LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE CONTROL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
noviembre 3rd, 2010 by admin
BALANCE DE LAS AUDITORÍAS DE PROGRAMAS POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
La implantación en España del presupuesto por programas en 1984 constituyó un punto de inflexión en la reciente historia de la institución presupuestaria, que se complementó en 1989 con la instrumentación de un sistema de seguimiento de objetivos, en un entorno favorable a la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, así como a la aspiración democrática de optimizar la asignación de recursos presupuestarios.
A través de la penetración de este modelo, se pretendía combatir, por un lado, la tendencia tradicional al incrementalismo en determinados capítulos de gasto, mientras que, de otra parte, y en sentido contrario, se comprometía a introducir rigor en los recortes de las pretensiones presupuestarias de los diferentes Departamentos ministeriales, toda vez que, en muchas ocasiones, y frecuentes supuestos existen actualmente todavía, los ajustes se practicaban arbitrariamente. Tras dos décadas de experiencia en el control de programas, la aplicación de las técnicas de comprobación financiera por parte de los órganos de control interno y externo en nuestro país ha evidenciado múltiples debilidades y resistencias al pleno desenvolvimiento de un sistema de presupuestación y gestión por objetivos, circunstancias que han demorado la implantación plena del modelo y el aprovechamiento de todas sus utilidades como sistema de medición de las capacidades de la gestión administrativa.
En particular, tres son las debilidades más destacadas que han condicionado la implantación del modelo
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por un lado, la inexistencia masiva de instrumentos internos de planificación estratégica, esto es, técnicas de programación que permitan establecer objetivos y líneas o planes de actuación sujetos a seguimiento. En efecto, es habitual que los órganos gestores consideren la planificación y la programación como fases previas del proceso de presupuestación pero insertadas en ésta, de tal modo que conciban exclusivamente que presentan resultados de cara a la actividad que desarrolla la Dirección General de Presupuestos. Por tanto, desde el punto de vista del gestor directo del programa, no existen beneficios directos de la planificación estratégica, sino que, por el contrario, ésta constituye una carga inasumible en términos de mayor burocracia. En suma, esta resistencia produce finalmente una falta de credibilidad en el modelo que afecta no solamente al establecimiento del plan inicial, sino también a su seguimiento y al suministro de información para su control.
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por otro lado, la deficiente fijación de objetivos, cuya formulación se realiza de manera heterogénea, difusa y no cuantificable. Ligado a este déficit general de idoneidad de los objetivos, se halla la corriente falta de identificación o identificación imprecisa de los responsables del programa, lo que diluye severamente el proceso subsiguiente de exigencia de responsabilidades.
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por último, la formulación de los indicadores ha sido mayoritariamente defectuosa, toda vez que no se han articulado de forma clara y precisa. Asimismo, no son infrecuentes los casos en que los indicadores son irrelevantes, escasamente fiables y con dudosa dependencia del objetivo que aspiran a ponderar.
El balance de los trabajos llevados a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado a lo largo de estos años es resumido por Pérez Pérez (2005), quien condiciona el avance de las técnicas de presupuestación por programas y seguimiento de objetivos a los siguientes factores:
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los gestores públicos, responsables de las realizaciones de sus programas, deben practicar una auténtica gestión por objetivos, ejerciendo un seguimiento continuado que permita autocontrolar la realización objetiva y eficiente de sus objetivos
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el cambio cultural debe prender no sólo en los titulares de los órganos responsables de la gestión sino también, y de manera singular, en todo el personal de la organización administrativa, a cuyo fin es indispensable potenciar los incentivos para su asunción. En este sentido, si bien la puesta en marcha de esta nueva forma de gestión ha penetrado de manera evidente en la organización administrativa del Estado, es necesario seguir creando un contexto cultural favorable para favorecer la profundización en estos nuevos hábitos
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los sistemas específicos de seguimiento deben adecuarse a las peculiaridades del programa o del plan de actuación cuyo resultado se pretende medir, ligando el análisis de cumplimiento a la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad de los servicios públicos
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la definición correcta de objetivos es la clave del modelo. Los responsables de los programas han de determinar unos objetivos comprensibles, mensurables, y ejecutables, coherentes con las decisiones prioritarias de políticas públicas. No faltan en los informes emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado recomendaciones dirigidas a que la expresión de los objetivos sea más específica, puesto que algunos adolecen de excesiva generalidad. Del mismo modo, en el supuesto de programas de actuación plurianual, la Intervención General de la Administración del Estado viene demandando mayor concreción anual en el establecimiento de objetivos.
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la determinación de indicadores como escala de análisis de seguimiento exige un esfuerzo de adaptación del patrón de medida a los objetivos perseguidos. Sin embargo, como ha detectado la Intervención General de la Administración del Estado, se recurre excesivamente a indicadores económicos y financieros, que únicamente permiten evaluar el grado de ejecución del presupuesto de gastos. De hecho, los indicadores de materialidad física, en algunos supuestos no existen, y en otros casos, son inadecuados para determinar el grado de realización de los objetivos. En resumen, los sistemas de medida no se configuran, en determinados supuestos, en términos de utilidad a los destinatarios de acuerdo con sus respectivos intereses
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En definitiva, en una evolución hacia formas más perfectas de técnicas de control, la función del evaluador no sólo debe limitarse al contraste del cumplimiento de los objetivos, sino que ha de avanzar un paso más, y manifestar opinión sobre el interés y la utilidad del programa considerando alternativas, análisis de impactos regulatorios y socioeconómicos, dentro de la interacción que existe entre los programas y las grandes políticas públicas de gasto.
La experiencia reciente en el proceso de asignación de recursos presupuestarios invita a introducir mejoras en las funciones de control pero también en los futuros procesos de elaboración de los presupuestos, y ello en un triple sentido:
mediante el perfeccionamiento de los sistemas de seguimiento, y, en especial, mediante la identificación precisa y funcional de los objetivos y de los indicadores de cumplimiento
mediante la incorporación de incentivos para el desarrollo de buenas prácticas de gestión en el procedimiento de asignación de recursos
mediante el suministro de una información útil y suficiente que haga posible que el control de programas sea eficiente.
es necesario perfeccionar el sistema de información actual, en una combinación que permita integrar tanto la autoevaluación, como el control financiero de programas y la evaluación de impactos, con el objeto de dar respuesta a las siguientes cuestiones:
las alternativas para avanzar en eficacia y eficiencia en el diseño y puesta en marcha de objetivos presupuestarios
la viabilidad y la oportunidad del mantenimiento de los programas en su diseño presente
las oportunidades de mejora sobre los objetivos actuales
la existencia de sinergias con otras políticas públicas o, por el contrario, la concurrencia de interferencias indeseables
la percepción del ciudadano sobre la utilidad y efectividad de las políticas públicas
la viabilidad y la oportunidad del mantenimiento de los programas en su diseño presente
las oportunidades de mejora sobre los objetivos actuales
la existencia de sinergias con otras políticas públicas o, por el contrario, la concurrencia de interferencias indeseables
la percepción del ciudadano sobre la utilidad y efectividad de las políticas públicas
Fuente: UNED España



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