Nacional de DD.HH. incorporará recomendaciones de grupos opositores y Reflexiones al pie de 136 cadáveres

La justicia

Que opina usted? Plan Nacional de DD.HH. incorporará recomendaciones de grupos opositores – 19/07/2014 7:57:07

“Ministro de Justicia, Daniel Figallo, asegura que plan es dinámico y se incorporará progresivamente a todos los colectivos. Todos los sectores asisten a su presentación oficial.
Francesca García D. La respuesta del ministro de Justicia, Daniel Figallo, frente a las críticas suscitadas ante el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 fue que este es un documento que irá incorporando progresivamente acciones de los colectivos que han denunciado ser excluidos de sus lineamientos. “”Es un plan dinámico que pretende establecer líneas estratégicas para desarrollar incluso aquellas acciones que puedan incorporar a los colectivos que están reclamando su incorporación. Buscaremos la igualdad y respeto para todos los peruanos”", dijo Figallo. Bajo el mismo argumento, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila, sostuvo que incorporarán recomendaciones hechas por instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), intelectuales y demás líderes de opinión. “”El plan no pretende ser exhaustivo. Lo perfecto es un enemigo de lo bueno. Este plan aspira a ser perfectible, por ello sigue siendo necesario revisar, alcanzar temas que no se han contemplado. El plan no quiere ni debe omitir a ningún ciudadano”", sostuvo. En relación con el Plan de Reparaciones y la modificación de la legislación que permitiría incrementar el dinero que recibirán las víctimas y deudos del reterrorismo ,tal como exige este colectivo, Ávila indicó que el gobierno no descarta evaluar modificar la ley, pero en esta primera etapa la prioridad es honrar los compromisos con la legislación actual. NUEVO ENFOQUE Durante la ceremonia de presentación y acompañado de los representantes de los 18 ministerios, Figallo aseguró que el Plan Nacional de Derechos Humanos será una herramienta de coordinación y articulación desde la que los funcionarios del Estado estructuren su labor con un enfoque en derechos humanos. “”El centro de la política es la dignidad humana y su libertad. Por eso un trabajo fundamental será inculcar y capacitar a todos los funcionarios públicos respecto a este enfoque para el desarrollo de sus tareas”", dijo. Además, el titular de Justicia resaltó que, a diferencia de esfuerzos anteriores, este es un plan que identifica sus indicadores y metas, por lo cual puede ser monitoreado y sometido a seguimiento. Al igual que Ávila, instó a que su implementación necesita además de la voluntad política del Ejecutivo, la colaboración de otras instancias del gobierno como el Congreso, el Poder Judicial, además de los distintos actores sociales. A su turno, el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, informó que se entregará un balance anual de los avances del plan que serán puestos a disposición de todos. Cornejo resaltó que este documento no solo es producto de un trabajo de funcionarios o viceministerios sino que requiere de un amplio debate en el Consejo de Ministros. CADA SECTOR ASUME COMPROMISO CONCRETO SOBRE DERECHOS HUMANOS En la presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, un representante de cada uno de los 18 ministerios asumieron compromisos y acciones concretas sobre el documento. La señal del compromiso de los nueve ministros presentes y demás funcionarios colocaron su firma y la huella de su mano en un mural. No estuvo Daniel Urresti. Cornejo anunció que próximamente se presentará un Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, que trabajarán en forma conjunta el Ministerio de Justicia, Educación y Relaciones Exteriores. El jefe del Gabinete resaltó que otra de las novedades del plan es el esfuerzo por disminuir el número de accidentes de tránsito.
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Es Noticia, Reflexiones al pie de 136 cadáveres – 29/04/2014 10:16:27


Un esqueleto es encontrado en la zona de La Hoyada, contigua a Los Cabitos. Pruebas de ADN permitieron identificar a cuatro personas. (La República)
En el cuartel Los Cabitos de Ayacucho fueron encontrados 59 esqueletos completos, y huesos correspondientes a más de cien cadáveres de un total de víctimas mucho mayor. Fueron ejecutadas por mandos militares de 1983, 1984 y 1985. ¿El Ejército no tiene nada que decir?
Por Ricardo Uceda (La República)
Las evidencias reunidas sobre la matanza sistemática de personas en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho deberían llevar al Ejército, de manera interna y si lo prefiere reservada, a iniciar una reflexión profunda sobre su papel en la lucha contrasubversiva de las dos décadas anteriores. Un juicio oral se lleva a cabo por lo ocurrido en 1983. Hay investigaciones preliminares del Ministerio Público sobre los dos años posteriores. Información valiosa está impresa en el libro “Cuartel Los Cabitos, lugar de horror y muerte”, escrito por Gloria Cano y Carlos Loarca y presentado por Aprodeh la semana pasada.
En resumen, ya sabemos lo que pasó. En cuanto a lo judicial, aún faltan elementos para juzgar las responsabilidades individuales de mandos militares que tuvo el cuartel desde que empezó allí una ejecución sistemática de detenidos, en 1983. Los asesinatos y entierros clandestinos duraron hasta 1985, cuando los cadáveres fueron desenterrados por el Ejército para ser incinerados.
Aún no se sabe si las Fuerzas Armadas han sacado alguna conclusión al respecto. Si volvieran a vivir la experiencia, ¿hubieran hecho lo mismo?
Tanto la información aportada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), como los sucesos consignados en expedientes judiciales, como versiones de otras fuentes, llevan a la inequívoca conclusión de que en algunas épocas y zonas del país el asesinato de prisioneros fue sistemático.
Pero las Fueras Armadas nunca lo han reconocido y quizá jamás lo hagan oficialmente. En un comunicado suscrito en setiembre del 2003, cuarenta y dos comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea admitieron excesos “que criticamos y que fueron reconocidos, investigados y denunciados ante la justicia”. Eso es el máximo de reconocimiento al que se ha llegado.
En este histórico pronunciamiento estos jefes no tocaron al poder político que les dio las órdenes y avaló los hechos. Como las responsabilidades fueron individuales, ninguna institución está comprometida.
Sin embargo, la evidencia en el caso de Los Cabitos es abrumadora. Uno a uno, el Ministerio Público fue recogiendo restos óseos hasta reconstruir cincuenta y nueve cuerpos completos. Hay huesos correspondientes a 136 personas. La mayoría provienen de la zona contigua al cuartel donde hace 29 años los muertos fueron desenterrados y sometidos a la acción del fuego. En otros lugares habría más, porque según estimados extraoficiales, pudieron haber habido más de trescientas ejecuciones.
Así, los cadáveres de Los Cabitos comprueban de modo incontrovertible una violación sistemática de derechos humanos. No es el caso de un militar desquiciado que en una jornada ordenó matar a una población. Son muertes que se produjeron cada semana, cada año, por distintas administraciones del cuartel. No hay manera de afirmar que sucesivos comandos del Ejército desconocieran las ejecuciones metódicas. Durante la etapa investigada estuvieron al mando los generales Clemente Noel ya fallecido, Adrián Huamán y Wilfredo Mori.
¿Pero a qué viene todo esto? ¿Es necesario sentar en el banquillo a todos estos mandos y enviarlos a la cárcel? Al margen de las distintas opiniones que se vierten, es inmodificable el curso de los actuales procesos judiciales, cuya suerte depende de la idoneidad de las pruebas y del criterio de los fiscales y los jueces. El juicio oral para las ejecuciones de 1983 se hace con base en testimonios de personas que estuvieron detenidas, presenciaron o padecieron torturas, y tuvieron percepción indirecta de ejecuciones. Es materia de debate la individualización de los ejecutores, y respecto de cuál víctima. Los jueces de la Sala Penal recibieron pruebas de ADN identificadoras de cuatro personas que habían sido enterradas en las inmediaciones del cuartel, pero su detención no se produjo en 1983, sino en los dos años siguientes, y eran inservibles para el juicio. De modo que entregaron los restos a los familiares.
Las pruebas servirán para las investigaciones preliminares de 1984 y 1985, en las que aún no hay acusación. Un cadáver identificado con ADN permite un nombre y apellido, una fecha de detención, una administración militar responsable.
De acuerdo con una opinión muy extendida, los enjuiciamientos pagan mal a militares que se enfrentaron al terrorismo en situaciones de extrema precariedad. Habría que añadir sin dirección política. Por lo mismo, es injusto que estén siendo juzgados sin estar acompañados por las autoridades civiles que debieron supervisar su acción. Hasta 1987 la dirección de los institutos castrenses se ejercía desde tres ministerios de las Fuerzas Armadas y luego por uno solo, el de Defensa. El Perú de aquellos años no era una dictadura militar como la de Pinochet o Videla. ¿No es peor la existencia de matanzas sistemáticas bajo un régimen democráticamente elegido? Esta pregunta está en la base de una crítica a la CVR por haber sido más tenue su condena a los períodos de Fernando Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) respecto del de Alberto Fujimori. Un dato significativo es que en el juicio Los Cabitos-1983, la fiscalía comprendió al ministro de Guerra de entonces, Oscar Brush Noel. Salió del proceso porque falleció.
No es difícil demostrar que durante Belaunde faltó supervisión del gobierno, pero en la práctica no se le ha tomado cuenta por eso. Hubo un pacto implícito, por el cual los militares combatían a Sendero Luminoso como mejor podían y a cambio recibían apoyo político ante denuncias por excesos. Alan García pareció romper la entente cuando, en 1985, a pocas semanas de haber asumido su primer mandato, castigó la matanza de Accomarca, en la que un subteniente, Telmo Hurtado, ordenó el asesinato de 69 campesinos. Destituyó a Mori, el jefe militar de Ayacucho, y luego al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praeli. Fue su inesperada reacción ante lo de Accomarca lo que llevó al Ejército a disponer una limpieza de cadáveres en Los Cabitos. Abundaban denuncias por desapariciones. Si un presidente actuaba así, algún juez, envalentonado por el ejemplo, podría pedir una inspección al cuartel, dejando al descubierto sus más terribles secretos.
Precisamente esta semana García concurrirá como testigo a la Sala Penal en la que se lleva el juicio oral sobre el caso Accomarca. Es difícil achacarle encubrimiento por estos hechos, pero en 1986 se amparó en el fuero militar cuando se trató de juzgar la matanza de los penales. Dispuso impunidad, desde que declaró zona militar a los penales, con una norma de carácter retroactivo, cuando ya habían sido debelados los motines y cuando el Consejo de Ministros que se reunió para aprobarla ya sabía de sus consecuencias funestas. La Corte Suprema avaló la medida, como diez años después lo hizo ilegalmente con el caso Chavín de Huántar, para no ejercer control sobre por lo menos un asesinato que comprobadamente se produjo. El hecho de que el gobierno de Ollanta Humala se halle completamente involucrado en el encubrimiento de ese asesinato, comprueba que la doble moral continúa hasta hoy.
La prolongada discusión acerca del involucramiento de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta ha tapado el hecho cierto de que fue el Ejército y no los gobiernos de entonces, los que animaron el Grupo Escorpio, en 1988, y el destacamento que dirigió el mayor Santiago Martin en 1991. Ese año, otro contingente del Ejército preparó cartas-bomba que mataron a varias personas. Estas acciones no fueron dirigidas por el SIN sino por el Servicio de Inteligencia del Ejército. Visto en retrospectiva, un error. ¿En qué momento los oficiales se reunirán para discutir si estuvo mal o bien? Desde luego, se trata de una discusión que no podría tener orígenes ni efectos legales, por lo menos no en estos años. Pero debería realizarse, porque el Perú es un país propicio para acciones violentas que requieren el uso de la fuerza para someterlas. En esos casos, sería conveniente que las órdenes sean explícitas para que si hubiera excesos, pudiera tomarse cuentas tanto al político como al militar.
Fuente: La República

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Noticia, Conozca a los 14 nuevos ministros de Ollanta Humala – 28/07/2011 10:40:34


Las carteras de Cultura y Educación finalmente las ocuparon Susana Baca y Patricia Salas. No hay paridad de género. Se incumple con ubicar a civiles en Defensa e Interior. Las últimas dos fueron promesas de campaña. Destacan Francisco Eguiguren, Alberto Tejada, René Cornejo y los ya anunciados hace días Luis Miguel Castilla y Aída García Naranjo.
José Miguel Silva @jomisilvamerino
Poco más de 48 horas separan al Ollanta Humala presidente electo del Jefe de Estado en funciones. Ayer por la noche se hicieron conocidos otro grupo de nombres del gabinete, que se suman a los revelados hace menos de una semana.
Dos cosas se pueden confirmar con los anuncios del líder de Gana Perú. Se inicia el gobierno con dos propuestas incumplidas.
No hay rastros de un gabinete con paridad de género, pues hasta hoy solo una mujer ocupa el grupo de trabajo. Tampoco se colocó a dos civiles en los ministerios de Defensa e Interior, como se comprometió el entonces candidato.
A continuación, en pocas líneas, lo más destacado del perfil de los miembros del equipo que gobernará el país a partir del 28 de julio próximo:
Presidente del Consejo de Ministros: Salomón Lerner Ghitis
Con 65 años de edad, el próximo Premier es un empresario de amplio y expectante recorrido. Conoció a Humala en el año 2005 y desde allí estuvo cercano a él. El diario La Tercera de Chile destacó en él que logró ver en el mandatario electo “la encarnación de un proyecto de los años 70 de un grupo generacional que deseaba cambios con estabilidad y justicia social”.
Trabajó durante el régimen del ex presidente Juan Velasco Alvarado en la empresa de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado. Con la salida de Velasco, pasó a ocupar el Viceministerio de Comercio Exterior, ya con Francisco Morales Bermúdez en la cabeza del régimen militar, sindica, también el medio chileno.

Lerner Ghitis además fue director de instituciones como Transparencia y de la COFIDE, el primer organismo está dedicado a salvaguardar el orden democrático y el segundo, es una empresa de economía mixta cuyo principal objetivo es la promoción de las inversiones.
Además, Lerner, perteneció al directorio de una pasada administración en Frecuencia Latina. Según la revista Semana Económica, estuvo a cargo desde un inicio en el diseño del plan económico de Gana Perú.
Además debe agregarse que al inicio de esta campaña electoral no aparecía mucho en los medios de comunicación hasta el “rush” final en donde apareció nítidamente en diversos diarios y revistas.
Ministro de Economía: Luis Miguel Castilla Rubio
El 15 de julio pasado Castilla renunció al Viceministerio de Hacienda, en donde trabajó junto a Ismael Benavides, pero sus labores en el manejo económico del país no son recientes. Según la revista DOMINGO, en el 2009, Luis Carranza lo llevó al MEF como asesor y en enero del 2010 Mercedes Aráoz hizo viceministro.
Es doctor y máster en economía por la Universidad de Baltimore, y pocas veces ha aparecido en conferencias de prensa. Ahora deberá asumir mayor protagonismo, incluso ahora mismo que prometió incidir en “un crecimiento con mayor inclusión social”.
Recibió críticas y elogios de todos lados. Desde la CGTP que lo criticó duramente, hasta de apristas, con los que compartió el gobierno saliente. Mauricio Mulder lo llamó casi “el padre del polémico decreto 012″, por el que se llegó a asegurar que vendría una crisis en los próximos meses.
Castilla asume el cargo bajo el auspicio del presidente Humala, quien aseguró, en una entrevista al programa de televisión dominical, Panorama, que buscó, mediante el futuro ministro de Economía, dejar en claro que una persona no hace la política de un gobierno.
Los sectores económicos lo recibieron con mucho beneplácito, ADEX felicitó la designación, la bolsa subió al saber de su anuncio. Se le considera “ortodoxo” en su manejo fiscal, y deberá hilar fino para resolver una serie de propuestas de campaña del mandatario (aún electo) que le dio la confianza.
Ministerio del Interior: Oscar Valdés Dancuart
No es un civil quien ocupará el cargo del Ministerio del Interior. Se trata de Oscar Valdés, nacido en Lima el 3 de abril de 1949. Fracasó en su intento de ser presidente regional de Tacna, en las elecciones pasadas.
Este ex teniente coronel del Ejército Peruano (se retiró en 1991), según su ficha del Jurado Nacional de Elecciones, vive más de quince años en Tacna. Es allí en donde ha tenido los más importantes años de su desarrollo empresarial.
Parte de esto se dio en la presidencia de CETICOS de dicha ciudad y de la Cámara de Comercio también de dicha ciudad, además de una serie de instituciones privadas.
Según la ficha revisada del JNE, recibe 14 mil soles mensuales como remuneración privada, mientras que apenas supera los 1400 soles de pensión por parte del Ejército Peruano.
Este empresario, según dijo en un programa de televisión de la localidad de Tacna, fue profesor de Ollanta Humala, y tal cual él, se llama así mismo “nacionalista”.
Según dijo en dicho canal local, “no es un político local pues él sí dice las cosas de frente”. Además cree que las personas deben ayudar siendo partícipes del desarrollo público.
Ministerio de la Producción: Kurt Burneo
Fue parte del gobierno de Alejandro Toledo, participando una vez como viceministro de Hacienda y además como director del Banco de la Nación.
Además de ser catedrático universitario suele escribir artículos de opinión económica sobre temas de actualidad en diversos medios. Tiene twitter y lo usa periódicamente. Además tiene un blog en el diario Gestión.
Fue parte del equipo técnico de Perú Posible, pero se trasladó a Gana Perú para apoyar en la segunda vuelta. Mientras algunos lo acusaron de tránsfuga, otros dijeron que no lo era pues solo es un técnico y no milita en el partido de Alejandro Toledo.
Finalmente Toledo apoyó a Humala y las distancias quedaron atrás. En un momento se le voceó como titular del Ministerio de Economía pero ahora ocupará Producción en reemplazo del aprista Luis Nava.

Ministro de Ambiente: Ricardo Giesecke:
Abrió su participación pública, como nuevo ministro de Ambiente, dejando en claro que “no consumiría transgénicos”.
Y es que este será uno de los temas más picantes que deberá afrontar el físico que se dedica hace mucho a investigar y participar en temas de preservación del ambiente.
Con una moratoria de diez años aprobada por el Congreso pero con una observación del Minag, para que sean solo cinco, Giesecke (quien además fue coordinador de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en nuestro país y Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Calidad del Aire del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) ya tiene experiencia en gestión pública.
Fue director del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Pronaa, donde, tras finalizar su gestión fue denunciado por el presuento delito de peculado, aunque la justicia lo absolvió finalmente.
Según el blog, actualidad ambiental, también fue viceministro de Energía en el pasado. Giesecke, quien fue parte de la comisión de transferencia en temas ambientales, ha generado muchas expectativas en su futuro desempeño.
Ministro de Salud: Alberto Tejada
Ex alcalde de San Borja y ex árbitro de fútbol, Tejada no es solo conocido por su los recuerdos de los importantes partidos que dirigió, sino además por ser un médico de dilatada trayectoria.

Tejada es hijo de otro árbitro, Alberto Tejada Burga. El próximo titular del sector salud tiene recuerdos que muchos otros sudarán mucho para conseguir: fue convocado para arbitrar en dos mundiales seguidos: 94 y 98.
No estuvo nunca en el bolo de los posibles reemplazantes de Óscar Ugarte. Tras un par de gestiones exitosas en la Municipalidad de San Borja, Tejada además fue candidato al sillón de la Federación Peruana de Fútbol, en las pasadas elecciones.
Deberá enfrentar un proceso de transferencia de funciones de su sector a los gobiernos locales, rechazado por un importante sector de los médicos.
Ministerio de la Mujer: Aída García Naranjo
La única mujer en los dos primeros anuncios del gabinete “estreno” de Ollanta Humala. Es una conocida activista por los derechos de la mujer.
Militante del Partido Socialista, en donde comparte liderazgos con Javier Diez Canseco. Aída es conocida con su apelativo de “Mocha” y defiende ideas de izquierda muy apasionadamente.

Suele ser frontal y muy sincera en sus declaraciones, como cuando opinó que el affaire Alexis Humala opaca la corrupción del gobierno aprista. No postuló al Congreso, pero sí fue vocera designada de Gana Perú.
Es educadora de profesión y ha sido cantante. Además tiene influencia en sectores relacionados a su partido político. Jóvenes de la Universidad Católica, donde ella estudió una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno, la apoyan y siguen fervorosamente.
Era uno de los nombramientos que más se veía venir. Ella lo toma con mucha cautela pero a su vez con alegría. Se tomó una foto ya con un fajín ministerial y la colgó en su facebook.
Vale decir que usa, no activamente pero sí de forma periódica, las redes sociales.
Según el diario El Comercio, “actualmente responsable del programa de Género y Desarrollo en el Centro de Derechos y Desarrollo (Cedal)”
Además fue parte del programa del vaso de leche e incluso regidora de la Municipalidad de Lima, donde ahora comanda su amiga Susana Villarán, quien ya ejerció ese cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Ministerio de Energía y Minas: Carlos Herrera Descalzi
Este ingeniero también fue un nombramiento que se veía venir. Fue titular de dicho sector en el gobierno de transición de Valentín Paniagua.

Además presidió el Colegio de Ingenieros del Perú. Se le consultó en repetidas ocasiones por el tema del gas de Camisea.
Advirtió repetidamente que la capacidad de traslado de gas del consorcio a cargo era insuficiente por lo angosto del ducto.
Ahora deberá, desde el Ministerio hacia el cual fue muy crítico en la gestión aprista, promover las ideas de Gana Perú en torno al gas.
Ollanta Humala propuso que el gas del lote 88 sea de uso exclusivo para el Perú y además, hace unos días, aseguró que hará todos los esfuerzos posibles para que el balón de gas llegue a costar dos veces menos de lo que cuesta actualmente en promedio, es decir 12 soles.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: René Cornejo
Tecnócrata bien visto en un primer momento. Es Ingeniero Mecánico y Eléctrico graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con una serie de postgrados de alto nivel en temas como Administración y Derecho de la Empresa.
No es nuevo en el sector. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, el hasta hace pocas horas consultor, fue Secretario Ejecutivo del Fondo MIVIVIENDA y Director Ejecutivo de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial Estado , FONAFE.
Además, según indica la página web que publica su hoja de vida, Cornejo “Lideró el relanzamiento del Fondo Hipotecario de Promoción la Vivienda, posicionando al Crédito Mivivienda como uno de las grandes políticas de Estado”.
Por otro lado fue director Ejecutivo de Pro Inversión, en donde tuvo a su mando, grandes procesos de promoción de las inversiones.
Ministerio de Relaciones Exteriores: Rafael Roncagliolo
Se llama a sí mismo “fanático de la concertación”. El sociólogo Rafael Roncagliolo parece haber tenido mucho respaldo en sus primeras horas como Canciller designado.
Este ex político de izquierdas es conocido a nivel global por su participación en diversas organizaciones de apoyo a la democracia, como TRANSPARENCIA, la cual ayudó a fundar y ahora la sección de IDEA en Perú.
Padre del famoso escritor Santiago Roncagliolo, ganador del Premio Alfaguara por su novela, Abril Rojo, Rafael ha sido también catedrático en diversas universidades.
Asegura que el tema de La Haya será un tema prioritario. En Chile, su designación fue bien vista por el canciller Alberto Moreno. “Seguro que hará una gran labor”, dijeron.
Roncagliolo participó en la formación del Acuerdo Nacional y además ha ejercido labores de consultoría en la Unesco, el PNUD, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo,ventre otros organismos.
Ministro de Comercio Exterior y Turismo: José Luis Silva Martinot
Nadie quizás pueda desarrollar tanto el tema del Comercio Exterior como este ministro designado. Silva Martinot ha sido titular del principal gremio exportador peruano, la asociación de Exportadores del Perú ADEX. El exitoso empresario exportador es además gerente de Laboratorios Hersil S.A.
En ADEX, fue titular de dicho gremio, del 2007 a 2009. Cuando en las elecciones pasadas, el ahora presidente, Juan Varilias, postuló al Congreso por Solidaridad Nacional, él lo reemplazó temporalmente en el cargo.
Sorprende la designación de Silva porque usualmente se cree que los exportadores son los menos interesados en modificar los Tratados de Libre Comercio, lo cual iría, supuestamente, en contra de sus intereses.
Pero Silva Martinot dejó en claro en exclusiva para LaRepública.pe, que “los tratados de libre comercio se vienen modificando continuamente”, con lo que esta posición de en contra de revisiones se negaría por sí misma.
Ministerio de Trabajo: Rudecindo Vega Carreazo
Finalmente Juan Sheput no ocupó esta cartera, pero sí lo hizo otro militante de su partido, se trata de Rudecindo Vega. Ex ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo en el período 2005-2006.

Su perfil personal dice lo siguiente: “Soy Abogado (CAL Nº 14782), Egresado de la Maestría en Derecho Civil y Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuento con una amplia experiencia en la gestión pública, he creado y ejecutado diferentes programas y proyectos de alcance nacional, regional y local; trabajo en equipo y bajo presión” .
Fue candidato al Congreso por su departamento, Amazonas, donde nació el nació el 28 de febrero de 1963.
Es actualmente Presidente Ejecutivo de la Empresa Consultora Perú Descentralizado-Corporación Vega Carreazo & Asociados SCRL. Y asegura tener más de 50 publicaciones en su legajo.
Ministerio de Justicia: Francisco Eguiguren
Tiene un Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú.Fue director general de la Academia de la Magistratura y trabajó además en la Comisión Andina de Juristas.

Eguiguren Praelli es un reconocido catedrático experto en derecho constitucional, ha publicado una serie de libros y además ha sido columnista de Perú 21 bajo la dirección de Augusto Álvarez Rodrich.
Eguiguren deberá tener la labor de reorganizar un sector que no viene muy bien parado últimamente.
El encargado del proceso de transferencia en el sector Justicia, Avelino Guillén, dejó en claro que durante los últimos años se dieron gracias presidenciales “incluso a procesados por narcotráfico”.
Si bien Guillén era el principal voceado para reemplazar a Rosario Fernández en el cargo, el catedrático Eguiguren no decepciona por su trayectoria educativa limpia y destacada.
Fue candidato sin éxito al Consejo Nacional de la Magistratura.
Ministerio de Defensa: Daniel Mora Ballón
Nacido en la provincia constitucional del Callao, Mora, pertenece a Perú Posible. Es general en retiro del Ejército Peruano, con lo cual incumple la promesa de Ollanta Humala de “colocar un civil en el Ministerio de Defensa”.
No obstante, él alega, que ya hace más de diez años está alejado de lo militar y que ahora es un “ciudadano” con todo el derecho de apoyar a su país en lo necesario.
Mora también comandó el Consejo Nacional de Inteligencia en el referido período de gobierno y fue electo Congresista en la última elección por el Callao.
Tras la debacle de su partido en la elección presidencial, el general Mora (como se le llama usualmente), fue nombrado vocero oficial de Perú Posible en el Parlamento, pero ahora deberá ausentarse de su cargo para desempeñar su cargo en el Mindef.
De plano ya se mostró en contra de la propuesta del saliente gobierno en relación a la reforma de pensiones de los militares.

Ministerio de Agricultura: Miguel Caillaux
No hay mucha información sobre el reemplazante de Jorge Villasante en el Ministerio de Agricultura. Caillaux.
Se conoce que fue presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos lecheros del Perú y alto directivo de la Convención del Agro, Conveagro.
Caillaux se pronunció hace un tiempo en La República en defensa de los intereses del los empresarios peruanos durante la negociación del TLC con Estados Unidos.
Tal preocupación fue expresada ayer por el vicepresidente de Conveagro, Miguel Caillaux, quien resaltó que los productos sensibles “que serían entregados a los norteamericanos” serían el algodón, las oleaginosas, el trigo, así como la cebada y avena”, cuenta la nota de La República, Caillaux pidió por entonces que se respeten y defiendan los intereses peruanos en las negociaciones de dicho acuerdo económico.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Carlos Paredes
El empresario arequipeño Carlos Paredes deberá tomar el cargo de Ministro de Transportes que deja Enrique Cornejo Ramírez y no se trata de un sector fácil ni irrelevante.
Durante la campaña de Gana Perú se propuso entregar mayores licencias del espectro para radio y tv, lo cual recaerá directamente en la sapiencia de Paredes.
Según la revista Caretas, Paredes no es muy “nuevo” en el círculo íntimo de Humala Tasso.
“Los padres de ambos son amigos de infancia y un hermano de Carlos fue compañero de armas de Ollanta en el Ejército. Cuando viaja con su esposa Nadine a Arequipa, uno de sus bastiones electorales, Humala se aloja en la casa de Paredes en Challapampa”, indica el semanario.
Sería entonces un asesor cercano del nuevo mandatario, tanto así que en algún momento llegó a ser voceado como futuro premier, cargo que finalmente ocupó Salomón Lerner Ghitis.
El empresario tendría, además, como agrega la citada revista, relación con la empresa Cervesur y además con la fabricante de alimentos Laprosa.
Sepa más:
Cultura y Educación son los dos sectores pendientes de anunciar.

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Queda en familia y No veo resultados en labor de la DINI y esto no puede ser excusa para tapar seguimientos

DEVIDA

Interesante, Queda en familia – 04/06/2014 14:33:17

“Parece que este gobierno de la “Gran Transformación” es más bien el de la “Gran Familia”. Para muestra unos botones:
Flavio Figallo Rivadeneyra, hermano del ministro de Justicia, Daniel Figallo Rivadeneyra, trabaja como viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.
Lo mismo sucede con el flamante presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Alberto Otárola Peñaranda, quien es hermano del presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda.
Esta no es la primera experiencia de Alberto Otárola en el Ejecutivo, pues ha trabajado como consejero en el despacho presidencial. Ha sido también viceministro de Orden Interno en el Ministerio del Interior y ministro de Defensa.
Por último, la hermana del expremier ,y hoy representante del Perú ante la OEAJuan Jiménez Mayor, la señora Patricia Martha Jiménez Mayor, acaba de ser ascendida en la SUNAT, en donde ahora será la jefa de la Oficina de Supervisión Operativa. ¡Provecho!
Foto: Difusión.

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Interesante, Soberón: No veo resultados en labor de la DINI y esto no puede ser excusa para tapar seguimientos – 14/06/2013 15:52:38


Ideeleradio.- No veo resultados en labor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ni en el Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, y la delincuencia más avezada, y esto no puede ser excusa para tapar los supuestos seguimientos, sostuvo Ricardo Soberón, exjefe de Devida.

Fue al comentar las declaraciones del premier Juan Jiménez Mayor quien rechazó que la DINI esté realizando labores para atacar a políticos de la oposición y que su fortalecimiento responde al interés del Gobierno para luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

“[¿El sistema de Inteligencia cuyo sentido está abocado de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, y la delincuencia más avezada, no está haciendo esa labor?] No, pues, porque no tenemos los instrumentos tanto de detección de lavado de dinero. No veo ni observo resultados. No se trata de encontrar a un sicario colombiano, sino el flujo de la madeja, que es una serie de secuencias y segmentos que me conducen a detectar esta dinámica de movimiento”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Entonces, ¿No es válido el argumento por lo menos una justificación a lo que está pasando?] [Miremos] los resultados, si a mí me apareciera el desmantelamiento de unas empresas de origen colombiano con incautación de patrimonio de bienes e inmuebles me quedaría callado, pero no observo resultados, no los veo”, aseguró.

Estamos en pañales para detectar flujos de criminalidad
El exjefe de Devida recordó que los reportes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) eran muy pobres y señaló que aún estamos en pañales para detectar flujos de criminalidad organizada.

“[¿Crees que los servicios de inteligencia están abocados a la tarea de combatir el crimen organizado y a lo que se está diciendo?] Pienso que estamos en pañales aún en términos de instrumentos para detectar flujos de criminalidad organizada. Recuerdo cuando leía los reportes de la DINI, eran muy pobres aún”, anotó.

“Es verdad que hay un transvase de inversiones colombianas al exterior en Ecuador, Perú, Argentina. Hay gente excelente y gente buena, mala, regular y muy mala, de todos los niveles, que sale del país para aprovecharse de estas coyunturas. Entonces, yo no veo una posibilidad de que esto me sirva como excusa para tratar de tapar lo otro, no se está produciendo porque no veo resultados”, finalizó.

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Noticia, Ricardo Soberón: Humala y su entorno no tienen idea de lo que debe hacerse en el Vraem – 16/10/2012 15:47:49


Ideeleradio.- El exjefe de Devida, Ricardo Soberón Garrido, sostuvo que el presidente Ollanta Humala Tasso y su entorno más próximo no tienen una idea cabal de lo que debe hacerse en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Marañón (Vraem).

Fue al ser consultado por los recientes atentados terroristas de la columna senderista de los hermanos Quispe Palomino en el Cusco, donde el viernes último dos policías murieron y tres resultaron heridos en una emboscada en las localidades de Kepashiato y Kimbiri.

“En el primer trimestre del año pensaba que el problema se llamaba Oscar Valdés, pero me estoy dando cuenta que el problema va un poco más arriba de Oscar Valdés o de cualquier primer ministro, me temo que el propio Presidente y su entorno más próximo no tiene una idea cabal y completa de lo que debe hacerse en ésta región del VRAEM”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Todos conocemos y los que hemos estado en el Gobierno [sabemos] la poca confianza que tiene el Presidente Humala hacia el estamento civil, él confía en lo militar. Pero más allá de la presencia de un ministro del Interior civil o de un ministro de Defensa civil o de un primer ministro del talante civil de Juan Jiménez. Todo parece indicar que cualquier iniciativa que tiene éste gobierno en la actualidad sobre el VRAEM va por vía militar”, aseveró.

El presidente se salta los ministros
Inicio Soberón Garrido, consideró a su juicio que el jefe de Estado no escucha a los ministros del Interior, Wilfredo Pedraza y de Defensa, Pedro Cateriano. Indicó que el Perú dentro de diez años será el primer productor mundial de coca y de pasta básica de cocaína.

“Yo me temo que el presidente se salta a los ministros [Interior y Defensa] y coordina con un sector que no está vinculado a ellos, prueba de ello es que en la conferencia de prensa que dieron los dos ministros luego de sucedido los hechos en Ranrapata, [dónde salieron] esas contradicciones y vacíos de discursos entre Comando Conjunto de las FF.AA – PNP y las cabezas de sector [Interior y Defensa] muestran eso; poco peso político, poca capacidad de coordinación, ausencia de mando político del Estado peruano para observar y dirigir las acciones en el VRAEM”, subrayó.

“El mercado del narcotráfico en los próximos cinco, 10 años procediendo del Perú, primer productor mundial de coca y de pasta, se van a derivar ya no a Europa, ya no a EE.UU sino al Brasil. Eso hace que para las columnas de Quispe Palomino y las firmas que están alrededor de ellas, la ruta terrestre que conduce de Kimbiri hacia Cusco es estratégica, por eso los atentados que últimamente apreciamos, están en esa vía”, advirtió.

Ministro de Defensa no puede seguir mirando hacia atrás
Inicio Finalmente, manifestó que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano debe formular su discurso y no mirar hacia el pasado cuando se hacen las críticas a su gestión ministerial. Dijo que las opiniones del titular de Defensa visibilizan las contradicciones que hay en la política antisubversiva del Gobierno.

“Yo pienso que el ministro Cateriano debería poder reformular su discurso, sus iniciativas y sus propuestas, no podemos seguir mirando hacia el pasado, como una argumentación, una justificación de porque las cosas están como están. Hasta que no resolvamos un problema de carácter histórico entre nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército particularmente, no vamos a obtener la interoperabilidad de las fuerzas conjuntas de un ejército, de un componente armado”, explicó.

“Esto se traduce efectivamente, en falta de coherencia, falta de iniciativa, se visibilizan las contradicciones, hay críticas interinstitucionales que no permiten mostrar un Estado unitario”, concluyó.

Como se recuerda el día de ayer, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, responsabilizó del resurgimiento del senderismo a la “”política del avestruz”" que, en su opinión, se practicó en los gobiernos anteriores para eludir el problema.

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¡No al circo! y HUMALA, EMPRESAS Y LIBERTARIOS: OCHO CONCLUSIONES

Que opina usted? ¡No al circo! – 30/04/2014 17:05:12

“Este 29 de abril se iniciará en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el esperado debate sobre los tres proyectos de ley referidos a la uni ón civil entre personas del mismo sexo.
El citado grupo de trabajo es presidido por el pepecista Juan Carlos Eguren. La última encuesta de Ipsos Perú señala que el 61 % de peruanos se opone al proyecto legislativo que promueve la unión civil entre personas del mismo sexo, iniciativa promovida por el parlamentario Carlos Bruce, mientras que un 33 % lo aprueba.
Del mismo modo, un 49 % de los entrevistados está de acuerdo en que los homosexuales tienen derecho a formar un patrimonio económico común, un 52 % aprueba que puedan tomar decisiones en torno a la salud de sus parejas cuando estas no puedan expresar su voluntad, un 54 % apoya a que accedan al seguro médico del otro y un 52 % a su pensión.
Aunque se le puede dar varias interpretaciones a los resultados de esa encuesta, lo cierto es que mucha gente todavía confunde la unión civil con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Según lo ha explicado el congresista Bruce, existe una gran diferencia entre ambas, siendo la principal que las uniones civiles no reciben los derechos y protecciones que reciben los matrimonios, cuyo poder simbólico es enorme y sirve para validar el amor de la pareja ante los ojos de la sociedad y la ley.
“El matrimonio conlleva una serie de protecciones legales y beneficios para las parejas, que no confiere a las parejas registradas bajo una unión civil. Por ello es que el proyecto ha sido denominado “Unión Civil No Matrinial”", precisó el legislador.
Otras realidades. En muchos países en donde la unión civil es una realidad, se permite a las partes tomar decisiones médicas importantes en nombre del otro.
Las partes de una unión civil a menudo tienen los mismos derechos de visita hospitalaria que una pareja casada, por ejemplo.
Otros de los beneficios médicos de ese tipo de unión pueden incluir los mismos beneficios del matrimonio, como los de la declaración de derechos de los residentes de hogares de ancianos y hogares de cuidado para adultos.
Asimismo, dependiendo del país, las uniones civiles pueden permitir que las partes que trabajan para una empresa con un plan de seguro de salud familiar incluyan a su pareja en el mismo.
Algunos países no permiten esta prestación en virtud de la Ley de Defensa del Matrimonio, y otros permiten el beneficio, pero consideran el valor de esos beneficios como ingreso imponible.
Algunos empleadores pueden elegir si desean que su plan de seguro se extienda a las uniones civiles.
Otras propuestas. Son tres los proyectos de ley que serán debatidos el próximo 29 de abril en la Comisión de Justicia del Congreso. Uno de autoría del parlamentario Carlos Bruce (Unión Civil), mientras que los proyectos restantes, que comprenden específicamente asuntos patrimoniales, son de la congresista fujimorista Martha Chávez y de su compañero de bancada Julio Rosas Huaranga.
El proyecto de ley de la parlamentaria Chávez, “Sociedad Solidaria”(N° 3273/ 2013 CR), se refiere a un acuerdo entre dos personas que hacen vida en común y tiene como objetivo crear derechos patrimoniales sin alterar el estado civil de ambas partes.
Estos derechos van desde compartir la propiedad de los bienes adquiridos por la pareja y también la administración de los mismos. Otro de los puntos defendidos por su propuesta es el derecho a que uno asegure al otro en seguros, tanto públicos como privados.
En declaraciones a la prensa, Martha Chávez agregó que su proyecto de ley también contempla el derecho a la toma de decisiones para el tratamiento quirúrgico de emergencia, en el caso de que una de las partes que haya firmado el acuerdo se encuentre en grave estado de salud.
Por otro lado, está el proyecto del congresista Julio Rosas Huaranga de “La Atención Mutua” (N° 2801-2013 CR). En una entrevista a un medio local, Rosas explicó que su proyecto comprende los derechos patrimoniales de ambos cónyuges.
Es decir, si uno de los dos fallece su pareja podrá heredar parte de sus bienes, siempre y cuando no existan herederos legales que los reclamen (hijos, padres y hermanos menores de 18 años).
El expastor evangélico resaltó que está a favor de otorgar derechos patrimoniales a la pareja, pero no de la unión civil en concreto pues sostuvo que su aprobación sería un mal precedente en nuestro país porque daría pie a que se aprueben medidas nefastas a futuro, como un posible matrimonio con menores.
“Primero unión civil. Luego, adopción de menores. Mañana más tarde a alguna persona se le ocurrirá casarse con los niños y eso se llama pedofilia. Entonces, ¿vamos a legislar en base a la atracción de niños?”, agregó el congresista.
Rosas Huaranga acotó que los derechos son inherentes al nacimiento y “nadie nace gay”, por eso ratificó su postura de que los homosexuales necesitan libertades, “no derechos especiales”.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, no ha descartado que se pueda fusionar los planteamientos de todas las propuestas antes expuestas, de tal modo que pueda quedar “un solo proyecto de ley”.
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Los derechos

Interesante, HUMALA, EMPRESAS Y LIBERTARIOS: OCHO CONCLUSIONES – 23/05/2013 9:21:26


Luego de las movidas en torno al caso Repsol y a una controvertida norma sobre la regulación de la publicidad de la comida chatarra, dos artículos complementarios ponen una visión más reflexiva sobre lo ocurrido. Ricardo Uceda y David Rivera han contado en Poder buena parte del detrás de cámaras de la frustrada compra de los activos de la empresa española y Juan Carlos Tafur editorializó en Velaverde sobre la histeria generada a partir de una norma, cuya oposición se convirtió en una bandera libertaria. A partir de lo que ambos señalan, sostengo las siguientes ocho afirmaciones.
1. Existe desconfianza mutua entre Humala y los empresarios: Si bien parecía que la relación se había calmado luego de la elección de 2011 y las designaciones de Luis Miguel Castilla (MEF) y Julio Velarde (BCR), lo cierto es que ninguno terminó de confiar en el otro. Razones existen desde ambas partes de la mesa. De un lado, buena parte de los ejecutivos peruanos han pasado en diversas etapas de su vida por los malas experiencias estatistas de Juan Velasco Alvarado y Alan García, lo que les ha generado reflejos bastante fuertes contra cualquier cosa que les sepa a aumentar el rol del Estado en algunas tareas. De otro lado, Humala recuerda bien que los empresarios le hacían spots como este (tanto para el público en general como a sus empleados) en plena campaña electoral:

Luego del caso Repsol, la relación anda aún peor. Como señalan Uceda y Rivera, la relación amistosa entre Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, y Nadine Heredia se ha quebrado. Y, de otro lado, el gran problema de la relación no está en que los empresarios crean que Humala es un chavista (aunque algunos sí lo creen), sino en que se llama “eliminación de trabas para la inversión”, cuestión en la que, desde las salas del Club Empresarial, ven al gobierno arrastrando los pies.
2. Existe un sector de liberales (y, sobre todo, libertarios) que cree que pechar a Humala es la mejor forma de controlarlo: Tafur lo coloca en estos términos:
Y no me vengan con que se trata de gritar fuerte a pesar de ser conscientes de que es por un asunto menudo, porque es de naturaleza ejemplar y sirve para hacer sentir que los ciudadanos peruanos no tolerarán que el Estado recupere protagonismo. Lo creeríamos si el tenor fuese el mismo frente a todo afán colectivista.
De hecho, cuando le pregunté en estas semanas a algunas personas partidarias de este tipo de gritería porque lo hacían, el reflejo fue: “si queremos negociar con Humala, lo mejor es maximizar demandas, para luego rebajarlas”. Curioso, es el mismo método del sindicalismo peruano al que han criticado por años.
3. Sin embargo, hay mejores formas de negociar con Humala y se ha demostrado: Además del gravamen minero, Uceda y Rivera relatan un ejemplo claro sobre cómo hacerle entender a Humala que debe retroceder: el tan mentado caso Repsol. Fue Castilla quien terminó de convencer al presidente de la República, con cifras y números, que la idea de la compra de La Pampilla era un pésimo negocio. No fue necesaria una renuncia, ni una mentada de madre. Claro está, muchos sabemos que el ministro de Economía se va, a más tardar a fin de año, por razones familiares. A pesar de esta última observación, Castilla indica que el camino, antes que por la gritería, pasa por los argumentos.
4. Cuidado con el “liberalismo de manual”: Así como se ha criticado, con justa razón, al “marxismo de manual” de los años setenta, en el que se exacerbó el dogmatismo de izquierda, la comisaría de la ortodoxia zurda y algunos otros defectos que, lamentablemente, aún se mantienen en parte de ese sector político hasta el día de hoy, el liberalismo se corre el riesgo de caer exactamente en lo mismo.
Básicamente, con una herramienta: el análisis económico del derecho (law and economics), que puede ser útil para la disección de problemas jurídicos, pero que ha sido elevada a categoría de catecismo por varios de sus seguidores criollos. Vistos los problemas nacionales a través de este prismático, no se toma en cuenta que el modelo teórico no puede traspasarse por entero a la realidad y, como bien ha indicado JCT, se puede caer en inconsistencias como olvidar el otro lado del liberalismo: las libertades políticas, civiles y sociales. De eso, lamentablemente, pocos hablan. Una saludable excepción ha sido el artículo de Enrique Pasquel, publicado hoy en El Comercio, en contra de la discriminación de personas homosexuales.
5. Humala tiene algunas ideas fijas, pero no sabe como llevarlas a cabo: Son dos las que identifica la dupla Uceda – Rivera: inversión privada, sobre todo, minera, para impulsar la economía, pero acompañada del desarrollo de Petroperú. Ello explica porque Castilla “cede” ante Humala en este último punto.
El problema es que, en ambos casos, no ha tenido el manejo político adecuado para llevar a cabo sus planes. De un lado, Conga fue convertido – innecesariamente – en el proyecto que debía constituir la “prueba de amor” de Humala al sector minero, olvidando que pertenecía a la empresa que, luego de Doe Run, acumulaba la peor relación con su entorno social. De otro lado, entre el poco respaldo de Jorge Merino y las limitaciones de Humberto Campodónico, nunca se pudo generar las condiciones para que Petroperú tuviera las mejorías en gobierno corporativo que tenían pares suyos como Petrobras y Ecopetrol.
6. Para Humala, pesan más los ministros que lo convencen de su liderazgo político en determinada materia: Por eso se compra algunos pleitos y evita otros. Merino es capaz de convencerlo de comprar Repsol, Triveño de la regulación pesquera o Trivelli de los programas sociales.
Caso claro de falta de peso político: la consulta previa. En una conversación que tuve con un analista cercano a estos temas hace algunas semanas, concluíamos que la principal falla en este tema venía de confinar la dirección de este mecanismo al Ministerio de Cultura, creado como un Frankenstein y donde el ministro siempre ha provenido del área de las artes, sin mucha conexión clara con el área de interculturalidad. El poco respaldo político que Luis Peirano le ha dado a este tema no solo ha llevado a la salida del viceministro Iván Lanegra, sino que también ha llevado al limbo a este mecanismo importante para el país.
7. El país no es ni estatista ni libertario: Insisto en un punto que se ha vuelto a comprobar con la última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada el domingo: si bien buena parte de los peruanos no está cercano al estatismo más radical, tampoco se ha comprado del todo los lineamientos del libre mercado. A buena parte de los peruanos no les gusta Nicolás Maduro, pero tampoco dudaría en pedir al Estado algún tipo de mecanismo para que los precios de los servicios básicos bajen. Este es un dato que deberíamos tener en cuenta en el análisis.
8. Humala no es Alan, ni debe serlo: Aunque a veces pareciera, porque su conservadurismo moral lo lleva a tomar decisiones desacertadas, como excluir los derechos LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero, volviendo al inicio, no estamos ante el mejor amigo de los empresarios, ni ante alguien que va a sus casas a comer o tomarse un trago, como lo hacía su antecesor. Y no debe ser un presidente que no haga cambio alguno. Su problema está en el cómo. Y para ello, las respuestas con ánimo de barra brava no servirán de mucho.
P.S.: Un punto adicional que me han hecho notar varios en estos días. Durante las últimas semanas, estas discusiones, que se generan en las redes sociales, han pasado casi a un tono de “guerra fría” entre los libertarios y sus críticos de izquierda. Antes que rebatir argumentos, se ha pasado a atacar características personales o enfatizar estereotipos de ambos lados, sin posibilidad alguna de diálogo. Básicamente, lo que ambos bandos buscan es desprestigiar al contrincante, antes que rebatir estos argumentos. Si ello se produce entre personas que tienen la aspiración de formar opinión, ¿cómo exigir lo mismo a nuestros políticos? Lo dejo a la reflexión del lector.
MAS SOBRE EL TEMA:
Martín Tanaka: Percepciones y “realidades”
Gonzalo Zegarra: Ni aprende, ni mejora

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Que opina? Keiko no sabe cómo gobernar, su gente sabe cómo generar desgobierno – 05/05/2011 13:11:04

“La última encuesta de Apoyo da un empate t

Policías y militares revueltos y Definen procedencia del amparo en lo tributario

Constitución Política

Interesante, Policías y militares revueltos – 03/06/2014 17:14:11

“¿Es constitucional el apoyo que brindan las FF.AA. a la PNP en lugares donde impera la minería ilegal y que no son declaradas zonas en emergencia?
No hace mucho el Poder Ejecutivo dispuso, a través de la Resolución Suprema N° 090-2014-IN, que las FF.AA. prolonguen su participación apoyando a la PNP en los departamento de Arequipa, Puno y Madre de Dios, para garantizar el control y orden interno ante las continuas movilizaciones promovidas por los mineros ilegales.
La noticia es reciente y parece un tanto inocente, pero encierra muchas interrogante e inquietudes entre los entendidos en la materia, debido a que se autoriza las Fuerzas Armadas para que participen en el mantenimiento del orden interno fuera de las situaciones contempladas en el estado de emergencia del inciso 1 del artículo 137º de la Constitución Política del Perú.
A priori, considero que es inconstitucional que las FF.AA. participen garantizando el orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia, pues la Carta Magna es bastante precisa cuando menciona que esa labor le corresponde a la PNP.
Además, existe un campo de acción claramente restringido a los militares, quienes deben intervenir solo en caso de emergencia.
Este asunto fue ampliamente discutido, cuando 31 congresistas del partido nacionalista, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de La Ley N.º 29166, que planteaba una situación adicional que faculte a las FF.AA. a apoyar en la restauración del control interno.
En zonas que no han sido declaradas en estado de emergencia, y establecía las reglas de empleo de la fuerza por parte del personal militar en todo el territorio nacional en cumplimiento del ejercicio de su función constitucional.
Las Fuerzas Armadas tienen la importante función de preservar la institucionalidad e integridad del Estado, ciñéndose para eso a lo establecido en la Constitución.
El Tribunal Constitucional (TC), ha resaltado que en los últimos años se han dado avances significativos para que la formación y actuación de las FF.AA. se dé en el pleno respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, se debe reiterar que su actuación para la preservación de la paz y del orden interno, están circunscritas a situaciones específicas y excepcionales que aseguren un ambiente de normalidad y de tranquilidad pública, las que son necesarias para el desarrollo de las actividades concurrentes a la obtención del bienestar general en un escenario de seguridad.
La preparación académica y profesional impartida al personal de las FF.AA. está orientada a formar al oficial para que pueda defender la soberanía y la integridad territorial de la República, así como la seguridad de sus habitantes; por lo que solamente en situaciones excepcionales y autorizadas por la Constitución, es que se permite que estos actúen en el mantenimiento del orden interno, circunscribiéndose a labores de apoyo a la Policía Nacional.
El asunto es un tanto complicado, porque no existe un marco normativo en cuanto al apoyo de las FF.AA. en el control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia.
La Ley N.º 29166, representa un avance significativo hacia la transparencia en el accionar de los militares, debido a que cuenta con principios rectores o elementos valorativos para medir la actuación del personal militar en cada caso concreto, como legalidad, necesidad, proporcionalidad, inmediatez, obligatoriedad y razonabilidad.
Pero existe un problema: esa norma tiene también muchas incongruencias e imprecisiones que, por su laxitud y estructura anfibológica, pueden llevar a una aplicación arbitraria e inconstitucional de su contenido, desde el momento en que no precisa bajo qué situaciones las FF.AA. pueden intervenir en apoyo de la PNP en determinadas zonas.
Si bien se puede presumir que la actuación militar se daría cuando se sobrepase la capacidad operativa de la Policía, no existe en la ley un criterio mínimo que reconozca la excepcionalidad de una medida de esta naturaleza o las situaciones en las que esto es posible.
Menos aún se precisa cuál es la autoridad competente para decidir cuándo se ha dado el escenario en donde sea necesario el apoyo de las FF.AA o cuál es el plazo, tanto mínimo como máximo, durante el cual los militares apoyarán a la PNP.
Tampoco detalla cuáles son los mecanismos de control político y jurisdiccionales aplicables a estas situaciones, y si estas medidas implican o no una restricción en el ejercicio de determinados derechos constitucionales.
Por otro lado, esa norma adolece de una técnica legislativa que permitiría que las FF.AA. actúen en apoyo de la PNP bajo cualquier situación.
Dicho apoyo puede comprender casos como el bloqueo de una carretera, el control de una huelga y hasta acciones contra el terrorismo o la delincuencia organizada.
Pienso que es peligroso tener a las FF.AA. en un estado de permanente alerta para apoyar la labor de la Policía en la restauración del orden interno. Se puede volver rutinario crear en todas las zonas del país estados de excepción de facto, contribuyendo así a una situación de mayor enfrentamiento entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Todo eso podría generar una potencial situación de vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, se podría constituir situaciones de excepción a través de las cuales la autoridad, vía una valoración discrecional de los hechos, podría adoptar medidas desproporcionadas que terminarían afectando los derechos fundamentales, amparados en la dicotomía sobre qué principio debe prevalecer: el de autoridad o el de libertad.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido que es necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las FF.AA. como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común; limitando el uso de la fuerza de los militares en cuanto al control de disturbios.
Puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles; entrenamiento que es propio de los entes policiales.
En base a las anteriores razones, el TC considera que en situación de singular gravedad, las FF.AA. pueden apoyar a la PNP para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, aun cuando no se haya declarado el estado de emergencia.
En este sentido, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país (tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas), las FF.AA sí están facultadas para brindar su apoyo a la PNP.
Sin embargo, se descarta que los militares puedan apoyar a la Policía en la lucha contra la minería informal. Pretender semejante cosa ya es un exceso.
Foto: Difusión.

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Constitución Política

Que opina usted? Definen procedencia del amparo en lo tributario – 07/12/2011 14:54:23

“Proceso de revisión judicial es vía igualmente satisfactoria
Por ello, afectados podrán ir al contencioso administrativo, afirman
El Tribunal Constitucional (TC) publicó recientemente la STC Nº 03417-2011-PA/TC, dictada en un proceso de amparo seguido contra Sunat y el Tribunal Fiscal, cuya pretensión fue que se deje sin efecto un procedimiento de ejecución coactiva iniciado respecto de órdenes de pago giradas por Sunat, no obstante haberse interpuesto el recurso de reclamación oportunamente.
Conforme se aprecia en su fundamento sexto, la sentencia declaró improcedente la demanda, al considerar que para la protección del derecho constitucional invocado existe una vía igualmente satisfactoria, siendo esta el proceso de revisión judicial previsto en el artículo 23° de la Ley Nº 26979 (Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva).
Agrega, en su fundamento sétimo, que el recurrente se encuentra facultado para solicitar la revisión judicial de dicho procedimiento en el proceso contencioso administrativo, por cuanto resulta ser una vía procedimental específica y que es igualmente satisfactoria, “pues por su sola interposición acarrea la suspensión automática del procedimiento de ejecución coactiva, según lo prevé el inciso 3 del artículo citado, así como el levantamiento de medidas cautelares que se hubiesen trabado, de acuerdo con el artículo 16°, inc. 5, de la norma comentada”.
Finalmente, en el fundamento octavo de manera expresa dice: “Que, al haberse determinado que la revisión judicial establecida en el artículo 23° de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva (Ley Nº 26979), es una vía igualmente satisfactoria para este tipo de casos, debe desestimarse la presente demanda”.
La pregunta que surge es: ¿El proceso de revisión judicial previsto en el artículo 23° de la Ley Nº 26979 es aplicable para la revisión de los procesos coactivos seguidos por Sunat? Consideramos que no, pues dicha revisión judicial es solo aplicable para aquellos procesos de ejecución coactiva seguidos por órganos del Estado distintos a Sunat. Esto es así, por dos razones principales.
Primero, la Ley Nº 26979 regula los procesos de cobranza coactivas seguidos por entidades de la administración pública nacional, regional y local, distintos a SUNAT, pues dicha norma regula el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias y de obligaciones tributarias de los gobiernos locales.
Segundo, el procedimiento de ejecución coactiva que debe seguir Sunat se encuentra regulado en el Libro III, Título III, artículos 114° al 123° del Código Tributario. Es así, que el artículo 122 del citado Código, regula el proceso de revisión judicial, bajo la denominación de Recurso de Apelación.
Siendo esto así, apreciamos que el TC incurre en error en esta sentencia, pues deniega un amparo al considerar indebidamente que en el caso de autos resulta de aplicación el proceso de revisión judicial previsto en el artículo 23° de la Ley Nº 26979.
Nuevo proceso
La vía prevista en el artículo 122° del Código Tributario no constituye una manera igualmente satisfactoria, ya que esta solo se puede iniciar una vez que haya concluido el procedimiento de cobranza coactiva, esto es, una vez que la agresión al derecho constitucionalmente protegido se haya consumado. Nótese la diferencia entre el proceso de revisión judicial previsto por el artículo 23° de la Ley N° 26979 con lo señalado en el artículo 122° del Código Tributario, pues el primero permite suspender el proceso de ejecución coactiva con la sola presentación de la demanda; lo cual no sucede en el segundo caso, razón por lo que consideramos que ante este supuesto el amparo sí resulta procedente.
Improcedente
Según el TC, el Código Procesal Constitucional prevé que procesos constitucionales son improcedentes si existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias, para la protección del derecho vulnerado.
Interpreta además que el amparo ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia sobre afectación de derechos comprendidos como fundamentales por la propia Constitución Política.
Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta, esta no es la excepcional del amparo que es un mecanismo extraordinario.
El expediente
La demanda de amparo fue presentada contra el ejecutor coactivo y la Intendencia Regional de Lima de la Sunat, así como contra la Sala Primera del Tribunal Fiscal con el objeto de dejar sin efecto el procedimiento de ejecución coactiva iniciado respecto de las órdenes de pago giradas, no obstante haberse interpuesto el recurso de reclamación correspondiente. Se agrega, además, que el Tribunal Fiscal tampoco cumplió con resolver el procedimiento administrativo, en los plazos señalados por la ley. Finalmente, el tribunal declaró improcedente la demanda por los criterios expuestos y desarrollados en el presente artículo.
Diario Oficial El Peruano (07.12.2011)

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extraños ingresos y bienes de los miembros del Tribunal Constitucional y rechaza pedido de cambio de sexo en DNI y partida de nacimiento

La municipalidad de

Que opina? Los extraños ingresos y bienes de los miembros del Tribunal Constitucional – 15/05/2014 13:12:06

“El Tribunal Constitucional, que debería ser una de la instituciones más respetadas de nuestra democracia, es una vergüenza. Debería haberse renovado hace años pero las repartijas del Congreso no lo permiten. Además, de que, por cierto, el Partido Aprista anda feliz con ellos (sus actuales miembros fueron nombrados durante su gobierno).
Por suerte, los amigos de Espacio 360 accedieron a las declaraciones de bienes patrimoniales de nuestros tribunos. Para ilustrar mejor sus hallazgos, le pedimos a nuestro nerd supreme, Aniversario Perú, que se arme unos gráficos con esa información. Así que aquí vamos: este es el patrimonio (declarado) de los integrantes del Tribunal Constitucional. Las citas son de e360.
Carlos Mesía
Carlos Mesía Ramírez es uno de los magistrados más controvertidos, y ya ha tenido serios cuestionamientos referidos a su incremento patrimonial. Si bien Mesía no tenía propiedades a su nombre en la Sunarp, en la Municipalidad de Surco se detectó cinco viviendas a nombre de su esposa, cada una valorizada en 350 mil dólares.
En esto se explica que en su declaración jurada del 2008 solo consignó en el rubro bienes unos S/. 249,890 y para el 2012 se incrementó a S/. 1″561,000. Aunque para el 2013, el monto se ha visto reducido a la mitad: S/. 543,100.

Óscar Urviola
La ficha arroja que, del 2010 al 2014, el valor de sus bienes aumentó en S/. 3 millones.
En su primera declaración jurada entregada en el 2010, Urviola consignó bienes por un valor de S/. 4″237,050. Para el año siguiente solo incrementaría el monto S/. 30 mil. El valor se dispararía en el 2012 cuando registró bienes por S/. 7″274,859. Es decir, S/. 3″007,804 más.
El monto no ha vuelto a variar hasta la fecha, pues consigna el mismo valor en su declaración jurada del 2014. En registros públicos, Urviola continúa registrando solo un departamento en Lima y una casa en Arequipa, pero ninguna propiedad que justifique el aumento de S/. 3 millones.
¿Una herencia? ¿Una casa en el extranjero? La verdad es que no hay forma de saberlo, pues la Contraloría solo publica una ficha resumen mas no el detalle de la misma por considerarlo información confidencial. Una información que solo podría darse a conocer por voluntad propia del titular o a través de una comisión congresal con facultades investigadoras.

Ernesto Álvarez
Ernesto Álvarez Miranda registra, en sus declaraciones juradas entre 2009 y 2013, un incremento solo de S/. 253,579 en el rubro de bienes. Empezó con S/. 245,200 y para el 2012 tenía sus bienes valorizados en S/. 524,780, aunque para el siguiente año disminuyó a S/. 498,779.
Lo más llamativo, sin embargo, está en la remuneración que consigna recibir del sector privado. En el 2009 registraba un ingreso por S/. 10,000 y para el 2013 se incrementó a S/. 17,990 que sumado a su ingreso de S/. 23,217 por el TC le dejan un íntegro de S/. 41,207 de remuneración mensual. Sobre sus actividades fuera del TC, se sabe que Álvarez Miranda es profesor principal de la Universidad San Martin de Porres.

Fernando Calle
Fernando Calle Hayen es otro magistrado que muestra signos de haber tenido buenos ingresos en los últimos años mientras se ha desempeñado como magistrado. En el 2009 inició su mandato con bienes valorizados en S/. 317,008 y para el 2013 registra S/. 869,264. El incremento de S/. 550 mil en su declaración jurada ocurrió entre el 2012 y 2013.
Ya, miren. Ya se los hemos mostrado con dibujitos. Si después de esto el Congreso no considera que se debe abrir una investigación contra estos señores, votemos por Phillip Butters.

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Tribunal Constitucional

Noticia, TC rechaza pedido de cambio de sexo en DNI y partida de nacimiento – 06/05/2014 12:08:02

“Máximo órgano constitucional argumentó que al declarar fundada la demanda de amparo de P.E.M.M. acarrearía admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por un ciudadano, identificado con las iniciales P.E.M.M., contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en la que solicitaba el cambio de sexo a femenino en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y en su partida de nacimiento.
El fallo, que se dio por mayoría, sostiene que no se acreditó “la afectación del derecho fundamental a la identidad” y que este está debidamente protegido con el cambio de prenombre de J.L. al prenombre femenino de P.E.
La parte demandante señaló que, mediante un proceso judicial, logró que el prenombre masculino fuera cambiado a uno femenino, modificación que fue registrada como anotación marginal en su partida de nacimiento de la Municipalidad de Miraflores, en Lima. Es así que el Reniec cambió el prenombre en su DNI, pero no el término “masculino” en el apartado de sexo, “lo que afecta el derecho fundamental a la identidad pues esto le causa un estado de depresión e incomodidad”.
Asimismo, Rafael Alonso Ynga Zevallos, en representación de P.E.M.M, argumentó que su patrocinado es transexual gracias a una cirugía realizada en España, “por lo que debe ser tratado como tal, y que no basta solo tener un prenombre femenino, sino que el sexo señalado en el DNI debe estar acorde con su actual identidad”.
El TC fundamentó su decisión en que el mencionado ciudadano “no presenta un caso de intersexualidad o hermafroditismo que haya ocasionado un error al momento de registrar su sexo y que, por tanto, éste deba ser rectificado (…) Se trata pues de un transexual, como afirma el propio recurrente, es decir de una persona que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico”.
Además, señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al transexualismo dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento, definiéndolo como el deseo del individuo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele acompañarse de sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio.
El Tribunal advirtió que declarar fundado el pedido de la parte demandante acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de personas del mismo sexo, pues P.E.M.M. podría reclamar cuanto sea inherente a la condición legal de mujer, y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue teniendo el mismo sexo cromosómico.
De esta forma, el máximo órgano constitucional estaría introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo, incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de separación de poderes y de corrección funcional, pues tal matrimonio en razón de comprometer toda una concepción del Derecho de familia que configura el Derecho civil debe ser ampliamente debatido por los ciudadanos y los congresistas como sus representantes.
Cabe indicar que dicho fallo se aprobó con los votos de Óscar Urviola, Alberto Vergara, Fernando Calle y Ernesto Álvarez, mientras que los magistrados Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesía votaron a favor de aprobar el pedido de P.E.M.M.
Diario Peru21 (06/05/2014)

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La municipalidad de

Noticia, Constituirán empresas en solo 48 horas – 06/10/2011 0:30:15

“Piden, además, ampliar competencias para matrimonio y arbitraje
El Colegio de Notarios de Lima (CNL) no es ajeno a los esfuerzos del Gobierno por consolidar el desarrollo con inclusión social, de ahí que está abocado a mejorar el programa de constitución de empresas en línea en solo 48 horas para facilitar la creación y formalización de las mype, afirma su decano, Mario Romero Valdivieso, quien agregó que la seguridad jurídica es uno de los pilares sobre los que se sostiene una sociedad que aspira al desarrollo económico y social del país. El reto del actual Gobierno es alcanzar el mayor desarrollo con inclusión social. Desde la labor notarial, ¿es posible coadyuvar en dicho objetivo?
,Sabemos que esto es un tema prioritario en la nueva gestión. Dentro del notariado hemos implementado diversas acciones para coadyuvar en dicho objetivo, entre ellas, tenemos el sistema digital de constitución de empresas en línea en 72 horas, que facilita la creación de empresas, en forma directa y vía web, en las notarías de Lima Metropolitana, Callao, San Martín y Lambayeque. Este servicio, que beneficia principalmente a la Mype, con miras al acceso a créditos, ha permitido desde 2008 a la fecha, la formalización de más 19 mil empresas.
¿En qué consiste el servicio?
,Está adscrito al sistema de constitución de empresas en línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, y está destinado a modernizar y descentralizar el Estado mediante la simplificación de trámites administrativos. El programa facilita la constitución de una empresa en 72 horas, al realizar la mayoría de los pasos a través del internet. Así, se reducen los errores en la digitalización de documentos, se minimiza su falsificación y adulteración, y disminuyen los costos asociados a abogados y tramitadores, entre otros.
Pero buscan reducirlo hasta 48 horas, ¿no es cierto?
,Sí. Estamos desarrollando una nueva versión informática del programa, de modo que la constitución de empresas se realice en tan solo dos días. El objetivo es que con el uso de la firma digital, se pueda suprimir el envío del parte notarial o la escritura en físico a la notaría, que tarda 24 horas. De tal forma que el Registro Público solo reciba la escritura pública por vía electrónica acompañada de la firma digital del notario. Esperamos la conformidad del Indecopi para implementar el sistema con el uso de la firma electrónica.
¿Las municipalidades están interesadas en el programa?
,Todo empezó con el convenio suscrito con la Municipalidad de Santa Anita para optimizar la formalización de las Mype en ese distrito. Así, el usuario, por intermedio de la comuna, recibe información y es derivado a algunas de las notarías asignadas al distrito, donde podrá acceder a un programa de constitución de empresas en línea. Esta experiencia ha generado buenos resultados y ya empieza a despertar el interés de otras comunas como Surco, Surquillo, San Martín de Porres e incluso Lima Metropolitana. Ahora queremos ampliar este sistema a otros actos jurídicos como la otorgación de poderes.
Control y fiscalización
¿Qué acciones de control realizan?
,Nuestras acciones de control son permanentes, tenemos la obligación de realizar inspecciones anuales, casi como una auditoría. Ya hubo sanciones para corregir ciertas deficiencias en el ejercicio de la función. También hubo sanciones por razones de condenas. Según nuestra legislación, si algún notario tiene antecedentes penales, cesa automáticamente en la función. Se identificaron notarios que omitieron dicha información, procediéndose al cese inmediato. Estamos siendo mucho más estrictos al respecto, porque somos los depositarios de la fe pública y quien la incumple no puede tener una sanción leve.
Nuevas plazas
¿Existe capacidad para una fuerte dinámica de nombramientos de más notarios?
Este año se han incorporado en Lima más o menos 15 notarios a diversas plazas convocadas. Si bien la ley habla de un número de notarios en relación directa con el aspecto demográfico, no necesariamente es así. Por ejemplo, en Carabayllo pese a tener casi un millón de pobladores y dos notarios, hace poco renunció uno de ellos porque no existe mucha actividad notarial. Entonces, hay sectores que si bien son densos en población, no tienen contratación notarial. Mientras que, hay otros lugares donde ya rebalsó el número de notarios, como Miraflores y San Isidro.
¿Dónde se necesitan?
,La prioridad deben ser las provincias. El Consejo del Notariado está abocado a eso y nos ha solicitado información sobre el número de plazas disponibles y los concursos recientemente convocados a efectos de tomar alguna decisión al respecto.
Mayores competencias
Los notarios solicitan atender el arbitraje y el matrimonio notarial, ¿por qué confiarles estos asuntos?
,Porque contamos con la confianza de la ciudadanía. Nosotros atendemos hasta 13 asuntos no contenciosos, como la separación convencional y divorcio ulterior, la certificación de las uniones de hecho, la convocatoria a la junta ordinaria anual, si no se hubiese realizado, o la junta general de accionistas, entre otros. Vamos a insistir en el Congreso con nuestro proyecto para realizar matrimonios notariales, tal como sucede en otros países donde funciona muy bien. Igualmente, estamos capacitados para realizar el arbitraje, al ser profesionales del derecho y actuar siempre con imparcialidad, con lo que se aportaría una herramienta altamente efectiva en la solución de conflictos.
Legalización de firmas
En los últimos meses, con la utilización del sistema biométrico de lectura y la verificación de huellas dactilares, por parte de los notarios de Lima, se ha evitado la suplantación de personas en un 100%, informó Romero Valdivieso, quien agregó que estas acciones también han sido fortalecidas con el apoyo del Reniec.
Mediante un acuerdo entre ambas entidades, las notarías pueden acceder a la base de datos de todas las personas para verificar la identidad de quienes solicitan sus servicios. “El problema es que dicho servicio puede resultar muy oneroso para las provincias, por eso se solicitará reducir los costos o hacerlo de forma gratuita, como ocurre con la judicatura”, dijo.
Otra dificultad es que el servicio solo está implementado para actos protocolares, como escrituras públicas, pero existen otros actos no protocolares, como la legalización de la firma, que también requieren dicho control, afirmó el notario, quien adelantó que solicitarán atender esta situación.
Ausencia de una carrera para la profesión
La función notarial cuenta con una nueva legislación, la cual fue inmediatamente observada por el colegio, ¿cómo avanzan las enmiendas?
,Cuando se promulga la Ley del Notariado con el D. Leg. 1049, esta fue objeto de una acción de inconstitucionalidad porque teníamos reparos a varias de sus disposiciones. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunas, pero igual nos preocupa el que se haya eliminado lo que conocíamos como la carrera notarial, que existe en todas las legislaciones de corte latino. Los notarios de lugares muy apartados sabían que podían ir ascendiendo hasta llegar a la capital de la provincia, del departamento y de la República, como una legítima aspiración. Esto ya no existe.
¿Observarán eso?
,Lo estamos preparando en el ámbito del colegio. Otra observación es que nuestra ley sigue hablando del instrumento público, cuando esta nominación ya fue superada, porque el instrumento es el documento escrito, y nosotros cada vez desarrollamos más el soporte digital, entonces, lo apropiado es hablar de documentos notariales.
¿El cese de notarios por límite de edad quedó bajo vigilancia del gremio?
,Claro, eso fue uno de los temas cuestionados. La ley sigue vigente, en cuanto a que cuando el notario no tiene capacidad cesa automáticamente, esa es una vigilancia constante del colegio. Todos los años pedimos a los notarios un certificado médico de capacidad mental, que no siempre está relacionado con la edad.
Diario Oficial El Peruano (05.10.2011)

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Goleada de Susana y Fiscalía investigará al Gobierno regional de Arequipa por irregularidades en obras

funcionarios públicos

Información: Goleada de Susana – 18/06/2014 4:30:00

“Hace unas semanas, en este espacio, se comentó el nacimiento de PublitoBot, una cuenta de Twitter entrenada para detectar publicidad estatal restringida durante estas épocas electorales. Como seguramente ya saben, según la Ley Orgánica de Elecciones, prohíbe casi todas las publicidades estatales. La plata de los contribuyentes no debería servir para hacerle propaganda a un candidato o un grupo político que intenta reelegirse. Las redes sociales son, también, vehículos para la publicidad. No cuesta nada publicar, por ejemplo, un tuit, pero sí mantener una cuenta de Twitter. En una Municipalidad o Gobierno Regional las redes sociales son administradas por funcionarios públicos pagados por todos sus vecinos. Y en estas épocas reelectorales, justo justito, hay una epidemia de obras, inauguraciones y entregas de certificados, regalos, etc. Y cada una de estas actividades es tuiteada por la cuentas oficiales de las municipalidades y gobiernos regionales cuyos líderes postulan a la reelección. Por esto ha nacido PublitoBot. (Disclaimer: PublitoBot es una iniciativa de la Asociación Civil Transparencia, potenciada por mi blog Utero.Pe y desarrollada por un equipo liderado por nuestro Master Hacker, Aniversario Perú.) La tarea es sencilla. Nuestro robot detecta los tuits que usan determinadas palabras clave (becas, obras, inauguración, etc.) y, luego, los humanos de Transparencia verifican si esos tuits, efectivamente, infringen la ley electoral. La Región Callao y la Municipalidad de Lima reaccionaron y empezaron a evitar esas palabras en sus tuits (las incluían en imágenes que PublitoBot no podía leer). Así que se incluyeron sus hashtags #CallaoLoHizo y #EntregamosResultados dentro de los keywords sospechosos. Transparencia utilizó la información de PublitoBot para su reporte de la segunda quincena de mayo. ¿Adivinan qué municipio vivazo o qué gobierno regional cuestionado lideró el ranking de entidades infractoras de la ley? Pues nada menos que la impoluta e incuestionable Municipalidad Metropolitana de Lima con 63 tuits publicitarios (es decir, más de 4 al día). En un muy lejano segundo lugar de la tabla de posiciones, está el Gobierno Regional de Lambayeque, con 27. A nivel de distritos limeños, la MML también gana por goleada. La segunda municipalidad más infractora es la de Surco (también con 27 tuits en dos semanas). Por cierto, PublitoBot monitorea solo Twitter porque es más sencillo, pero un vistazo al Facebook de la MML también evidencia que las redes sociales de la comuna limeña están infringiendo la ley electoral. Entre esto y los cuestionamientos crecientes al gerente municipal José Miguel Castro, pareciera que la actual gestión metropolitana ha aprendido más de lo que debería de la anterior. Si las dos gestiones (ahora en competencia) han usado recursos públicos en su márketing político, las diferencias entre ambas empiezan a diluirse. Disculpando el cliché, lo importante no solo es ser honesto, sino parecerlo.
Opinión
Ya lo pasado, pasado
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Que opina? Fiscalía investigará al Gobierno regional de Arequipa por irregularidades en obras – 04/06/2014 21:47:07

“Ministerio Público inició investigación a la entidad regional por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en la ejecución de la vía Arequipa – La Joya y Puente Chilina
El Ministerio Público inició investigación de oficio a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa debido a presuntos delitos cometidos en las labores de construcción de la vía a La Joya y Puente Chilina. La Fiscalía Superior Coordinadora de Arequipa remitió la documentación pertinente a la Fiscalía Provincial Penal de Paucarpata para los fines de ley consiguientes. La Fiscalía Penal de Paucarpata generó el caso N° 504-2014-380 a cargo de la Fiscal Provincial Aída Tatiana Cárdenas Cuba, quien ha iniciado las labores de investigación preliminar correspondientes. Sobre el tema la fiscal indicó que se ha procedido a realizar las labores de investigación penal, entre ellas, la realización del acta de visualización del vídeo reportaje emitido por América Televisión durante el programa periodístico Cuarto Poder titulado “Indicios de Corrupción en Arequipa”. También dispuso citar al presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Benavides para que rinda su manifestación, se efectuará la constatación de las labores de auditoría que desarrolla la Contraloría General de la República, entre otras diligencias que permitan el esclarecimiento de esta denuncia.
Región Sur
Ministerio Público
Poder Judicial
Contraloría General de la República
fiscalia
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Que opina? Fiscalía formaliza investigación penal contra Gregorio Santos – 15/05/2014 10:50:56


La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción dispuso formalizar y continuar una investigación penal preparatoria contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, funcionarios de esa región y contratistas del Estado.
La decisión del Ministerio Público se adoptó en base a resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el citado gobierno regional.
Según informó la Contraloría, los funcionarios incluidos en la investigación serán procesados por los delitos de colusión agravada y simple, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y genérico, y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Esta entidad detalló que los elementos probatorios presentados han permitido sostener ante el Ministerio Público la existencia de una indebida concertación entre autoridades y funcionarios públicos del gobierno regional y Proregión, con empresarios que han sido públicamente denunciados por defraudar patrimonialmente al Estado.
Asimismo, indicó que el año pasado presentó un informe especial en el cual se señala que durante el 2011 y 2012, Santos autorizó la transferencia de más de S/. 600 millones a la unidad ejecutora Proregión, con la aparente finalidad de ejecutar diversos proyectos de inversión pública a nivel regional.
No obstante, anotó que tras la revisión de los archivos de Proregión, quedó en evidencia la existencia de múltiples irregularidades en 11 procesos de contratación de obras y servicios (construcción y remodelación de hospitales, obras de electrificación, muros de contención, entre otros) que representan una inversión de S/. 130 millones.
Asimismo, advirtió que las empresas contratistas beneficiadas en esos once procesos irregulares, tienen nexo con un empresario vinculado al titular del gobierno regional de Cajamarca.
Fuente: Andina

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Consulte Información en Politiqueria El premier y sus ¿manos limpias? y Se impuso 212 condenas a funcionarios públicos
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Policías y militares revueltos y Ministerio de Trabajo: ¿cómo va la transferencia?

Noticia, Policías y militares revueltos – 03/06/2014 17:14:11

“¿Es constitucional el apoyo que brindan las FF.AA. a la PNP en lugares donde impera la minería ilegal y que no son declaradas zonas en emergencia?
No hace mucho el Poder Ejecutivo dispuso, a través de la Resolución Suprema N° 090-2014-IN, que las FF.AA. prolonguen su participación apoyando a la PNP en los departamento de Arequipa, Puno y Madre de Dios, para garantizar el control y orden interno ante las continuas movilizaciones promovidas por los mineros ilegales.
La noticia es reciente y parece un tanto inocente, pero encierra muchas interrogante e inquietudes entre los entendidos en la materia, debido a que se autoriza las Fuerzas Armadas para que participen en el mantenimiento del orden interno fuera de las situaciones contempladas en el estado de emergencia del inciso 1 del artículo 137º de la Constitución Política del Perú.
A priori, considero que es inconstitucional que las FF.AA. participen garantizando el orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia, pues la Carta Magna es bastante precisa cuando menciona que esa labor le corresponde a la PNP.
Además, existe un campo de acción claramente restringido a los militares, quienes deben intervenir solo en caso de emergencia.
Este asunto fue ampliamente discutido, cuando 31 congresistas del partido nacionalista, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de La Ley N.º 29166, que planteaba una situación adicional que faculte a las FF.AA. a apoyar en la restauración del control interno.
En zonas que no han sido declaradas en estado de emergencia, y establecía las reglas de empleo de la fuerza por parte del personal militar en todo el territorio nacional en cumplimiento del ejercicio de su función constitucional.
Las Fuerzas Armadas tienen la importante función de preservar la institucionalidad e integridad del Estado, ciñéndose para eso a lo establecido en la Constitución.
El Tribunal Constitucional (TC), ha resaltado que en los últimos años se han dado avances significativos para que la formación y actuación de las FF.AA. se dé en el pleno respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, se debe reiterar que su actuación para la preservación de la paz y del orden interno, están circunscritas a situaciones específicas y excepcionales que aseguren un ambiente de normalidad y de tranquilidad pública, las que son necesarias para el desarrollo de las actividades concurrentes a la obtención del bienestar general en un escenario de seguridad.
La preparación académica y profesional impartida al personal de las FF.AA. está orientada a formar al oficial para que pueda defender la soberanía y la integridad territorial de la República, así como la seguridad de sus habitantes; por lo que solamente en situaciones excepcionales y autorizadas por la Constitución, es que se permite que estos actúen en el mantenimiento del orden interno, circunscribiéndose a labores de apoyo a la Policía Nacional.
El asunto es un tanto complicado, porque no existe un marco normativo en cuanto al apoyo de las FF.AA. en el control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia.
La Ley N.º 29166, representa un avance significativo hacia la transparencia en el accionar de los militares, debido a que cuenta con principios rectores o elementos valorativos para medir la actuación del personal militar en cada caso concreto, como legalidad, necesidad, proporcionalidad, inmediatez, obligatoriedad y razonabilidad.
Pero existe un problema: esa norma tiene también muchas incongruencias e imprecisiones que, por su laxitud y estructura anfibológica, pueden llevar a una aplicación arbitraria e inconstitucional de su contenido, desde el momento en que no precisa bajo qué situaciones las FF.AA. pueden intervenir en apoyo de la PNP en determinadas zonas.
Si bien se puede presumir que la actuación militar se daría cuando se sobrepase la capacidad operativa de la Policía, no existe en la ley un criterio mínimo que reconozca la excepcionalidad de una medida de esta naturaleza o las situaciones en las que esto es posible.
Menos aún se precisa cuál es la autoridad competente para decidir cuándo se ha dado el escenario en donde sea necesario el apoyo de las FF.AA o cuál es el plazo, tanto mínimo como máximo, durante el cual los militares apoyarán a la PNP.
Tampoco detalla cuáles son los mecanismos de control político y jurisdiccionales aplicables a estas situaciones, y si estas medidas implican o no una restricción en el ejercicio de determinados derechos constitucionales.
Por otro lado, esa norma adolece de una técnica legislativa que permitiría que las FF.AA. actúen en apoyo de la PNP bajo cualquier situación.
Dicho apoyo puede comprender casos como el bloqueo de una carretera, el control de una huelga y hasta acciones contra el terrorismo o la delincuencia organizada.
Pienso que es peligroso tener a las FF.AA. en un estado de permanente alerta para apoyar la labor de la Policía en la restauración del orden interno. Se puede volver rutinario crear en todas las zonas del país estados de excepción de facto, contribuyendo así a una situación de mayor enfrentamiento entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Todo eso podría generar una potencial situación de vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, se podría constituir situaciones de excepción a través de las cuales la autoridad, vía una valoración discrecional de los hechos, podría adoptar medidas desproporcionadas que terminarían afectando los derechos fundamentales, amparados en la dicotomía sobre qué principio debe prevalecer: el de autoridad o el de libertad.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido que es necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las FF.AA. como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común; limitando el uso de la fuerza de los militares en cuanto al control de disturbios.
Puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles; entrenamiento que es propio de los entes policiales.
En base a las anteriores razones, el TC considera que en situación de singular gravedad, las FF.AA. pueden apoyar a la PNP para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, aun cuando no se haya declarado el estado de emergencia.
En este sentido, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país (tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas), las FF.AA sí están facultadas para brindar su apoyo a la PNP.
Sin embargo, se descarta que los militares puedan apoyar a la Policía en la lucha contra la minería informal. Pretender semejante cosa ya es un exceso.
Foto: Difusión.

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Información: Ministerio de Trabajo: ¿cómo va la transferencia? – 20/07/2011 18:30:06

“Los compañeros de la Comisión de Transferencia del Sector Trabajo y Promoción del Empleo de Gana Perú me alcanzan el primer informe del proceso de transferencia. Desde hace unas semanas se han venido reuniendo con funcionarios de diverso rango e incluso con la Ministra de Trabajo y aquí presentamos para nuestros lectores un informe que señala algunos temas que preocupan de sobremanera -y que habían sido debidamente alertados por este modesto blog- poniendo ante la opinión pública una serie de hechos que demuestran la alianza real y consistente entre el actual gobierno y los intereses empresariales.

¿Qué ha hecho la Ministra de Trabajo?
Lea el informe y tendrá muy buenas pistas.

Entre el 80% y 90% de las multas por infracciones laborales son apeladas y anuladas. Es decir, las inspecciones durante el régimen aprista son una farsa, un teatro para engañar a los trabajadores, pues son poquísimos los empresarios realmente sancionados.

También merece destacar que como señala el Informe de la Comisión de Transferencia, el Ministerio de Trabajo en buena cuenta depende para muchos de sus servicios, de la cooperación internacional, siendo así un simple operador de fondos externos. Una vergüenza.

Todo esto solamente subraya la incapacidad de los empresarios, es decir, del capitalismo peruano para construir un orden normativo y una institucionalidad estatal que regule las relaciones entre capital y trabajo. Pero bueno, dejaré de renegar y las adjunto el Informe completo para que saquen sus propias conclusiones. La primera ya esta cantada: todo esto debe cambiar.

*************
INFORME DE TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE)

Comisión de Transferencia
Sector Trabajo y Promoción del Empleo

1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha sido tradicionalmente el de menor importancia en el país. El desdén respecto de sus dimensiones presupuestales y de personal, no es fortuito. Refleja una visión de país que considera al trabajo como naturalmente subordinado al capital, y a sus reclamos como una especie de conflicto a ser controlado, sin más concesiones que las estrictamente necesarias. El rol tradicional del Ministerio, fue por eso el control político de la fuerza laboral asalariada.

2. En las últimas décadas, el proyecto liberal ha agravado esta visión negativa y sus efectos institucionales. No solamente por reducir la cantidad de recursos destinados al MTPE, sino también al minimizar su rol político y el alcance de sus decisiones. Con un marco de relaciones laborales tradicional y favorable a las decisiones del empleador, incompetente ante la profusión de abusos e incumplimientos de la ley; con programas de servicios de alcance reducido, este Ministerio ha mantenido un bajo perfil político, limitándose a mantener el estado de cosas heredado del periodo fujimorista, con una administración disminuida e ineficaz para cumplir con sus funciones.

3. Desde la perspectiva de los planteamientos de Gana Perú, esta situación resulta contradictoria y no debería sostenerse. De mantenerse, creemos difícil que el gobierno electo pueda devolverle protagonismo al trabajo ,empleo y salarios, cantidad y precio, dentro de la concepción económica. Bajo las actuales dimensiones e importancia del MTPE, es prácticamente imposible emprender una transformación del rol del trabajo en la economía, sobre todo si la institución que debe promover el empleo y vigilar por la decencia del mismo, cuenta con presupuestos ridículos y funciones disminuidas.

4. Veamos algunos elementos de diagnóstico:

. En el presupuesto por funciones, acumulado 2006-2010, la función Trabajo es la de menor relevancia: apenas 2 milésimos del Presupuesto General de la República, siendo la única partida que ha descendido (al 75 por ciento de su valor corriente al inicio del actual gobierno). El MTPE es la tercera parte de este gasto. Si se duplicara su presupuesto, todos los años del siguiente periodo de gobierno, aumentado 16 veces su dimensión, llegaría a captar el 1 por ciento del presupuesto nacional.

. La mayor parte de servicios, especialmente en materia de programas de empleo, proviene de la cooperación técnica, de manera que es muy frecuente que el MTPE funcione más como un organismo de desarrollo dependiente de los fondos obtenidos en negociaciones con agencias de cooperación, que como parte de las políticas de Estado con iniciativas y funcionamiento autónomo.

. Las multas que los servicios de inspección imponen ,aún en casos de reincidencia, son apeladas y anuladas en 80-90 por ciento. Paralelamente, la cantidad de abusos cometidos en contra de los trabajadores es amplia y, sobre todo, desatendida a pesar de su visibilidad. Hay casos paradigmáticos ,trabajadores de Ripley, Topy Top, Shougang, los talleres de Gamarra, la explotación infantil en Madre de Dios y las ladrilleras, los accidentes de trabajo y el crimen organizado en Construcción Civil, que parecen insolubles, y determinan una visión de los trabajadores como ciudadanos de segunda clase, insensibles al abuso y faltos de reacción frente a él ,”chamba es chamba”, como parte natural de nuestro funcionamiento social.

. El servicio de colocaciones (Bolsa de Trabajo) como los de formación/empleo (Projoven, Revalora), o programas de empleo temporal masivo como Construyendo Perú, a pesar de su buen diseño original y el esfuerzo desplegado por los cuadros técnicos, han sufrido variaciones periódicas derivadas de su manipulación política y tienen dimensiones poco significativas, cuando debieran ser un frente esencial de la lucha por mejora del empleo en el país.

. La legislación ha sido prácticamente abandonada o tergiversada en sus finalidades protectoras del trabajador. El proyecto de Código o Ley General de Trabajo, consensuado por un grupo de profesionales laboralistas de todas las tendencias en el 2001, ha cumplido 10 años sin que se le apruebe, pudiendo estar ya desfasado. El derecho laboral se rige por la legislación antilaboral de los años noventa, algunas decisiones del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia en general, mientras una nueva ley de micro y pequeña empresa ,aprobada inicialmente por el gobierno de Toledo y ampliada por el actual gobierno aprista, extiende la definición de la pequeña empresa hasta abarcar el 95 por ciento de las unidades económicas. La defensa sindical y la negociación colectiva han llegado a niveles mínimos, y esta circunstancia abona en los bajos niveles salariales promedio a pesar del periodo de crecimiento económico experimentado desde el 2002.

. Una de las mayores manifestaciones del abuso laboral en el Perú se expresa en el bajo nivel de las remuneraciones. El argumento de la productividad baja es insostenible para niveles tan reducidos de remuneración en la mayoría de trabajadores. Al extremo que una remuneración mínima de 20 soles diarios ,equivalente a un menú de un restaurante de calidad mediana, o a un kilogramo de carne, o al precio del ingreso a nuestro más conocido festival gastronómico, es considerada por algunos “analistas económicos” como elevado, y su aumento como una tragedia empresarial.

. Los grandes sectores de empleo, especialmente el autoempleo campesino y el informal urbano, carecen de normas efectivas y de protección social, además de falta de acceso a financiamiento que podrían impulsarlos, restringiéndose al espacio financiero del microcrédito, prácticamente artesanal, sin efectos importantes.

. En el caso de los trabajadores del Estado, en donde la competencia del MTPE se reduce al registro sindical, no hay mecanismos de vigilancia de los derechos laborales. En este sector, tanto la contratación como las condiciones de trabajo, además de altamente heterogéneas muestran extendidas manifestaciones de maltrato. Un caso típico es la creación del sistema de CAS, que genera en la administración pública un sistema de contratación inestable con derechos laborales restringidos.

. Se ha debilitado, desde la propia Autoridad del Trabajo, la función inspectiva al propiciar un conflicto laboral con el Sindicato de Inspectores del Ministerio, y forzar la transferencia de competencias y traslado de funcionarios a las regiones sin que existan las condiciones legales y materiales para su nueva ubicación territorial y el desempeño de sus funciones, representa, en la práctica, el desmembramiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Inspecciones.

5. ¿Qué podría hacer el MTPE, bien conducido, con un presupuesto significativamente mayor y poder de decisión creciente?

La Comisión de Transferencia propone las siguientes líneas de acción para la nueva administración del Ministerio:

. Restituir en primer lugar el respeto a los trabajadores del Perú, en un plazo muy corto, con cambios administrativos y legales de emergencia. Esto supone comenzar por ampliar la capacidad de vigilancia del MTPE, mediante el reforzamiento del Sistema Nacional de Inspecciones ,no es necesario multiplicar abusivamente la cantidad de inspectores ni menos crear Superintendencias que más bien debilitarían abiertamente al Ministerio,, sino más bien la utilización de los servicios inspectivos del conjunto del aparato público , especialmente SUNAT y los gobiernos locales, para la certificación simple de derechos laborales elementales, como la, pertenencia a planillas, el pago de la seguridad social, la remuneración mínima y el pago de horas extras. Sin generar un sistema de inspecciones punitivo, se debe establecer firmemente el cumplimiento de derechos elementales.

. Algunas medidas legales de emergencia deberían facilitar este fomento del respeto laboral. Se debe restituir la exhibición pública y ampliamente visible en cada centro de trabajo de los derechos fundamentales del trabajador. Facilitar el arbitraje en la negociación colectiva a pedido de la parte laboral, cuando la parte empresarial se resiste a negociar. Eliminar los mecanismos impropios de intermediación. Premiar a las empresas con buenas prácticas laborales. Facilitar al máximo la atención de los servicios actuales de consulta y de denuncias, así como su atención.

. Un punto también esencial y urgente es la reducción al máximo de la tercerización laboral en el sector público y privado, eliminándose el alquiler de fuerza de trabajo como sistema de ganancias. Igualmente, regularizar la situación del CAS, por ser un sistema de incumplimiento laboral administrado por el propio Estado.

. La principal defensa de los trabajadores, sin embargo, es su propia actividad al interior del derecho colectivo. Debe reforzarse la sindicalización y la negociación colectiva y el ejercicio democrático del derecho de huelga. Esta tarea implica también el protagonismo de la libertad sindical y la afiliación directa universal de los trabajadores, salvo declaración en contrario, o el pago de cuotas sindicales mediante descuentos de planilla.

. Lo anterior debe ser sucedido por una legislación renovadora e inclusiva. Una nueva Ley General de Trabajo, debería ser literalmente general ,incluir una nueva legislación sobre la pequeña empresa y los temas de protección social para todo trabajador ocupado, y poner las bases de nuevas relaciones laborales en un plano superior al del simple enfrentamiento entre trabajadores y empleadores y su mediación. Temas como la necesidad de instancias de solución de conflictos al interior de las empresas, la extensión del diálogo social, la inclusión de cláusulas de productividad y metas de producción en la negociación colectiva, la extensión de la sindicalización directa a las centrales sindicales, deberían ahora ser incorporados, afirmando la intención de renovar las relaciones laborales.

. En cuanto a las medidas activas de empleo, es necesario incorporarlas como una política central del estado, antes que un ejercicio casi anecdótico. Los servicios de empleo, incluyendo las mejoras de productividad en el empleo campesino y las microempresas urbanas, además de los servicios de colocaciones en todo el país y los programas de empleo masivo con fines productivos, se deben elevar sustancialmente y ser parte de una política social mucho más renovada, desprovista de asistencialismo y ligada a la capacitación y la productividad.

. El reforzamiento institucional debe estar atado a estas tareas. No se trata de un problema solamente presupuestal para mejorar las remuneraciones atrasadas del sector y cubrir sus vacíos de personal. Se trata de hacer verdad los propósitos de una Gran Transformación, en especial, de su vocación para hacer del trabajo el eje transformador del futuro peruano.

6. Para el fin del periodo presidencial, hacia el 2016, los miembros de esta Comisión de Transferencia esperan que se haya dado un cambio trascendente en la situación de los trabajadores, dentro de los marcos de la justicia y por métodos democráticos. Que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deje de ser un instrumento accesorio para mantener el estado de cosas de los últimos decenios y sea más bien el gestor de este cambio, en magnitudes históricas, que reivindiquen el trabajo en el Perú.

Martes, 18 de julio 2011

Comisión de Transferencia
Sector Trabajo y Promoción del Empleo
GANA PERÚ

Jorge Bernedo (Coordinador)
Carlos Alonso Bedoya
Pablo Checa Ledesma
Enrique Fernández-Maldonado
Julio Gamero
Brindis Ochoa

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Los que deseen verlo en scribd lo pueden hacer desde este enlace

Este informe debe ser leído cuidadosamente por los sindicalistas. Lea y difunda, compa!!

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