México se juega su “futuro democrático” en elecciones de junio, afirma el INE y DILMA DE NUEVO

México se juega su “futuro democrático” en elecciones de junio, afirma el INE 2015-02-03 14:06:45

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, señaló que el proceso va a ser "una de las elecciones más complejas, sino la más compleja, de las que ha enfrentado el país".

México. El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, afirmó este martes en una entrevista con Efe que el país se juega su “futuro democrático” en las elecciones a diputados y a autoridades locales del próximo 7 de junio, amenazadas por la inseguridad y las protestas sociales.

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DILMA DE NUEVO 2015-01-01 16:13:26

En una ceremonia bastante sobria, Dilma Rousseff asumió por segunda vez consecutiva la presidencia de Brasil, en lo que constituye el cuarto periodo del Partido de los Trabajadores al frente de la potencia sudamericana.

Sin entrar en detalles específicos, el mensaje de Rousseff dio las líneas matrices de su administración: ajustes económicos sin perder los avances sociales, política exterior que tendrá como prioridad a América Latina y las potencias emergentes, reforma política y lucha contra la corrupción.

La presidenta de Brasil parece haber entendido bien el mensaje dado por las urnas en octubre pasado. No se quieren perder las conquistas sociales ganadas durante los 12 años de gobiernos petistas, pero resulta claro que el país requiere recuperar el impulso de la inversión privada que tuvo en los mandato de Cardoso y Lula. Si algo adoleció el primer periodo de Dilma fue el estímulo necesario para que los sectores privados puedan aumentar sus negocios en el vecino del este.

Las prioridades dadas a la política exterior son llamativas. Bajo el periodo de Dilma, Brasil disminuyó la influencia que tenía hacia afuera. Rousseff se ha percatado que Itamaraty requiere tender más puentes con los países vecinos. Más allá que la toma de posesión se realizara el día de Año Nuevo, llamó la atención que varios presidentes de la región no acudieran – como el caso de nuestro presidente -. A pesar de lo que se pensaba al inicio de su mandato, las relaciones entre Perú y Brasil parecen haberse resentido un tanto, por parte de ambos lados- También resulta claro que, luego de las protestas sociales de los últimos dos años, el gobierno de PT buscará darle un mayor lustro a su política exterior y a su influencia. Por ello, no extraña que una de las prioridades sea una reforma del sistema de Naciones Unidas “para que refleje la nueva correlación de fuerzas en el mundo”, es decir, para que se reconozca su rol como potencia.

Dilma también es consciente que la calle ha pedido reformas políticas de fondo. El fragmentado congreso brasileño, proclive a las alianzas a cambio de prebendas – lo que genera corrupción -, tendrá que emprender un cambio de las reglas partidarias y electorales. Asimismo. la presidenta ha sido clara en que deberá enfrentar uno de los principales problemas del país: la corrupción. Los escándalos alrededor de Petrobras y de varias empresas constructoras brasileñas dentro y fuera de las fronteras generarán, por lo menos, mayor presión por cambios y reformas que blinden lo más posible al Estado de la penetración de este flagelo. Cabe recordar que hace 23 años un presidente, Fernando Collor de Mello, cayó por acusaciones de tráfico de influencias y sobornos.

Dada la importancia de Brasil en la región, será importante dar una mirada más detenida a los cambios prometidos el primer día del año. Pueden ser la diferencia crucial para determinar si es que Brasil podrá ser o no, por fin, una potencia digna de recibir tal nombre.

(Foto: EFE)

El crimen de lesa humanidad y los conflictos sociales 2013-01-17 15:29:25

Por Víctor Manuel Álvarez Pérez (*)

INTRODUCCIÓN

La protesta social se encuentra criminalizada en el Perú. Una serie de normas aprobadas en los años recientes nos lo muestra sin lugar a dudas. Allí tenemos el paquete de decretos legislativos 982, 983, 988 y 989 que, con el pretexto de mejorar la investigación y juzgamiento de la criminalidad organizada (incorporando normas procesales y sustantivas), no hizo otra cosa que establecer un arsenal de disposiciones que modificaron el ordenamiento penal y procesal penal en aspectos que no tienen mayor vinculación con el crimen organizado, dejando en claro que la intención fue siempre detener la protesta y la movilización social, criminalizándola.

Pero no solo se ha criminalizado la protesta, también se la ha militarizado.  En general, los conflictos sociales tienen una respuesta fácil en la apurada determinación de la intervención de las fuerzas armadas en las manifestaciones públicas de protesta para “conjurarlos”. Y ello encuentra también sustento y respaldo normativo. Desde la aprobación de la Ley Nº 29166, en diciembre de 2007, su Reglamento, Decreto Supremo Nº D.S. Nº 012-DE-CFFAA, en julio de 2008, hasta el Decreto Legislativo Nº 1095, de agosto de 2010, normas todas abiertamente inconstitucionales pero que, irónicamente, gozan de amplio respaldo político; se ha dispuesto la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional con el fin de garantizar la protección de la propiedad privada, el funcionamiento de entidades, servicios públicos esenciales, “resguardar puntos críticos vitales”, que no son determinados, y para asumir el control del orden interno o apoyar en el restablecimiento del mismo.

La combinación de estos dos elementos, criminalización y militarización de la protesta y del conflicto social, que se presentan no de forma aislada ni excepcional, sino que denotan una expresa intencionalidad, ha generado un escenario dramático de vulneración de derechos de manifestantes, dirigentes y líderes sociales y, en muchos casos, de población que no intervenía en lo absoluto en las protestas, en un accionar y despliegue de fuerza desmedido y arbitrario. De allí que resulta válido preguntarse si ello puede llegar a constituir  una vulneración sistemática o generalizada de derechos.

La criminalización, a través de normas que establecen nuevas figuras penales convirtiendo la protesta y expresiones de los reclamos sociales en delitos, o que exacerban las penas de figuras delictivas cuando se asocian a situaciones de manifestación pública o de protesta social, pretende constituir un bloque de legitimidad de esta respuesta estatal a la protesta social. El ingreso de las fuerzas armadas a la “lucha” contra los conflictos sociales no solo distorsiona el deber del Estado peruano (el gobierno de turno, más precisamente) de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Frente a situaciones de disturbios o desbordes sociales -que la presencia militar, sin duda, potencia- se militariza el control del orden interno.

El resultado es conocido: un número desbordante e intolerable de muertos en situaciones de protesta social y cientos o miles de heridos y mutilados.

Más precisamente, la pregunta clave es si este contexto permite hablar de la vulneración de derechos sustanciales de las personas, a partir de la comisión de hechos sumamente graves que pudieran considerarse como delitos de lesa humanidad. En principio, nuestra respuesta tendría que ser afirmativa, si analizamos los hechos a partir de la conceptualización de los crímenes de lesa humanidad con base a las características que se han ido definiendo o construyendo desde el Derecho Internacional consuetudinario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y sobre todo, desde el desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales internacionales especiales o ad hoc.

I.    ANTECEDENTES DEL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Se ha señalado en la doctrina internacional que la noción del “crimen contra la humanidad” se remonta a la cláusula de comportamiento propuesta por el profesor y humanista Fiódor Fiódorovich Martens, delegado de Rusia en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899. “…La cláusula luego llamada Martens en efecto apareció por primera vez en el Preámbulo del (II) Convenio de La Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre La misma establece lo siguiente: ‘Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública’…” ( ). (1)

Posteriormente se iría extendiendo la noción: “…la referencias a la ‘humanidad’, tales como ‘intereses de la humanidad’, ‘principios de humanidad’ y ‘leyes de humanidad’ que aparecen en la IV Convención de La Haya y en otros documentos de aquella época fueron utilizados en un sentido no técnico y en realidad no pretendían indicar un conjunto de normas diferentes de ‘las leyes y costumbres de la guerra’…” ( ). (2)

Es recién con la aprobación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nurenberg, por el que se juzgó a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que se usó técnicamente, como concepto independiente del crimen de guerra, en razón a la insuficiencia de esta categoría de crímenes para comprender los actos atroces cometidos por aquellos contra los propios nacionales, o personas de los Estados aliados, o apátridas.

Hubo una exigencia inicial de conexión con los crímenes de guerra que limitó la actuación del Tribunal derivada de la justificación que se dio para el empleo de esta nueva categoría de crímenes. Se señaló que desde el comienzo de la guerra se cometieron crímenes de guerra a gran escala que también constituían crímenes de lesa humanidad. Y así quedó definido en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, establecido de conformidad con el Acuerdo de Londres de 08 de abril de 1945 ( ), (3)que declara que constituyen crímenes bajo la jurisdicción del tribunal, por los que se exigirá responsabilidad personal, los “crímenes contra la humanidad: el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron. …” ( ). (4)

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, a principios de la década de los cincuenta, tuvo el encargo de codificar estos graves crímenes.  En su primera formulación de una propuesta de Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (1950), el Crimen de Lesa Humanidad aparece ya como autónomo. En el Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su trigésimo octavo período de sesiones, presentado en 1986 por el Relator Especial, éste afirmó que la: “…autonomía relativa se ha transformado en autonomía absoluta. Actualmente el Crimen de Lesa Humanidad puede perpetrarse tanto en el marco de un conflicto armado como fuera de él…” ( ).  (5)

De este devenir histórico en la construcción del crimen contra la humanidad, vamos llegando a una primera constatación relevante para la materia que nos ocupa: el escenario para la comisión de estos crímenes no es el conflicto armado ni lo constituyen las situaciones de violencia.  Puede ser cometido, por tanto, en tiempos de paz, fuera de contextos bélicos o de beligerancia.  Nada obsta, entonces, para que en una situación de represión de una protesta pública puedan cometerse estos crímenes, si se presentan, por supuesto, los otros elementos que lo delinean y que se detallan más adelante.

II.    DEFINICIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD

Lo que siempre ha sido de unánime consenso es la naturaleza particularmente atroz de los crímenes de lesa humanidad. Y esta connotación de suma gravedad implica un agravio contra la humanidad toda pues los hechos que involucra, en razón a la magnitud de los delitos que se cometen, la forma en que se realizan y la disposición de medios que requiere, llevan a la conclusión de que se afecta a la comunicad humana. No se trata solo de la afectación a la persona o a un conjunto de personas, sino a la especie humana como tal. Se trata de hechos crueles que van a significar el envilecimiento de la dignidad de las personas, por lo cual ha de ser comprendido como un atentado contra todo el género humano.

El derecho internacional ha ido fijando claramente qué hechos ilícitos pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad, comprendiendo dentro de éstos una serie de actos inhumanos. La gama de modalidades criminales que pueden constituir delitos de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no es pequeña: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación (y otras formas de violencia sexual, como la prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, u otros abusos sexuales de gravedad comparable), persecución de un grupo o colectividad con identidad propia (fundada en motivos políticos, racionales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género), desaparición forzada, apartheid. Incluso, dicho instrumento internacional contiene una fórmula abierta por la cual también pueden constituir delitos de lesa humanidad: “…Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física…”.

Como es, también, de consenso en la doctrina internacional, tales acciones deberán ser cometidas en el marco o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Dichos actos deberán contar, asimismo, con la tolerancia, aquiescencia o participación del poder político expresado en el Estado o en una organización con rasgos similares.

A la luz de la evolución de esta figura y de su regulación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se ha definido los crímenes contra la humanidad como “los atentados contra bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto…” ( ). (6)

Son estos elementos en conjunto los que definen al crimen de lesa humanidad.  Por un lado, el carácter sistemático o generalizado de las acciones sumado a la aquiescencia, tolerancia o participación del Estado, del poder público, o de organización similar, en su ejecución, lo que las lleva a exceder los marcos de lo tolerable en el Derecho Internacional; y, por otro lado, las conductas señaladas deben trascender el campo de la afectación particular para convertirse en una lesión o puesta en peligro a la humanidad toda.  Una situación de violencia pública derivada de la protesta social, se reprime a los manifestantes con medidas totalmente desproporcionadas (ataques a la población así reunida con disparos desde helicópteros, por ejemplo) causando la muerte de una o varias de estas personas, debe llamar especialmente la atención al momento de determinar o definir qué tipos de actos se está cometiendo. Probablemente, sería insuficiente hablar del uso desproporcionado de la fuerza, si esta represión forma parte de un plan u organización deliberadamente dirigida a eliminar a los protestantes.

III.    DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Vamos a destacar en este acápite dos de los principales y más saltantes aspectos del crimen de lesa humanidad, además de los otros caracteres que deben acompañar su comisión o que son parte de su ejecución. En primera lugar y como dato distintivo fundamental, debe precisarse que en estos ilícitos los actos inhumanos de naturaleza muy grave deben ser cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático.

La ejecución de los crímenes en forma “sistemática” está referida a la comisión con arreglo a un plan o a una política previamente concebida, al carácter organizado del ataque, con lo cual quedan fuera de este marco los actos aislados, los actos cometidos aleatoriamente y que no forman parte de dicho plan o política. Sin embargo, debe mencionarse que uno solo de los crímenes puede constituir delito de lesa humanidad, aún en el caso de ser cometido por un único agente, siempre que es inserte dentro del plan o política o que se ejecute conforme a dicho plan. En estos casos, constituirá también delito de lesa humanidad ese único hecho.

Ahora bien, cuando se hace la referencia a que los actos deban ser parte de una “política previamente concebida”, se quiere significar que los hechos han de estar conectados con alguna forma de política que van a expresarse en orientaciones o directivas que establecen normas de conducta, reglas de actuación de las personas del aparato estatal en las esferas de su competencia. Un operativo de las fuerzas o agentes estatales dirigido a controlar un desborde popular en el que se ha determinado que no se tomarán prisioneros, por ejemplo.

La generalidad está vinculada, más bien, a la comisión del crimen a gran escala, de manera masiva. Los actos deben estar dirigidos contra una multiplicidad de víctimas. Al igual que en el requisito anterior, el acto inhumano aislado llevado a cabo por un solo agente contra una sola víctima queda fuera de la definición de lesa humanidad. También se considera que el ataque es generalizado si se lleva a cabo en una gran parte del territorio.

Estos requisitos no son acumulativos o copulativos, vale decir, el delito de lesa humanidad se configurará con la ocurrencia del hecho inhumano si se diera en cualquiera  de estas dos circunstancias, esto es, puede responder a un ataque sistemático y no tener carácter generalizado, vale decir, sin afectar a una gran cantidad de víctimas.  Y, en sentido inverso, puede tratarse de un ataque masivo con un saldo numeroso de muertes o de víctimas de las formas delictivas que se han mencionado, pero que no obedeció a un plan sistemático.  Se trata de requisitos alternativos.

De las estipulaciones del Estatuto de Roma y del desarrollo doctrinario en la materia, podemos establecer que, además de estos dos elementos (ataque generalizado o sistemático), se deben presentar los siguientes requisitos:

- El ataque debe estar dirigido contra “una población civil”.  La víctima, por tanto, es toda o parte de la población civil. Por civil se podría entender a toda persona que no pertenece a las fuerzas armadas. Sin embargo, el término puede comprender, de conformidad con las convenciones del Derecho Humanitario, a las personas que no participan directamente de las hostilidades. Podría, por tanto, tratarse de beligerantes que no se encuentran en acciones, o incluso, de prisioneros.

- El perpetrador debe tener conciencia de dicho ataque. Esto es, el agente conoce que existe un ataque generalizado o sistemático y que sus actos son parte de dicho ataque. Ello no significa que deba conocer en detalle la base, sustento o motivaciones del ataque, ni que comparta los fines del mismo.
– Las acciones deben ser llevadas a cabo con la tolerancia, aquiescencia o participación del poder político, por el poder público encarnado en el Estado o en una organización con rasgos similares. A este respecto, no es pacífica la discusión a nivel doctrinario aunque prevalece este criterio, es decir, además del Estado, estos crímenes pueden ser cometidos por fuerzas irregulares o por una organización que tenga algún tipo de control territorial como para garantizar los derechos que pueden ser vulnerados por su comisión.

- El ataque debe entenderse como una línea de conducta en la ejecución de una política de un Estado o de una organización con capacidad de actuación similar o de rasgos similares, diseñada y dirigida a cometer o promover la comisión de cualquiera de los actos señalados en el artículo 7,2 del Estatuto. Ahora bien, este ataque no es necesariamente o únicamente de naturaleza militar, sino que puede presentarse como campañas, operaciones u otras acciones, las que deben tener como objeto principal del ataque a la población civil. El ataque, asimismo, puede presentarse por acción de sus agentes o a través de omisiones deliberadas que faciliten su realización.

El documento de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional “Elementos del Crimen”, establece algunas precisiones más:

“…3. Por “ataque contra una población civil” en el contexto de esos elementos se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque. No es necesario que los actos constituyan un ataque militar. Se entiende que la “política… de cometer ese ataque” requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil (…)”.  La política que tuviera a una población civil como objeto del ataque se ejecutaría mediante la acción del Estado o de la organización. Esa política, en circunstancias excepcionales, podría ejecutarse por medio de una omisión deliberada de actuar y que apuntase conscientemente a alentar un ataque de ese tipo…” ( ). (7″>[www.ordenjuridico.gob.mx] )

IV.    BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Una indicación de los bienes jurídicos protegidos por la represión del crimen de lesa humanidad ha sido dada por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en su decisión del caso Endemovic:

“…Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima…” ( ) (8″>[www.un.org] ). La noción de humanidad está configurada o referida a la necesidad y característica del ser humano de vivir civilizada y organizadamente en términos políticos e institucionales, sobre la base de bienes e intereses comunes, todo lo cual constituye un elemento diferenciador del género humano que es compartido por toda la comunidad internacional.

Sin embargo, cabe destacar que no son los actos de ferocidad o de gran crueldad lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad de los otros delitos “ordinarios” que se cometen a nivel local.  Los elementos distintivos pasan por la cuota de poder que conllevan al ser cometidos desde “…la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto…”, como señalaba Gil Gil, a partir de un ataque generalizado o sistemático en el que se vulneran derechos de la población civil.

Pero estos elementos no han sido suficientes para definir unánimemente y en forma pacífica en la doctrina  cuál es el bien jurídico protegido. Para Gil Gil, como se ha anotado, el bien jurídico protegido presenta una perspectiva individual en tanto que transgreden “bienes jurídicos individuales fundamentales”.

A partir de esta noción se puede discutir sobre la transgresión de los derechos humanos que constituye el delito de lesa humanidad en sí mismo, dado que su comisión indica la vulneración, en efecto, de derechos sustanciales que se van a vulnerar, igualmente, en los otros delitos ordinarios (la vida en el homicidio, la salud e integridad personal en las lesiones, etc.) y si, por tanto, esta es la verdadera o sustancial noción del bien jurídico protegido en estos caso. En ese sentido, se afirma que “…hay serios argumentos que abonan a favor de establecer una diferencia sustancial entre ambos bienes jurídicos (el bien jurídico derechos humanos o fundamentales y el bien jurídico individual o colectivo correlativo), que respondería a la distinta naturaleza jurídica de ambos…” ( ) (

Esto es lo que hizo Chile para solucionar su problema con la televisión basura y Declaran improcedente extradición a Martin Belaunde

Esto es lo que hizo Chile para solucionar su problema con la televisión basura 2015-02-10 07:53:47

No es cuestión de volarse la señal. Foto: RunRun.es

No es cuestión de volarse la señal. Foto: RunRun.es

El 22 de mayo del año pasado, luego de casi seis años de intensos debates en el Congreso, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, promulgó la Ley de Televisión Digital.

¿Qué es, cómo se sirve y para cuantos alcanza? En realidad es bien sencillo: sucede que la ley no solo contiene “un impulso técnico” respecto a la calidad de la imagen -en el marco de la llegada de la señal digital al país del sur-, sino que también “mejora la calidad de contenido”.

 

¿Cómo así?

Dentro de los 12 puntos que resalta esta nota del diario chileno La Tercera sobre los principales cambios que llegaron con la Ley de Televisión Digital, resaltamos dos bastante importantes porque intervienen directamente en la producción de contenido:

  • La mejora de la televisión regional: las operadoras de pago deben emitir cuatro señales regionales o locales obligatoriamente. Cada canal regional buscará su financiamiento.
  • Aumentar a cuatro horas a la semana la programación cultural de manera obligatoria. El Consejo Nacional de Televisión puede juzgar los contenidos. También entran programas de servicio público promovidos por el Gobierno.

Y es este último punto el que nos plantea dos preguntas interesantes…

 

1. ¿Cómo defines programación cultural?
Por ejemplo, Sudamerican Rockers es cultural.

Por ejemplo, Sudamerican Rockers es cultural.

Citando el reciente post de Hernán Migoya en este útero, “toda cultura establecida empezó siendo cultura basura”, pero Daniela Gutiérrez del Observatorio de Medios FUCATEL no se hace paltas buscando una definición:

(…) programación cultural se define como los contenidos que promueven la reflexión identitaria, nacional, regional y local, la formación cívica, y el desarrollo del conocimiento y el arte. Los canales deben proponer programas que cumplan con este objetivo y el CNTV evalúa si se ajustan o no a la norma. Por lo tanto, del diálogo entre estas entidades se irá determinando caso a caso qué es cultural. Creemos que los canales tienen la amplitud suficiente para ser creativos y proponer una gran diversidad de programas entretenidos, en consecuencia con sus líneas editoriales y la necesidad que tienen de buscar audiencias masivas

Si bien la definición está algo paporreteada, lo que dice después es interesante: existirá un diálogo entre el Consejo Nacional de Televisión y las televisoras para lograr un acuerdo en contenido cultural.

Claro, eso siempre suena bonito en papel. Resulta que, según cuenta Gutiérrez la obligatoriedad de contenido cultural existía ya: se pedía una hora (60 minutos) en el horario entre las 18:00 a 00:30 de lunes a viernes, y de 16:00 a 00:30 los fines de semana. El problema es que nadie cumplía y esto se solucionó con la nueva ley.

Otra nota de La Tercera revela la definición contenida en la ley y su aplicación:

Como culturales se entienden aquellos programas referentes a los valores que emanan de las identidades multiculturales del país, los relativos a la formación cívica de las personas, al fortalecimiento de las identidades nacionales, regionales o locales, como fiestas o celebraciones costumbristas y aquellos destinados a promover el patrimonio universal y, en particular, el patrimonio nacional.

Al menos dos de las cuatro horas de programación cultural deberán transmitirse en horarios de alta audiencia, comprendido entre las 18:30 horas y las 00:00 horas de lunes a viernes. Las restantes horas obligatorias de programación cultural deberán transmitirse entre las 09:00 y las 00:00 horas de los días sábado y domingo.

La precisión está hecha.

 

2. ¿Qué es el Consejo Nacional de la Televisión?

Su logo no es muy bonito, pero funciona. Foto: CNTV

 

Podríamos decir que es parecido a CONCORTV (Consejo Consultivo de Radio y Televisión), que es la entidad similar que tenemos nosotros en el Perú, pero hay unas diferencias clave:

  • Existe desde 1970 (el nuestro arrancó hace menos de 10 años)
  • El presidente del país escoge al presidente del CNTV
  • Los otros diez miembros son elegidos por el Congreso

Según una nota del diario chileno El Economista, a esto se dedicarían en el marco de la nueva ley chilena:

[velará por el] permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Eso sí, en el 2011 el CNTV recibió acusaciones de querer censurar contenido pues aparentemente era “demasiado arcaico” en sus concepciones de lo que es y no es buena televisión. Si algo debemos tener en cuenta es que el tema siempre va a ser espinoso.

Aquí puedes ver la lista de programas que ha aceptado el CNTV: de 61 programas presentados fueron aceptados 51.

***

Parece que el sistema chileno funciona hasta el momento. Las únicas quejas hacia la ley han sido dirigidas al aparente monopolio mediático, mas no en su manejo de contenidos. ¿Sería esta una solución que podríamos aplicar aquí?

Declaran improcedente extradición a Martin Belaunde 2015-02-06 16:06:47

belaunde-politicosperu

Javier Villa Stein, informó que el pedido de extradición a Martin Belaunde Lossio, detenido en Bolivia, fue declarado improcedente por unanimidad, y la decisión debe ser acatada por el Ejecutivo.

Explicó que los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, formulados en el pedido para extraditar al empresario peruano, no son compatibles con los tratados de extradición vigentes que el Perú tiene con Bolivia.

Según precisó, el delito de peculado se aplica solo a los funcionarios públicos, y Martín Belaunde no lo es, por ello indicó que no cabe comprender a quien no tiene esa condición, ni a título de autor ni como partícipe en dichos ilícitos.

“En consecuencia, el tribunal peruano, conforme al principio de legalidad, ha decidido denegar esta solicitud, dejando a salvo el derecho concretamente de los interesados en extraditarlo de elaborar otras vías y otros procedimientos”, señaló el magistrado.

Agregó que, con la decisión del tribunal que preside, queda a salvo el derecho de interponer, en su oportunidad, un pedido en ese sentido por el presunto delito de lavado de activos.

Villa Stein dijo que la decisión de la Sala Penal Permanente se ajusta al principio de legalidad porque “no se trata de fabricar delitos a la carta, sino de hacer las cosas bien”.

Añadió que un Poder Judicial independiente no puede actuar según preferencias o voluntades políticas.

“Que esto sirva, además, de ejemplo de lo que -no obstante la gran presión ciudadana por conseguir la extradición que nos convoca la justicia y la ley están por encima de esos apetitos”, remarcó.

Sostuvo que, en consecuencia, la sala judicial que preside resolvió conforme a la ley, a la Constitución y los tratados internacionales.

El pedido de extradición a Belaunde Lossio fue formulado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, por los presuntos delitos de asociación ilícita y peculado.

Fuente: Andina

Libertad de expresión y libertad religiosa: en el trasfondo del atentado de París 2015-01-20 19:47:32

El reciente atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, que ha costado la vida a cerca de veinte personas, pone sobre la mesa varios temas de relevancia jurídica, directa o indirecta.

Entre los segundos se encuentra el número creciente de personas —y de medios de comunicación— que insisten en repetir, a modo de mantra o de conjuro contra las amenazas para la democracia, que el islam es incompatible con la cultura política occidental y en general con nuestro sistema de valores. Esto es un completo desacierto, basado sobre una mezcla de ignorancia, equívoco y prejuicio. La religión islámica no es de suyo una religión violenta o incompatible con los valores y modo de vida occidentales —entre otras cosas, hay muchas y muy diversas interpretaciones del islam, como de casi cualquier otra religión. Cada uno compartirá o no los puntos de vista morales del islam, y podrá considerar que algunos son trasnochados o retrógrados, pero quien tiene amigos musulmanes que toman en serio su religión —yo tengo unos cuantos— sabe que normalmente son personas de un elevado nivel moral. De ahí que un hipotético intento de justificar medidas de discriminación sobre el islam sobre la base de estos atentados, u otros similares, no solamente no tendría fundamento jurídico alguno, sino que iría contra el derecho fundamental de libertad religiosa garantizado por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.

Naturalmente, hay quienes utilizan la bandera del islam para justificar actos violentos o intimidatorios, o para tergiversar la realidad y presentarse como víctimas en lugar de agresores (la legítima defensa de sus creencias y tradiciones contra la imposición autoritaria de las democracias occidentales basadas en el descreimiento, se argumenta). Pero eso no hace mala a la religión islámica. Además, ese modo de actuar no sólo se aplica a las religiones sino a otras muchas causas de suyo legítimas. En España lo sabemos bien: hemos sufrido la violencia de ETA y de posiciones políticas afines, disfrazada de defensa del nacionalismo vasco (que es de suyo una opción legítima, se esté o no de acuerdo con ella). Identificar el terrorismo que se presenta como islámico con el propio islam sería tan tonto como hacer equivalentes el terrorismo abertzale y la identidad vasca. En el fondo, además, eso es lo que persiguen los terroristas: propagar el odio como un modo de subvertir la vida social. Por eso son tan apreciables las numerosas reacciones de autoridades islámicas o de teólogos musulmanes contra el atentado, negando que tenga ningún fundamento religioso objetivo (vid., por ejemplo, en España www.webislam.com).

Entre los temas de directa relevancia jurídica, el más importante es el que concierne a cómo abordar los conflictos entre libertad de expresión y sentimientos religiosos. No olvidemos que el atentado tuvo lugar contra el semanario que difundió en 2006 las llamadas “caricaturas de Mahoma”, previamente publicadas por el diario danés Jyllands-Posten, consideradas seriamente blasfemas por muchos musulmanes, y una invitación a la discriminación de los franceses de origen islámico por muchos otros. Veamos brevemente cuáles son las coordenadas esenciales para un correcto análisis jurídico de la cuestión, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (vid., para un análisis más pormenorizado, J. Martínez-Torrón y S. Cañamares, Tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa (coords.), Tirant Lo Blanch, Valencia 2014).

Hay un primer punto intocable: la violencia física nunca puede ser considerada una reacción legítima frente a una ofensa verbal o escrita a una religión, a sus dogmas o personas sagradas, o a sus fieles. Por eso, no hay justificación posible de los atentados de París, como de ningún otro que se presente como castigo merecido para un lenguaje blasfemo.

La cuestión que requiere más matices es la que se refiere a las limitaciones que el ordenamiento jurídico puede imponer a una expresión deliberadamente ofensiva para una religión. De nuevo aquí encontramos una afirmación indiscutida: el derecho fundamental a la libertad de expresión no protege el hate speech o lenguaje de odio, ya sea antirreligioso o de cualquier otro tipo; ni tampoco la calumnia intencionada (casos Jersild y Gündüz, entre otros). Es más, esas conductas pueden ser, y son a menudo, penalmente sancionables. De ahí que el art. 510 del Código Penal español criminalice la provocación “a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias”, entre otros; y castigue también la difusión de informaciones injuriosas en los mismos términos, cuando existe “conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Menos claras resultan las respuestas posibles frente a situaciones de ofensa a la religión que no son calificables ni de hate speech ni de calumnia (en este último caso porque tienen, al menos parcialmente, algún fundamento de hecho). En el fondo, la cuestión central consiste en dilucidar si la protección de los sentimientos religiosos —de la mayoría o de una minoría— forma parte de la garantía de la libertad de religión y de creencias.

Aquí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha adoptado una posición más ambigua. Por un lado, ha afirmado que las religiones no pueden esperar permanecer libres de crítica, y que, por tanto, han de tolerar expresiones que “ofenden, escandalizan o molestan”. Pero, al mismo tiempo, ha mantenido que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no impone una política uniforme al respecto, y que los ordenamientos jurídicos de cada país tienen cierta discrecionalidad para sancionar las expresiones “gratuitamente ofensivas” contra una religión o sus símbolos sagrados (casos Otto-Preminger-Institut y Wingrove). De hecho, en España, el art. 525 del Código Penal criminaliza el escarnio público, de palabra o por escrito, de los “dogmas, creencias, ritos o ceremonias” de una confesión religiosa con intención de ofender los sentimientos de sus miembros; y aplica la misma pena a una conducta análoga respecto de quienes no profesan religión alguna.

Muchos pensamos que ese artículo del Código Penal es de dudosa justificación —afortunadamente no se aplica prácticamente nunca— porque la tutela de los sentimientos religiosos no forma parte, de suyo, de la garantía de la libertad religiosa. Las expresiones ofensivas para la religión, incluso las “gratuitamente ofensivas”, sólo pueden restringirse o sancionarse en casos extremos: en concreto, cuando el lenguaje ofensivo, aun no constituyendo en rigor hate speech, puede traducirse de hecho, por las circunstancias y el contexto, en una limitación al derecho de libertad religiosa de las personas: por ejemplo, produciendo situaciones de discriminación o impidiendo que algunos ciudadanos practiquen libremente su religión. Esto es más fácil que suceda en el caso de minorías religiosas, por lo general más vulnerables, que en el de la religión mayoritaria.

Entiéndaseme bien. No es que considere que esa clase de lenguaje es encomiable o que merezca un juicio social, moral o políticamente positivo. Al contrario: creo que la ofensa gratuita, en este y en cualquier otro ámbito, es algo a evitar. Pero el respeto a la libertad de expresión, que es una de las libertades clave de un sistema democrático, sólo puede ser restringida en casos de estricta necesidad. La censura no es amiga de la democracia. Y no se olvide, además, que el derecho es un instrumento de organización social que tiene sus limitaciones: no sirve para todo, en contra de lo que cada vez más gente piensa, ni es la única fuente de legitimidad de comportamientos humanos. Identificar legalidad y legitimidad moral es un error notable. Hay expresiones ofensivas que el derecho debe permitir, pero que no por ello reclaman un juicio positivo por parte de la sociedad.

Por esa misma razón, entiendo muy bien a quienes en estos días, en diversos países, se han pronunciado bajo el lema “yo no soy Charlie”, en contra de la corriente mayoritaria. El atentado contra la vida de los redactores de Charlie Hebdo es execrable, y debe ser condenado sin ambages, pero eso no hace de los asesinados unos héroes de la libertad de expresión.

El semanario francés nunca se ha distinguido ni por su buen gusto, ni por lo sofisticado de su humor, ni por su contribución positiva a un clima de convivencia social impregnada de respeto por quienes piensan diferente. Al contrario, su línea ha sido más bien la de la ofensa grosera, sin reparar en el daño para la buena fama de personas o de grupos minoritarios, que muchos no consideramos la mejor manera de promover un ambiente de debate intelectual sobre cuestiones de importancia, o sobre aspectos esenciales que definen la identidad de los ciudadanos. Su reproducción de las “caricaturas de Mahoma” del Jyllands-Posten fue sólo una más de sus desafortunadas sátiras, más aireada que otras por las consecuencias, entonces y ahora. Su labor periodística era tan jurídicamente legítima como, a juicio de muchos, moral y socialmente reprobable. Beatificar a periodistas cuya actividad se asemejaba más a un negocio basado en el escándalo que a la lucha por las libertades, es un importante error de perspectiva, que impide llegar al fondo del problema.

Exigimos que CNM investigue a Villa Stein y a jueces que dictaron sentencia a favor del grupo Colina 2013-01-23 15:19:25

Foto: La República

El día de hoy, el diario La República publicó un informe que señala que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no procesará disciplinariamente a Javier Villa Stein y a los integrantes de la Sala Penal Permanente que, a través de una sentencia irregular, redujeron los años de condena a los integrantes del grupo Colina en el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri Bustamante.

Según este medio informativo, la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM, integrada por los consejeros: Máximo Herrera Bonilla, Pablo Talavera Elguera, Luz Marina Guzmán Díaz, ha considerado que no hay motivo para abrir proceso disciplinario a los jueces de la Sala Penal Suprema Permanente, debido a que es una decisión jurisdiccional.

Sin embargo, se debe recordar la gravedad de esta sentencia, que, contra toda lógica, desvirtuaba el concepto de crimen de lesa humanidad, malversaba la definición de “población civil” como argumento justificador de los asesinatos, aduciendo que las víctimas eran terroristas, rebajaba la pena impuesta a Montesinos Torres, Salazar Monroe y a otros integrantes del destacamento  Colina, e incluso, absolvía a uno de ellos. Asimismo, se debe recordar la conducta abiertamente parcializada del magistrado Villa Stein, a favor de la defensa de los condenados.

En ese sentido, cabe recordar que contra dicha sentencia la comunidad nacional e internacional de derechos humanos reaccionó rápida y contundentemente, al punto que diversas organizaciones e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una Sentencia de Cumplimiento descalificando el fallo con lo que, posteriormente, la propia Corte Suprema anuló ésta en una decisión que ponía en clara evidencia la grave inconducta funcional en la que habían incurrido los magistrados cuestionados.

Por ello, las instituciones abajo firmantes consideramos que esta situación es particularmente grave puesto que, tras una investigación inusualmente larga (seis meses), el CNM estaría enviando al resto de jueces y fiscales del país una lamentable señal a favor de la impunidad, de modo tal que un magistrado puede emitir fallos contra los tratados internacionales, desacatar sentencias de la Corte Interamericana, incumplir fallos del Tribunal Constitucional, con el claro objetivo de favorecer a quienes perpetraron crímenes contra la humanidad favoreciendo la impunidad y sin recibir sanción alguna.

Exigimos entonces, a los integrantes del CNM, a cumplir un rol de restablecimiento de la decencia en el sistema de justicia y de imperio de la ley y no de la componenda para favorecer poderes de facto al interior del Poder Judicial.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
Instituto de Defensa Lega – IDL
Asociación Pro Derechos Humanos – Aprodeh
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz



Empresaria nicaragüense promociona comercio justo en varios estados de EE.UU. 2014-10-05 09:03:00

La nicaragüense Julia Vallejos, fundadora de una cooperativa textil en su país, inicia hoy una gira en Estados Unidos en la que destacará las ventajas del comercio justo y advertirá sobre los peligros de los tratados internacionales de Libre Comercio.

Fuente

Oficiales de la Policía implicados en desvío de combustible y En audio interceptado a su entorno mencionan a “Nadine”
Ladrones y celadores y El reino de la impunidad
ONU a favor de unión civil no matrimonial en Perú y ONU se pronuncia a favor de la Unión Civil en Perú
¿Qué noticias del congresista Sergio Tejada?

Golpeó brutalmente a su hijo y ahora no podrá acercarse a él y HRW examina situación de derechos humanos en Perú

Qué Opinas? Golpeó brutalmente a su hijo y ahora no podrá acercarse a él 24/02/2015

Fiscalía dictó medidas de protección para niño de 7 años que fue agredido con un látigo por su papá en San Juan de Lurigancho



Es Noticia, HRW examina situación de derechos humanos en Perú 30/01/2015

Human Rights Watch presentó el Reporte Mundial 2015. El documento de 644 páginas, su 25.º edición anual, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. A continuación compartimos con nuestros lectores la sección del informe referente a Perú. Para leer el Reporte Mundial 2015 completo visite: http://www.hrw.org/world-report/2015 Informe Mundial 2015: […]

Perú expresa enérgica condena contra el terrorismo internacional y Reportan 41 detenidos en Venezuela por piquetes en las últimas horas
Pluralismo informativo: solo un recorderis y HUMALA DE LAS FARSA ELECTORAL A LA REPRESION SANGRIENTA
Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas quedarían en la impunidad y Estado debería pedir perdón a Cajamarca si quiere hablar de Conga

“Fernando Tuesta analiza el panorama político” y Revocatoria a Susana Villarán costariá S/. 69 millones

“Fernando Tuesta analiza el panorama político” 2014-12-07 19:57:40

(Entrevista de Óscar Torres y fotos de Roberto Rojas). Fernando Tuesta es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sociólogo de profesión. Doctor en Ciencias Políticas. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP.

*Fernando, ¿qué tanto está involucrada la pareja presidencial con Martín Belaunde Lossio? *

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Revocatoria a Susana Villarán costariá S/. 69 millones 2012-10-31 10:56:01

La revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que se realizará el próximo año, costará al país S/. 69 millones, estimó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

En la presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso el 9 de octubre pasado, la jefa de la Onpe, Magdalena Chú, detalló que entre bienes y servicios y adquisición de activos no financieros, la consulta sobre la permanencia de Villarán tendrá un costo de S/. 69´036,643 millones.

Según el informe presentado en esa oportunidad, a ese monto debe sumarse los S/. 33 millones para los procesos de revocatoria en provincias, con lo cual la cifra total por este concepto supera los S/. 102 millones.

A ello debe sumarse también los S/. 25 millones y medio presupuestados para las nuevas elecciones municipales programadas para el próximo año.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó este lunes la reconsideración presentada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contra el cuarto lote de firmas, con lo cual que expedito el camino para la revocatoria de Villarán, quien está al frente de la comuna capitalina hace 20 meses.

Fuente: Terra

Revocatoria: Sepa si su alcalde o regidor fue revocado 2012-10-01 14:02:39

onpeEl sitio web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene actulizando progresivamente las cifras del proceso de revocatoria de autoridades realizado ayer domingo en cuatro provincias y en 266 distritos del país.

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JNE: Electores no ingresarán a cámaras de votación con celulares 2012-09-29 09:41:35

El Jurado Nacional de Elecciones dispuso que los electores no podrán ingresar a las cámaras de votación con celulares o cámaras de fotos o video.

En ese sentido, indica que las personas que sean detectadas con algunos de estos aparatos deberán dejarlo bajo custodia del presidente de mesa, quien tendrá que devolverlo al término del acto de sufragio.

Según el JNE, se tomó esta decisión debido a que un informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales advertía de la presunta realización de actos de soborno con la finalidad de obtener un resultado determinado en la consulta.

Este acto se concretaría mediante la toma fotográfica de la cédula de votación para hacer constar la marca de la opción a la que se compromete el ciudadano a cambio de una suma de dinero.

El ente electoral considera necesario adoptar esta medida en el marco de su misión constitucional de velar porque el proceso constituya el reflejo exacto y oportuno de la voluntad expresada en las urnas.

Asimismo, en la resolución se dispone que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) serán las encargadas del cumplimiento y ejecución de esta medida. Estas instituciones deberán dar cuenta al Ministerio Público de los infractores para que actúe de acuerdo a ley.

Fuente: Perú21

Elecciones regionales: Resultados de la segunda vuelta 2014-12-08 12:00:00

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó a emitir resultados de la segunda vuelta de las elecciones al 43,3%.
Fuente

Ucrania: Terremoto político y Se ha prostituido la política y se ha producido un temblor en el régimen
Jorge Acurio amenaza con denunciar a integrantes de Consejo Regional y Comisión de Ética investigará a Heriberto Benítez por caso La Centralita
Humala arremete contra los gobiernos de Fujimori y García y ONPE exhorta a autoridades electas no defraudar a población y cumplir ofrecimientos
Fonavi: Dinero no alcanzará para devolución a aportantes y Pleno aprueba reducción de Impuesto a la Renta

Ollanta Humala anuncia que evaluará posible aumento de sueldo mínimo y Eligen nuevo presidente de la SNMPE

Ollanta Humala anuncia que evaluará posible aumento de sueldo mínimo 2015-02-10 14:28:03

Del diálogo entre el gobierno y representantes de 15 organizaciones políticas en Palacio de Gobierno salieron ayer compromisos para impulsar la diversificación económica, trabajar para fortalecer la seguridad ciudadana y otros puntos, así como la promesa de analizar la posibilidad de un aumento del sueldo mínimo, actualmente de 750 soles mensuales.

Eligen nuevo presidente de la SNMPE 2015-01-30 15:31:05

Carlos Gálvez Pinillos fue elegido como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para el período 2015 – 2016 por el nuevo Consejo Directivo del gremio, decisión que recibió el respaldo de la Asamblea General de Asociados.

En un acto desarrollado en la sede del gremio mineroenergético, Gálvez Pinillos, quien es vicepresidente de Finanzas y Administración de Compañía de Minas Buenaventura, recibió el cargo de manos de su antecesora, Eva Arias.

“El Perú necesita trabajar seriamente para invertir más, crecer económicamente y reducir la pobreza”, señaló el flamante titular de la SNMPE al asumir el cargo.

Afirmó que ante la desaceleración de la economía, “es necesario trabajar más, dejando de lado el ruido político que hoy ocupa la agenda nacional”, pues lo que el país requiere es más inversiones para recuperar los niveles de crecimiento económico de los últimos años.

“Creemos que las autoridades gubernamentales y la clase política deben esforzarse en quitar las trabas a la inversión, reduciendo la permisología que ha originado el retraso y la paralización de nuevas inversiones y proyectos”, manifestó.

En esa misma línea, Gálvez dijo que es fundamental poner mayor énfasis en la reforma del Estado, fortalecer la institucionalidad, combatir a los corruptos y mejorar la seguridad ciudadana.

A su vez, expresó que para asegurar la confianza de los inversionistas en el país se debe garantizar la vigencia de reglas claras, estables y predecibles en el tiempo, es decir estabilidad jurídica y Estado de Derecho.

Duante la ceremonia, también fueron elegidos por unanimidad como vicepresidentes: Raúl Jacob Ruisánchez (sector Minero), Francisco Dulanto Swayne (sector Hidrocarburos) y Pedro Lerner Rizo Patrón (sector Eléctrico).

CAUTIVOS DEL HORROR 2015-01-12 09:29:15

En este espacio, a lo largo de una década, hemos reconocido en múltiples oportunidades el esfuerzo hecho por la Policía Nacional del Perú para capturar a los principales líderes de Sendero Luminoso. Sin duda, el trabajo realizado por el Grupo Especial de Inteligencia – más allá del destino final de algunos de sus miembros – pasara a la historia por haber procedido con eficiencia y respeto a los derechos fundamentales en desarticular a la mayor organización subversiva y terrorista que ha padecido nuestra patria.

Pero el respeto a la trayectoria policial no exceptúa de la crítica cuando la investigación se convierte en vehículo para la persecución sin fundamento. O cuando el atestado elaborado en una comisaría o dependencia se convierte en sinónimo de papelón.

Ayer, gracias a un reportaje de Panorama, conocimos que la DIRCOTE y la Procuraduría Antiterrorismo están investigando a los productores, actores y directores de la obra de teatro La Cautiva. Pueden ver el informe aquí.

Varias cosas que comentar. La primera de ellas es que La Cautiva es una obra de teatro que, de forma casi unánime, ha recibido muy buenas críticas. Se trata de buena puesta en escena que tiene como centro lo ocurrido durante los años de la época de violencia.

Y aborda este tema a través de un guión que tiene como centro a una adolescente nos plantea sus ilusiones juveniles y, al mismo tiem­po, sus dudas sobre el futuro al tener a dos padres simpati­zantes de Sendero Luminoso, así como a un un militar que intenta conven­cernos que el abandono lime­ño hacia él y sus compañeros justifica violar a una muerta. En medio de la morgue, dos médicos se cuestionan mu­tuamente sobre lo correcto. Es Semana Santa. Ayacucho significará, más que nunca, rincón de almas. Y lo es porque el mundo de los vivos y el de los muertos se juntan, en una misma puesta en escena. Precisamente, en dicho simbolismo, está su valor fundamental.

En segundo lugar, analicemos los aspectos de la obra que tanto preocupan al agente de la DINCOTE que fue a verla. Se dice que, en un pasaje de la puesta, se mencionan proclamas senderistas. El policía encargado de la investigación no indica en su informe que la alusión se realiza en el momento en que María Josefa, la niña muerta cautiva, recuerda cómo sus padres trataban de adoctrinarla en la ideología retorcida que compartían. Y que la escena culmina con ella bastante afectada, pues desea vivir su adolescencia en Lima, lejos de cualquier ideología, bañandose en el mar, o en Ayacucho, paseando por el campo con el chico que le gusta. ¿Con que ojos fue a ver la obra el señor encargado de la investigación?

La obra dista tanto de la apología al terrorismo que uno de los pasajes de la misma, relatado con crudeza por el militar antes de pretender violar a la menor muerta – encarnado por Emilram Cossio -, muestra una de las mayores atrocidades cometidas por Sendero Luminoso: la muerte de los propios hijos de los subversivos a manos de sus padres. Se trata de un hecho recogido por Edilberto Jiménez en su libro sobre Chungui (uno de los lugares en Ayacucho donde la violencia fue mayor) y que consta en el programa de mano de la obra:

Si la obra fuera una apología al terrorismo, ¿una congresista del PPC, que dista evidentemente de cercanías a la izquierda, elaboraría una presentación que aparece en el programa de la pieza teatral?

El segundo punto que “preocupa” al agente policial es la presentación de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del orden. Eso existió. ¿O acaso el Destacamento Colina vino del aire? De hecho, una amiga que trabajó como investigadora en la Comisión de la Verdad y Reconciliación me indicó hace algunos meses que existía un caso en el que el integrante de una patrulla militar quiso violar a una muerta. Y existen cientos de casos de violencia sexual contra hombres y mujeres cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Ninguno de ellos ha merecido hasta ahora una sentencia. ¿Recordar eso es apología del terrorismo?

Vamos a hablar claro. Sendero Luminoso fue – y sus remanentes constituyen –  una grave amenaza a la seguridad nacional y a los derechos humanos de todos los peruanos. El Estado tenía el derecho y el deber de defenderse, pero no de cualquier manera. A todos aquellos que piensan que la única manera de combatir al terrorismo es hacerlas de John Rambo, ¿pensarían lo mismo si es que alguno de sus familiares fueran muertos o desaparecidos, o sus hijas o madres violadas para “desfogue de la tropa”? La defensa de la seguridad y la vida de los peruanos no pasa por cometer atrocidades. ¿O es que acaso nos vamos a poner a defender hechos como Accomarca, donde Telmo Hurtado dio muerte a hombres, mujeres y niños? ¿O lo ocurrido en las bases militares de Manta y Vilca, donde decenas de mujeres fueron abusadas sexualmente?

¿O es que el señor policía que hizo este mamarracho de documento era un policía deseoso de quedar bien con su jefe, el Ministro del Interior, acusado por el asesinato de un periodista durante los años de combate al terror?

Pero si hay un hecho mayor por el cual este atestado policial es francamente ridículo es por la importancia que ha tenido la cultura para transmitir a las futuras generaciones, así como a quienes vivieron aquellos años, diversas historias sobre el periodo 1980 – 2000. Películas de ficción, documentales, obras de teatro, muestras fotográficas, pinturas, esculturas y comics han sido vehículos para que podamos conocer lo ocurrido en aquellos años y sentir empatía con las víctimas.

Para rematar este rapto de necedad, el señor Ministro del Interior se ha puesto a avalar semejante investigación. ¿Volveremos a los tiempos en los que tener libros de Marx se convertirán en sinónimo de quedarse guardado en Seguridad del Estado durante 15 dias? Una razón más para que Daniel Urresti, más ocupado de pelearse con políticos que en torno a la seguridad ciudadana, cuyas cifras sobre incautaciones de drogas no cuadran, sea pasado al retiro como ministro del Interior.

La DIRCOTE tiene un deber con el país: investigar a los remanentes en el VRAEM y tener un buen caso respecto al MOVADEF. Ocuparse de una obra de teatro, en momentos en que el mundo entero defiende la libertad de expresión frente al terror, no solo resulta poco práctico, sino francamente burdo. El Perú debe recordar lo ocurrido en aquellos años con todo lo que representó. Nuestra solidaridad con los actores, productores y directora de La Cautiva.

(Foto de la obra de teatro: Perú.21) (Fotos programa de mano: JAG)

03 de abril: Marcha por la vida, la paz y la seguridad ciudadana 2014-03-31 18:10:00


Una persona sale a trabajar. Mediante su esfuerzo logra mantenerse así mismo y a su familia. Pero en su centro de trabajo una mafia extorsiona a trabajadores y empleadores. Personas con armas le obligan a pagar cupos mientras los delincuentes cobran semanalmente sin trabajar. 
El Sindicato trata de defender a los trabajadores. Trata de que se respete lo que manda la legislación laboral. Entonces, las mafias asesinan a los dirigentes sindicales. 
Es una historia repetida, que ya tiene más de una década entre nosotros. Las mafias son más numerosas y buscan extender su control a cada vez más actividades económicas. Empiezan en las obras de construcción pero luego amenazan a comerciantes, restaurantes, negocios. La ciudadanía ve crecer la incertidumbre y la inseguridad. 
Durante un buen tiempo, este problema era visto como algo extraño, ajeno, un problema en las obras de construcción y nada más. Pero el número de víctimas, el incremento de los costos de las obras de construcción por efecto de repetidas extorsiones, las demoras en las mismas obras y la inseguridad generalizada nos han obligado a entender que se trata de un problema común, una amenaza general. 
La FTCCP ha logrado articular un amplio frente de organizaciones civiles preocupadas por los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Este 03 de abril, movidos por la defensa de la vida, la paz y la seguridad ciudadana decenas de miles de trabajadores y ciudadanos van a movilizarse en Lima y casi todas las capitales de región.  Desde los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, hasta los partidos políticos pasando por las organizaciones de derechos humanos van a movilizarse en todo el país. No se trata de una marcha sindical en sentido estricto. Es algo más. Es una manifestación realmente cívica y democrática, para demostrarle a las mafias que los trabajadores de la construcción no están solos. Que Los sindicatos son un baluarte de ciudadanía que no puede ser avasallado por dichas mafias. 
La violencia en las obras de construcción tiene como objetivo destruir a las organizaciones realmente sindicales. a los representantes de los trabajadores que si defienden los derechos laborales- Son más de una decena de dirigentes sindicales que han sido asesinados en todo el país. 
El gobierno ha hecho a la fecha poco o nada por defender a los trabajadores y ciudadanos de las acciones de las mafias. Hay muchas declaraciones y gestos altisonantes, pero pocos resultados. Los grupos delictivos que constituyen seudo sindicatos -con la indiferencia de muchos funcionarios en el Ministerio de trabajo- para extorsionar a las empresas constructoras no pueden ser derrotados con operativos policiales de corto plazo. Se requiere de una paciente labor de investigación, inteligencia, seguimiento y captura de los cabecillas de estas mafias. Asimismo, no basta detenerlos si el mPoder Judicial no logra elaborar un caso sólido, que los procese de manera eficaz logrando que los culpables cumplan sus condenas en prisión. 
Es una labor complicada que implica una fuerte voluntad política. Por eso es tan importante la movilización de este jueves 03 de abril. Los ciudadanos vamos a expresar ante el gobierno y el resto de la opinión pública la necesidad de construir dicha voluntad política. Se trata precisamente de articular en una sola preocupación, los diferentes problemas y niveles de inseguridad que en casi todos los ordenes de la vida social, venimos enfrentando. 
Para los sindicalistas es vital apoyar y participar de la movilización del 03 de abril. Muchas de las víctimas son activistas y dirigentes sindicales. Pero esta marcha es también para todos los ciudadanos, hombres y mujeres, trabajadores, empresarios, estudiantes, obreros, empleados y todas las personas que enfrentan día a día la acción impune de la delincuencia organizada. 

Las mejores imágenes del mensaje del presidente Ollanta Humala por Fiestas Patrias 2014-07-28 16:48:00

FOTOGALERÍA. El presidente de la República llegó al Congreso para dar el discurso ante la representación nacional, en el cual hizo anuncios para mejorar el sector educativo, la seguridad ciudadana y reactivar la economía.

Fuente

Emerretista Peter Cárdenas sale en libertad el viernes y Antauro Humala presentará nuevamente hábeas corpus para salir de prisión
AENA saldrá a bolsa el 11 de febrero y Fondos administrados por AFP se incrementan 0.1% al 16 de enero
CASO DEL CASTILLO: LAS HIPOTESIS SOBRE EL REGLAJE y FUJIMORI CONDENADO A 8 A

Perspectivas de la economía mundial – Contracorriente y SMV ALERTA A LOS INVERSIONISTAS SOBRE CROWDFUNDING ATRAVÉS DE LA EMISIÓN DE VALORES

Es Noticia, Perspectivas de la economía mundial – Contracorriente 19/01/2015

Interesante, SMV ALERTA A LOS INVERSIONISTAS SOBRE CROWDFUNDING ATRAVÉS DE LA EMISIÓN DE VALORES 10/01/2014

Empresas publicitan financiamiento de proyectos a través de plataformas de internet

Las aspiraciones subimperialistas de Chile, enemigo jurado del Per

Marcha contra normas antilaborales y Venezuela niega “amenazas” a empresas españolas y aboga por relación cordial

Marcha contra normas antilaborales 2015-02-19 10:47:02

Cientos de personas, entre jóvenes y adultos, marcharon anoche desde la Plaza San Martín hasta la sede de la Confiep en San Isidro para protestar contra dos proyectos de Ley que, según los especialistas laborales, afectaría a los trabajadores. Uno de estos proyectos de ley facilitaría el despido de empleados, mientras que el otro le recortaría los beneficios. El primero pertenece al paquete de medidas económicas enviadas por el Ejecutivo. El texto ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Economía y Trabajo del Congreso. Este permitiría a las empresas a despedir a sus empleados si es que presenta pérdidas por tres trimestres consecutivos. La otra norma es el pago de bonos al 20% como parte de la remuneración que no se cuenta dentro de las CTS, ni gratificaciones. Varios gremios se reunieron para dar inicio a la marcha. LA RAZÓN

Venezuela niega “amenazas” a empresas españolas y aboga por relación cordial 2015-02-19 09:02:49

A juicio de Calixto Ortega, viceministro venezolano de Exteriores para Europa esto nunca ha sido así, solo se les informó a las empresas españolas de la "feroz campaña comunicacional" de algunos medios españoles.

El viceministro venezolano de Exteriores para Europa, Calixto Ortega, aseguró que es “falso de toda falsedad” que el gobierno de Caracas haya “amenazado” a las empresas españolas presentes en el país y aseguró que su objetivo es mantener una relación bilateral “cordial” e impulsar las inversiones.

En una rueda de prensa en Berlín, Ortega hizo referencia a la reunión mantenida en Caracas por el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza y él mismo con representantes de empresas españolas presentes en el país, como Telefónica, Zara, Repsol, BBVA, Mapfre, Meliá, Iberia y Air Europa.

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Facilitan registro de situación educativa de los trabajadores 2015-02-19 08:58:53

Los empleadores pueden cumplir con facilidad su obligación de registrar en la planilla electrónica la situación educativa actualizada de sus trabajadores, siguiendo las pautas establecidas en la cartilla instructiva que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha puesto a su disposición para tal efecto.

trabajadores

El documento ubicado en el enlace [www.trabajo.gob.pe] contiene los lineamientos para anotar en forma individual o masiva la información de estudios concluidos del trabajador.

Orientación

En este último caso, el empleador deberá elegir la opción carga masiva en el T-Registro y elaborar un archivo de importación de acuerdo con la Estructura 29: Datos de estudios concluidos del anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 121-2011-TR y normas modificatorias.

Para obtener, además, la relación de los trabajadores inscritos en la planilla electrónica respecto de los cuales se debe registrar la información de estudios concluidos, se podrá descargar un reporte de datos de la situación educativa del trabajador desde el módulo Consultas y reportes del T-Registro.

A criterio de Cynthia Cuba, directora de Tax & Legal de KPMG, la guía electrónica es bastante descriptiva y permite fácilmente al empleador recabar los datos pertinentes y registrar la información solicitada.

En función a los datos que se consignen, la autoridad de trabajo podrá verificar si las empresas están contratando a profesionales para puestos acordes con sus especialidades, agregó.

El instructivo electrónico también orienta al empleador sobre cómo debe anotar el tipo de institución educativa en el que culminó sus estudios el trabajador.

Sobre este tema, Cuba indicó que no se piden detalles sobre los estudios que pueda haber realizado el trabajador en el extranjero.

A su juicio, información vinculada a los estudios en el exterior permitiría a la autoridad conocer las carreras que estudiaron esas personas y que además ostentan los puestos más altos en una empresa.

Como medidas adicionales, sugirió iniciar una notoria campaña informativa sobre la importancia del registro de los datos de la situación educativa de los trabajadores y ampliar hasta fin de año el plazo para inscribir esa información, toda vez que existen trabajadores que están actualizándose en sus estudios.

Fiscalización

Por disposición del MTPE, las empresas tienen plazo hasta el 31 de mayo del presente año para registrar en la planilla electrónica la situación educativa actualizada de sus trabajadores. Culminado este período, los empleadores estarán sujetos a la supervisión por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Las sanciones por incumplir dicha obligación pueden derivar en severas multas. Para las microempresas, las multas fluctuarían entre los 950 y 3,800 nuevos soles, mientras que para las pequeñas empresas la sanción pecuniaria oscilaría entre 3,800 y 38,000 nuevos soles.

Para aquellas empresas no inscritas en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Remype) y que incumplan con la mencionada obligación, las multas fluctuarían entre 11,400 y 190,000 nuevos soles.

Aportes

En opinión de Cuba, el registro de los datos de la situación educativa de los trabajadores resulta importante porque servirá como base de alimentación de un observatorio que el MTPE creará.

Los datos que se obtengan permitirán, además, a quienes están estudiando alguna carrera y a aquellos que van a estudiar guiarse respecto hacia dónde se debe orientar su educación, explicó.

Diario El Peruano (19/02/2015)

Fijan nueva estrategia de inspección laboral 2015-02-19 08:54:37

En su objetivo de luchar contra la informalidad laboral y proteger la vida y la salud de los trabajadores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) constituyó un equipo que impulsará la nueva estrategia del Cuadrante Inspectivo, que permitirá supervisar a un mayor número de empresas informales en todo el país.

sunafil verificacion

Esta innovación que incorporará dicha entidad supervisora en la planificación y ejecución de los operativos de inspección laboral, orientará la focalización territorial de las inspecciones hacia las empresas en una determinada jurisdicción, sean formales o informales.

El plan piloto del Cuadrante Inspectivo se implementará en Lima Metropolitana, fortaleciendo la inspección del trabajo a las empresas, incluyendo aquellas que no son pasibles de ser detectadas por no contar con RUC o no registrar a sus trabajadores en la planilla electrónica.

El grupo de trabajo responsable del diseño y formulación de este plan lo encabeza el secretario general de la Sunafil, Felipe Noblecilla, y está además formado por los intendentes nacionales y otros funcionarios especializados. En 60 días este equipo presentará el plan correspondiente.

Diario El Peruano (19/02/2015)

Rusia pasa a ser el segundo país del mundo en producción de oro 2015-01-29 10:26:00

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Las empresas rusas de extracción de oro ahora ocupan el segundo lugar en el mundo por volumen de producción de este metal precioso.
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Corrupci