que fue judicializado.
Aunque las violaciones contra mujeres se perpetraron por lo menos en 15 regiones del país durante los años de violencia (1980-2000), la veintena de casos está congelada en las fiscalías y juzgados de siete regiones: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Junín, Pasco y Lima.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró 538 casos de violaciones sexuales en los años del conflicto, de los cuales no se ha investigado el 97%.
Se cometieron violaciones a los derechos humanos muy graves ?ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y masivas y sistemáticas violaciones sexuales a mujeres ?, especialmente en zonas rurales del país que se encontraban bajo el control militar y en estado de emergencia.
Las violaciones sexuales fueron frecuentes como método de tortura, castigo o represalia. Los principales responsables son agentes estatales, especialmente del Ejército.
La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Asociación Paz y Esperanza y DEMUS han asumido la defensa legal de la mayoría de las víctimas y exigen que el Ministerio de Defensa brinde información para que se conozca a los responsables directos y a sus jefes que no sancionaron estos hechos y que en muchos casos los encubrieron.
CONGELADOS EN AYACUCHO
En Ayacucho se concentra más del 50 por ciento de los casos, por lo menos 9 en las fiscalías supraprovinciales, según el Instituto de Defensa Legal.
Entre los casos simbólicos que siguen truncos en la fiscalía de Ayacucho figura el de Georgina Gamboa, quien fue violada por efectivos policiales de Vilcashuamán en los 80. El caso fue archivado por el Poder Judicial en 2004. Ese año, Georgina dio su testimonio en una audiencia pública de la CVR y se presentó una nueva denuncia al Ministerio Público patrocinada por COMISEDH. Georgina espera justicia desde hace 28 años.
La violación contra ocho mujeres del pueblo de Llusita en Ayacucho también sigue impune, en gran parte, porque las autoridades fiscales fragmentaron los hechos perpetrados en 1983, lo cual no permite explicar con claridad el contexto en que ocurrieron, así como identificar a los presuntos responsables y a sus jefes que consintieron estas prácticas. La violación fue perpetrada por militares de la base de Cangallo.
A pesar de la gravedad de los hechos, hay investigaciones que han sido archivadas como el de María Elena Loayza Tamayo. En este caso el delito prescribió no obstante que el Estado se comprometiera a investigar este crimen por mandato de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CRITERIOS INS?LITOS
En la mayoría de casos las autoridades pretenden investigar estos crímenes desde sus despachos, tampoco consideran en el proceso la verg?enza y el miedo de las víctimas. Además, exigen, de manera absurda, exámenes ginecológicos de reciente data como pruebas.
?Las investigaciones por estos delitos deberían realizarse a través de equipos multidisciplinarios (psicólogos, médicos, abogados, antropólogos, historiadores y otros) con amplia experiencia, reconocimiento en las zonas y dominio del quechua o lengua nativa?, manifestó el responsable del área legal COMISEDH, Gustavo Campos.
El abogado recordó que un criterio que establecen los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tomar como cierto la versión de la víctima, que se corrobora con otros indicios o pruebas. Sin embargo, esto no es considerado por los operadores de justicia en el Perú.
?No puede haber una intervención tradicional en estos casos porque no se tratan de delitos comunes. Debe crearse fiscalías especializadas con este propósito?, aseguró el responsable del área legal de IDL, Carlos Rivera.
Las organizaciones que acompañan a las víctimas, piden a las autoridades que tomen medidas para hallar a los responsables de estos casos horrendos que hoy son los más postergados en la búsqueda de justicia.
Lima 12 Diciembre de 2010
COMISEDH ? APRODEH ? IDL ? PAZ Y ESPERANZA ? DEMUS
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